Un proyecto piloto del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra desarrollado con 500 personas perceptoras de la renta garantizada ha permitido que 191 de ellas, casi cuatro de cada diez, hayan conseguido un empleo. Esta iniciativa se ha enmarcado en el proyecto de Itinerarios Integrados de Inclusión – AUNA, un proyecto innovador, con el que en el último año se ha atendido a unas 10.000 personas en riesgo de exclusión social.
Se han diferenciado varias líneas de trabajo: por un lado, la tramitación de prestaciones como la renta garantizada y el ingreso mínimo vital para lo que se han creado unidades específicas de tramitación con el fin de liberar de carga administrativa y potenciar el tiempo para el trabajo de intervención social de las profesionales de los servicios sociales de base y, por otro, se ha testado la metodología de intervención basada en la gestión integrada de los servicios de empleo, (orientadoras y orientadores de empleo) y de servicios sociales (profesionales de trabajo social). El objetivo prioritario del proyecto AUNA es definir nuevas metodologías para reforzar el derecho a la inclusión social de las personas perceptoras de renta garantizada o ingreso mínimo vital y potenciar su acceso al empleo.
La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu Villafranca, ha presidido esta semana la jornada de cierre del proyecto, liderado por la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo y en el que han participado el Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare, la Fundación Gizain, la Universidad Pública de Navarra, la Confederación Empresarial de Navarra (CEN) y el Ayuntamiento de Pamplona.
El proyecto ha contado con un presupuesto de 5,8 millones financiados con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea y se ha llevado a cabo con la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, en concreto a través de un convenio firmado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las acciones se han desarrollado en las áreas de servicios sociales de Estella-Lizarra, Tafalla y Tudela, y en las zonas básicas de Altsasu / Alsasua, Burlada / Burlata, Huarte / Uharte, Pamplona / Iruña (Rochapea) y Villava / Atarrabia.
Para llevar a cabo el proyecto, que dados sus buenos resultados se ha prorrogado lo máximo posible, se ha contratado a 58 profesionales. Mientras se evalúa su impacto y los aprendizajes obtenidos con esta experiencia piloto para su aplicación en el conjunto de servicios sociales de Navarra, el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo ha decidido ya la continuidad de 25 profesionales de las unidades administrativas de tramitación para garantizar la atención de la ciudadanía en el trámite del ingreso mínimo vital, persiguiendo con ello facilitar mayor espacio para la intervención social en los servicios sociales de base.
Una nueva forma de atención
El proyecto AUNA ha permitido a los servicios sociales experimentar una nueva forma de atención diferenciada entre la tramitación de prestaciones y la intervención social, en línea con lo establecido en el Plan Estratégico de Servicios Sociales para reordenar la atención primaria que prestan estos centros.
A partir de ahora el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo analizará los resultados para poder escalar este modelo de intervención integral con el fin de conseguir la inclusión social y el acceso al mercado laboral de las personas que reciben la renta garantizada y el ingreso mínimo vital, que requieren de apoyos intensos y complejos adaptados a sus necesidades.
El proyecto ha contado con varias líneas de actuación interconectadas entre sí. La primera ha sido la puesta en marcha de unas unidades de tramitación especializadas en la gestión de las prestaciones sociales, con el fin de agilizarlas y, de paso, liberar al personal de los servicios sociales de base de labores administrativas para poder realizar trabajo de intervención social. En total, se han prestado 18.299 atenciones telefónicas y presenciales relacionadas con la tramitación de la renta garantizada y del ingreso mínimo vital: consultas sobre requisitos, entrega de documentación, modificación de las prestaciones reconocidas, etc.
La segunda ha sido la puesta en marcha de itinerarios personalizados a un segmento de esta población, que requieren de distintos apoyos, algunos de ellos complejos, conjugando e integrando a profesionales de los servicios sociales y de los servicios de orientación al empleo para facilitar la incorporación al mercado laboral. Se ha intervenido con 500 personas y se han alcanzado 191 inserciones laborales.
Por último, se ha testado una nueva modalidad de acceso al mercado laboral liderada por el tejido empresarial con la creación de un club de empresas y la implicación de la Confederación Empresarial Navarra (CEN).
