El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, ha calificado este viernes de “alarmante” el incremento del 40% en los procedimientos registrados en el primer semestre del año en los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la Comunidad foral. 

“La situación es algo más que preocupante, diría que alarmante. La subida del año 2022 en relación con 2021 ha sido del 48 %, y la de las órdenes de protección del 17 %. El incremento en el partido de Pamplona ha sido exponencial, de 1.113 asuntos registrados en 2021, se pasó a 1.827 en 2022, lo que llevó a priorizar, con carácter urgente, la creación del segundo juzgado de esta categoría en Pamplona, lo cual, al parecer, ha sido admitido por el Ministerio de Justicia a partir del próximo año”, ha señalado.

Galve ha añadido que el problema sigue “latente”. El único juzgado en este momento existente en el partido judicial de Pamplona registró en el primer semestre del presente año 1.062 procedimientos, un 46 % más que en el mismo periodo el pasado año.

Según ha detallado, en el cómputo de todos los juzgados de violencia de Navarra, el incremento en este semestre ha sido del 40%. “Merece especial mención el de Aoiz, con una subida de más del 140 %, lo cual reafirma el acierto de la petición que se hizo en el sentido de que, si se creaba el segundo juzgado en Pamplona, absorbiera la violencia sobre la mujer de Aoiz, lo cual, parece que va a ser así”.

Además, desde el punto de vista funcional, Galve ha indicado que parece más operativo radicar esta materia en Pamplona, no en balde el partido judicial de Aoiz, uno de los más extensos de España, con cerca de 3.000 km. cuadrados (sensiblemente más extenso que la provincia de Guipúzcoa y prácticamente igual que Álava), reúne a más del 70 % de su población en cuatro municipios muy cercanos a Pamplona (valle de Elorz, Valle Aranguren, Valle de Egüés y Huarte).

En el acto de hoy, en el que también ha intervenido el fiscal superior de Navarra, Jaime Goyena, han acudido diversas autoridades, entre otras, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López; y el delegado del Gobierno en funciones, Valentín Carrasco.

En su intervención, Galve ha reivindicado los datos estadísticos logrados pese a contar con 10,7 jueces por cada 100.000 habitantes, el segundo menor índice de España, solo por debajo de Castilla La Mancha (10,2), cuando la media nacional es de 11,7.

76 jueces: 46 mujeres y 30 hombres

Según el informe “La Justicia dato a dato”, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, en 2022 los órganos judiciales de Navarra presentaron los menores índices de pendencia y congestión de España. Y también la tasa de litigiosidad sigue siendo una de las más bajas de todas las comunidades autónomas.

"Debo agradecer, un año más, el esfuerzo de jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia, la indudable y generosa dedicación de los funcionarios de esta administración, así como de los cuerpos policiales, abogados, abogados de las diferentes administraciones, procuradores, graduados sociales, médicos forenses, psicólogos, peritos y todos aquellos que, de una u otra forma, colaboran con nosotros, incluyendo, por supuesto, a la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra", ha destacado Galve.

Actualmente, Navarra cuenta con 76 jueces, de los que 46 (60,5%) son mujeres y 30 hombres.

En cuanto a los Letrados de la Administración de Justicia, la plantilla en Navarra es actualmente de 51, de los que un 77,5 % son mujeres. Además, hay 267 jueces de paz, y el número de funcionarios de la administración de justicia en este territorio asciende a 454.

En su intervención, el presidente del Tribunal Superior ha desgranado por jurisdicciones el estado actual de los órganos judiciales navarros. En total, en 2022 se incoaron, aproximadamente, 75.300 procedimientos (un 16,5% más que el año anterior) y se resolvieron algo más de 71.000.

De los procedimientos ingresados un 54,5 % fueron penales, un 36 % civiles, y el resto, algo más del 7 % fueron laborales y el 2,5 % contencioso administrativos.

“El ingreso de asuntos subió en todas las jurisdicciones, excepto en la contencioso-administrativa, cuyo descenso, unido al aumento de los procedimientos civiles en un 22 %, de los laborales en un 10 % y, en el ámbito mercantil, de más de un 230 % los concursos de acreedores (de 48 a 161), en mi opinión, constituye un preocupante indicativo económico”, ha advertido.

También han experimentado un aumento el ingreso de asuntos en los juzgados de instrucción (21 %), así como en los juzgados de lo penal, de menores y de vigilancia penitenciaria. En los partidos judiciales distintos a Pamplona, el incremento de asuntos civiles es del 21 % (el más alto es el de Estella) y los penales un 11 %.

