Lo más sencillo para Yahya Aaboud habría sido dejar pasar las cosas. A fin de cuentas, a pesar de haber sufrido discriminación racial en su búsqueda de una vivienda en Gipuzkoa, el marroquí consiguió por fin lo que quería. Encontró un piso de alquiler en el barrio de Beraun de Errenteria, en el que reside con su familia. El problema es que este joven de 29 años, que lleva las finanzas de una empresa de Irun, tiene un acusado sentido de “la justicia social”. Ha experimentado en carne propia una discriminación que puede adoptar muchas formas. “Desde luego que no es solo un problema de que te llamen moro por la calle”, reflexiona.
En su caso, tuvo que contar con la complicidad de una compañera de trabajo, que fingió estar interesada por una vivienda en Irun que a él le había negado poco antes la misma inmobiliaria. ¿La razón? “El propietario ha dado la orden clara de que no quiere alquilar a nadie de afuera”. Fue la confesión de la intermediaria al ser descubierta. Aaboud grabó la conversación con su móvil. La guarda como carga de prueba. Entiende que existen indicios fundados para alegar discriminación, y ha interpuesto una demanda.
¿Se han lesionado sus derechos? ¿Se trata, en última instancia, de un conflicto entre un ciudadano y la Administración pública? Mikel Mazkiaran, abogado de SOS Racismo, quien le acompaña en el procedimiento, está convencido de que es así. “El Gobierno Vasco tiene su cuota de responsabilidad, en la medida en que debe velar por el control de una actividad -en este caso las inmobiliarias- que ofrecen un servicio público”, sostiene.
Al marroquí le gustaría que “todo este racismo oculto, que todos estos problemas con la vivienda fueran cosa del pasado”. Del testimonio de Zahra Bouras, refugiada argelina, se deduce que se trata de un problema social latente. “No estar en la ducha más de tres minutos, no llevar visitas a casa, o no usar el secador de pelo. Son algunas de las condiciones del contrato del alquiler que me impuso la dueña del piso en Vitoria”, relata esta joven activista.
Las condiciones de la vivienda y su época en la cárcel
Bouras estuvo encarcelada en su país, donde fue sometida a torturas físicas y psicológicas por razones de índole ideológico. “Vine a Euskadi en busca de paz, con la idea de integrarme, y la verdad es que tengo muchas amigas. He encontrado apoyo en la gente, pero no puedo decir lo mismo a la hora de acceder a una vivienda”. Reconoce la joven que las condiciones del contrato de alquiler le retrotraen a la época de cárcel en su país.
Bouras acudió al servicio Bizilagun del Gobierno Vasco para preguntar por los términos de ese contrato de alquiler. Se le despejaron todas las dudas tras hablar con el servicio público que informa sobre los derechos y deberes de propietarios, vecinos, arrendadores e inquilinos. No eran desde luego términos que tengan su encaje en una sociedad que garantiza la igualdad de oportunidades. Lamenta la joven que “el prejuicio, la desconfianza y el desconocimiento” llegan hasta tal punto que incluso la propia familia con la que comparte piso “tiene puesto un candado en el horno” con el objetivo de limitar su uso.
La de Aaboud y Bouras han sido dos de las voces “valientes” que se han podido escuchar esta semana en el Aquarium donostiarra, convertido en un espacio de reflexión en torno a las situaciones de discriminación que sufren las personas migradas, de etnia gitana y refugiadas a la ahora de alquilar una vivienda en Euskadi.
Una jornada organizada por la ONG Zehar-Errefuxiatuekin, la Red Eraberean y el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, que se enmarca en el III Congreso sobre Igualdad de trato y no discriminación, que se ha celebrado en Donostia entre el jueves y este viernes. En el transcurso de este encuentro, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha avanzado que el Gobierno Vasco prepara las bases de la futura Ley vasca de Igualdad de trato y no discriminación.
Traerá consigo un nuevo marco legal “sólido y unificador”, que quizá pueda evitar en un futuro situaciones como la vivida por Aaboud. Entretanto, el joven podía haber dejado pasar lo ocurrido, pero no. Este chico educado y exquisito en el trato tiene un espíritu inquieto. A través de Internet ha conocido a un compatriota que sufrió en Catalunya la misma situación.
Barcelona: sanción de 45.000 euros por "discriminación racista directa"
Un caso sonado, puesto que el Ayuntamiento de Barcelona multó con 45.000 euros al dueño de la vivienda y a la inmobiliaria que se negaron a alquilar el piso a este marroquí. Un caso de “discriminación racista directa”, la primera sanción por razón de origen, infracción prevista en la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda de Catalunya.
