La asociación Apoyo Mutuo condena la inacción de las instituciones en la acogida de personas sin hogar y exige “que cumplan con la legislación vigente que les obliga a garantizar alojamiento nocturno, acogimiento diurno y manutención”. Lo hace ante el desalojo de varios jóvenes migrantes que pernoctaban en el convento de las Agustinas de Aranzadi, en Pamplona, y denuncia que “ni les damos alojamiento ni les dejamos vivir en la calle”.
En una misiva enviada a los departamentos de Políticas Migratorias y Justicia, Derechos Sociales y Vivienda, ya les espetó en abril que “Navarra tiene suficientes recursos públicos y de la Iglesia, para aplicar políticas de acogida a personas sin hogar”. En ese sentido, se hizo eco de la resolución del Defensor del Pueblo del 14 de marzo en la que instaba al Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona a adoptar “medidas para hacer valer de manera real y efectiva el carácter garantizado del servicio para personas sin hogar, con una dotación de recursos y plazas suficientes”.
A pesar de ello, Apoyo Mutuo denuncia que las instituciones no han tomado “ninguna medida para hacer efectivo el derecho que la legislación vigente les otorga”. “Se está convirtiendo en tarea de primer orden defender los derechos inherentes a las personas, cambiar la mente, los discursos y generar itinerarios de inclusión, que será lo que más aporte a la sociedad navarra, demostrando que tratamos a estos chicos y chicas como adolescentes cuyo pecado es querer vivir en sociedades de progreso”, reivindica.
La historia viene de lejos
Todo comenzó el 20 de noviembre pasado, cuando varias personas se concentraron en las inmediaciones del albergue de Trinitarios ante la negativa de alojarlos en sus instalaciones. Vista la situación, diversas entidades sociales formularon una queja ante el Defensor, por lo que Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona acordaron habilitar el albergue de Jesús y María para alojar a estas personas sin hogar.
Sin embargo, a mediados de febrero se les informó que el recurso habilitado tenía fecha de caducidad, por lo que el 31 de marzo cerraría sin que se habilitara otro recurso alternativo “por no haber presupuesto”, condenando a los usuarios, una vez más, a permanecer en la calle sin ninguna alternativa habitacional.
Fue entonces cuando el Defensor del Pueblo se pronunció sobre la queja remitida, apuntando hacia “la desprotección en la que se encuentran las personas que carecen de hogar y se encuentran en la calle, así como a la insuficiencia de los recursos públicos habilitados para atender su necesidad de disponer de un techo, particularmente cuando las condiciones meteorológicas son más adversas”.