En cuanto a actuaciones telemáticas, en 2022 se llevaron a cabo en Navarra 1.789, un 75 % en la jurisdicción civil y un 23 % en la penal, de las cuales 1.117 fueron vistas.

En los Registros Civiles existentes en los cinco partidos judiciales de Navarra puede destacarse, nuevamente, el saldo negativo en 2022 entre la inscripción de nacimientos (3.696) y la de defunciones (4.700).

Una sola necesidad de plantilla estimada

 En el capítulo de necesidades de plantilla, en la Memoria Judicial del TSJN, elaborada el presente año, correspondiente a 2022, se han solicitado la creación de las siguientes plazas judiciales:

  • El citado segundo Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona, única petición que, al parecer, va a ser atendida.
  • La tercera plaza de magistrado para la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.
  • El undécimo Juzgado de Primera Instancia de Pamplona.
  • La séptima plaza de magistrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, órgano que arrastra una pendencia de más de 2.300 asuntos civiles, más de la mitad de ellos recursos de cláusulas suelo.

El problema de la falta de espacio en el Palacio de Justicia de Pamplona también ha sido abordado por el presidente del TSJN en su discurso.

“Hace tres años, en la apertura del año judicial, manifesté que, ante la carencia de espacio en este edificio para ubicar todos los órganos judiciales y demás servicios necesarios, se hacía preciso pensar en buscar nuevos espacios. En la apertura del año 2021 manifesté que parecía que la cosa iba por buen camino, y ello en relación con la prometida construcción de un edificio, junto al que nos encontramos. Me equivoqué, nada. A día de hoy, el doble, nada de nada. Por ello, no puedo dejar pasar la ocasión que se me brinda, con la presencia aquí de varios y destacados miembros del Gobierno y del Parlamento de Navarra, para pedir, más bien para recordarles, que el buen funcionamiento de la administración de justicia a quién beneficia es, sin duda, al ciudadano, quien tiene que acudir aquí para defender sus derechos, sin que pueda olvidarse que el poder judicial, además del poder más valorado, es considerado, por más del 70% de los ciudadanos, como la garantía última de sus derechos y libertades”, ha expresado.

Galve ha vuelto a incidir en que en este edificio no caben más órganos judiciales. “El segundo juzgado de violencia se va a ubicar apretando el ya existente, además de buscando espacios donde no los hay, o que ya estaban ocupados, lo que va a originar, previsiblemente, la necesidad de sacar de este edificio algunos de los servicios que se prestan en el mismo, con la incomodidad y el coste económico que ello supone”, ha lamentado.

El presidente ha vuelto a recordar que el presupuesto de Justicia en Navarra es el más bajo de España respecto del PIB, y también lo es en lo relativo al gasto por habitante.

Descalificaciones por las rebajas de penas

En su intervención también ha censurado los ataques y descalificaciones recibidos desde hace unos meses por los jueces en España con ocasión de la Ley Orgánica 10/2022, popularmente conocida como del solo sí es sí.

Al respecto, ha señalado que, en el ámbito de la Sala de lo Penal de este Tribunal Superior, han tenido entrada, hasta ahora, con independencia de las revisiones efectuadas por la Audiencia Provincial, 18 recursos sobre revisión de penas, ya todos resueltos, y de los cuales han sido estimados 8.

“Nos han llamado fascistas, fachas con toga, machistas y otra serie de lindezas y, muy recientemente, en un alarde de originalidad e intelectualidad, referido a dos magistrados de este Tribunal, se nos ha tildado de machismo judicial y Rubiales con toga. Ese es el nivel”, ha resaltado Galve.

El presidente ha puesto de manifiesto que, en toda España, se han producido, de momento, 1.205 rebajas de condena. “Tal evidencia de que la reforma era errónea, ha sido recientemente ratificada por la jurisprudencia emanada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a quien la Constitución proclama como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, excepto el constitucional, aunque algunos y algunas se crean que son ellos y ellas a quien corresponde dicha facultad, a pesar de su más absoluta carencia de conocimientos universitarios sobre la materia en cuestión”, ha remachado.

El núcleo de las resoluciones judiciales dictadas, y sin perjuicio de la concurrencia de eventuales circunstancias individuales que lo alteren, viene refrendado por una treintena de resoluciones del Tribunal Supremo, e incluso, de forma implícita, grupos políticos que habían apoyado la reforma tuvieron que instar y votar favorablemente, cuando ya era tarde, la reforma de la reforma, seis meses después, mediante la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, ha evidenciado el presidente del Tribunal Superior.