A Aaboud no le mueve ningún interés económico. Tiene las espaldas bien cubiertas gracias a un empleo reconocido y bien remunerado. En el centro de su acción vuelve a situarse su sentido de justicia social. “Los propietarios y las inmobiliarias alegan en Gipuzkoa que conocen a marroquíes que han dejado los pisos fatal. Yo no me encuentro entre ellos. ¿Por qué me tienen que prejuzgar? ¿Acaso no hay marroquíes buenos y malos, como entre los vascos?”, se pregunta el vecino de Errenteria. A través del compatriota residente en Catalunya, ha tenido ocasión de conocer a Miguel Ruíz, que se ha interesado por su caso.
“Desgraciadamente es una realidad con la que convivimos a diario, aunque es imposible conocer su verdadera dimensión”, dice este abogado especialista de Provivienda, asociación que trabaja en el Estado desde 1989 para que todas las personas disfruten del derecho a la vivienda en igualdad de condiciones. Aunque resulta complicado saberlo, la metodología “testing inmobiliario” permite comprobar las diferencias de trato por origen que reciben las personas que quieren alquilar una vivienda en el mercado libre.
Se trata de una técnica de investigación que consiste en que personas autóctonas llamen a los anuncios justo después de haberlo hecho otras de procedencia extracomunitaria. Estas llamadas se complementan con otras que desempeñan un papel diferente: el de propietarios de una vivienda que telefonean a agencias inmobiliarias pidiendo explícitamente no alquilarla a una persona inmigrante. “En Catalunya hemos conocido el caso de una sola persona sobre la que pesaban nueve testing de este tipo”, revela Ruiz.
Antes de iniciar cualquier procedimiento, esta organización estudia detenidamente la situación, y valora las perspectivas del cliente. Cree que el caso de Yahya es muy interesante. “Dispone de una grabación, la carga de la prueba que sustenta los hechos. Habrá que ver si es válida en el proceso, porque si eso no vale, no va a valer nada”, expone el letrado, quien resalta la importancia de denunciar los hechos “para sentar precedentes”.
Cauces de diálogo entre todos los agentes
Tras plantear su queja el vecino de Errenteria, el Departamento de Vivienda “cerró la investigación sin establecer ningún procedimiento sancionador”, y el marroquí ha presentado, de la mano de Provivienda, una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). “Resulta contradictorio que el Gobierno Vasco impulse redes de igualdad pero luego no de facilidades para investigar este tipo de casos”, juzga Mazkiaran.
A este respecto, Ruíz ve necesario establecer cauces de diálogo con el sector inmobiliario. Y comparte su opinión Rosabel Argote, quien aboga por huir de posicionamientos maniqueos. “No se pueden plantear las cosas como blanco o negro, porque las inmobiliarias tampoco son demonios”, dice esta investigadora social de la organización Zehar Errefuxiatuekin. “Hace falta una apuesta por el trabajo comunitario, en el que se eliminen espacios de impunidad, pero se propongan soluciones”, defiende.
Para ello es necesario conocer el punto de partida, la foto real del problema, algo que ha puesto en práctica el Ayuntamiento de Gante, la ciudad portuaria que se encuentra en el noroeste de Bélgica. Philips Frank, que ha participado en el encuentro celebrado estos días en Donostia, es el responsable del programa del Departamento de Políticas Sociales.
Ante las denuncias que se venían registrando por motivos de discriminación, el Consistorio optó por hacer “estudios de realidad”, enviando diferentes emails a las agencias. En el remite, Frank y Mohamed. Ambos con los mismos ingresos y dominio del flamenco, lengua oficial en Bélgica que comparte cooficialidad con el francés.
Se puso a prueba la diferente respuesta que se da a la población autóctona con respecto a la de origen turco, eslovaco y ghanés, mayoritarias en la ciudad. “Los pequeños propietarios de viviendas dieron una respuesta negativa en un 60% de casos a las personas de origen extranjero”, detalla. Fueron diez meses de pruebas, con más de 200 agencias inmobiliarias testadas en 1.224 pruebas. Comprobaron que era sistemática la discriminación en 17 inmobiliarias.
Con los resultados sobre la mesa, el objetivo fue ponerlos “a disposición de la sociedad civil para establecer un proceso de diálogo con el sector”. El experto señala a este respecto que es crucial que la metodología de trabajo esté avalada por la universidad. “El fundamento debe ser desde la evidencia científica”, precisa, alejándose así de posibles injerencias políticas “siempre interesadas”.
