El TSJN también suspende cautelarmente la extinción del concierto de Bachillerato al colegio Irabia-Izaga

Como ya hiciera la semana pasada con el colegio Miravalles-El Redín, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN acuerda que los recurrentes depositen un aval bancario “suficiente para garantizar de manera solidaria una cuantía equivalente a la ayuda pública que el referido concierto supone”.

Esta decisión judicial puede ser recurrida en reposición ante el propio Tribunal Superior de Justicia de Navarra. De hecho, el departamento de Educación ha anunciado la interposición de recurso contra la suspensión cautelar decretada respecto al centro Miravalles-El Redín.

En el auto notificado hoy sobre el colegio Irabia-Izaga, la Sala considera que las consecuencias de la extinción “se reputan cuantitativa y cualitativamente muy relevantes y de muy difícil o imposible” reversión o reparación una vez ejecutadas, “ya que por un lado son consecuencias estructurales de carácter muy difícilmente reversibles en relación a las condiciones de cómo hasta ahora se estaban desarrollando”.

Y añade el Tribunal que, por otro lado, “recaen en un ámbito objetivo de especial relevancia e importancia social (cual es el ámbito educativo), y en un ámbito subjetivo de especial protección (estudiantes menores de edad). Todo ello supone, a los solos efectos de la medida cautelar y de manera muy cualificada, daños de imposible o difícil reparación en el sentido técnico-jurídico que acabamos de exponer”, apuntan los jueces.

El Gobierno de Navarra dictó el pasado 27 de enero una resolución por la que se extinguía los conciertos educativos de los colegios Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga.

El 15 de marzo, el consejero de Educación desestimó el recurso de alzada interpuesto por el colegio Irabia-Izaga, una decisión que fue recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN.

La extinción afecta a menores, lo que tiene especial relevancia

En esta resolución judicial, los magistrados analizan la suspensión cautelar planteada y, en los próximos meses, resolverán sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la extinción de los conciertos de Bachillerato a ambos centros escolares por haber mantenido la educación diferenciada.

El Tribunal estima que la ejecución del acto recurrido pudiera hacer perder al recurso su finalidad legitima.

El Gobierno de Navarra alegó que el acto tiene un estricto contenido económico y que por lo tanto no es susceptible de producir daños de difícil o imposible reparación, pues siempre, en caso estimatorio de la demanda, el recurrente podría solicitar el reintegro de la suma en que consiste la ayuda pública más los intereses y perjuicios que se hubiesen causado.

Sin embargo, el Tribunal señala que los efectos de la extinción del concierto se proyectan no solo en el ámbito económico en sentido estricto, sino sobre todo, y fundamentalmente, en un ámbito objetivo —el educativo— y subjetivo —estudiantes menores de edad—, que tienen una especial relevancia y a los que venían dirigiéndose hasta ahora las ayudas públicas que el acto administrativo extingue.

A juicio de la Sala, las adaptaciones al nuevo modelo sin financiación pública pueden frustrar la finalidad legítima del recurso. Y es que ésta, añade el Tribunal, en el sentido tradicional de “daños de difícil o imposible reparación”, no debe entenderse en sentido económico como “daños de difícil o imposible reparación económica” como pretende el Gobierno de Navarra, sino en el sentido expuesto como equivalente a “impeditivo o gravemente obstaculizante del disfrute de tal derecho a la tutela judicial efectiva” o lo que es igual, impeditivo o gravemente obstaculizante del efecto útil de una hipotética sentencia estimatoria de las pretensiones.

Los magistrados concluyen que la ejecución del acto administrativo supondría, en su caso, una adaptación a un nuevo modelo educativo (educación mixta), una reconfiguración de la composición y organización estructural de los centros y grupos e, incluso para aquellos alumnos que no pudieran hacer frente al nuevo escenario, una recolocación en otros centros concertados o públicos. 

El Gobierno recurrirá este jueves la decisión del TSJN

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado que el Ejecutivo foral va a recurrir este mismo jueves la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de suspender cautelarmente la extinción del concierto de Bachillerato en el colegio Miravalles-El Redín, de educación diferenciada. Del mismo modo, ha asegurado que el Ejecutivo recurrirá la decisión del TSJN de suspender también la extinción del concierto con Irabia-Izaga, decisión judicial conocida este jueves.

Chivite ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que, cuando el Gobierno foral ha tenido conocimiento de que el Tribunal Constitucional avalaba el fin de los conciertos con la educación diferencia, "se ha replanteado presentar recurso" a la decisión del TSJN y "de hecho ya lo hemos presentado hoy, y si no, lo vamos a hacer a lo largo del día hoy". "Y por supuesto, como la decisión que hemos conocido hoy del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (relativa a Irabia-Izaga) va en similares términos, también recurriremos esa decisión", ha señalado.

La jefa del Ejecutivo ha subrayado que "el Gobierno de Navarra apuesta por una educación igualitaria, la LOMLOE así lo plantea y esa es la defensa que va a hacer el Gobierno de Navarra".

Preguntada por los periodistas, Chivite ha señalado que "sorprende que viendo lo que ha dicho el Tribunal Constitucional", el Tribunal Superior de Justicia de Navarra suspenda la extinción del concierto, "aunque es verdad que lo que está poniendo encima de la mesa es la estabilidad de la educación, que eso, el mayor garante de esa estabilidad en la educación y de procurar no generar incertidumbres en los alumnos y alumnas, ha sido el propio departamento de Educación".

Chivite ha asegurado que el departamento ya "lo hizo con la educación obligatoria", aunque "es verdad que hay una ley navarra que avala que la retirada de esos conciertos sea de manera progresiva, pero no hay una ley foral para aquella educación que no sea obligatoria, por lo tanto no lo podemos hacer así". "En todo caso, vamos a recurrir y veremos a ver qué es lo que nos dicen los tribunales. También digo una cosa, lo que se plantea es una paralización, no se están planteando otras cuestiones de una sentencia en firme, porque tendremos que conocer la sentencia en firme para que se aplique en su totalidad", ha explicado.