El 28% de las personas perceptoras de renta garantizada en Navarra compatibilizan la prestación con el trabajo gracias a los estímulos al empleo

Estos incentivos, conocidos como estímulos al empleo, tienen por objetivo incentivar el acceso y mantenimiento del empleo garantizar y, por tanto, el derecho a la inclusión social de las personas que perciben la renta garantizada. Se concretan en una exención en el cómputo de los ingresos por trabajo de tal manera que, trabajando, las unidades familiares cuentan con una renta disponible a final de mes de mayor cuantía. Este ingreso adicional busca generar confianza y motivación para el acceso al empleo y que este les compense económicamente. Los estímulos al empleo se conciben como un instrumento más en el conjunto de medidas de inclusión activa dirigidas a las personas perceptoras de la renta garantizada.

El estudio sobre evolución de este sistema de estímulos al empleo entre los años 2018 y 2021 ha sido presentado esta mañana en Pamplona en rueda de prensa por Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo; Txerra García de Eulate, director gerente de la Oficina de Análisis y Prospección del Departamento de Presidencia e Igualdad; y José Manuel Fresno y Leticia Hernar, de la consultora que ha realizado el informe. 

El balance general que se desprende del estudio es que “la aplicación de los estímulos al empleo es una medida política que está consiguiendo resultados positivos” en la incorporación al mercado laboral de las personas que perciben la renta garantizada. No obstante, “su aplicación podría ser mejorada para obtener mayor eficacia” si se modifican algunos aspectos de su enfoque y aplicación. En concreto, el estudio cita que el sistema conlleva es “excesivamente complejo”, que la información de la que disponen las posibles personas beneficiarias “no es clara ni suficiente” y que “la excesiva carga administrativa ralentiza los procedimientos y consumen tiempo y recursos que se podrían dedicar al acompañamiento social”. 

En este sentido, la consejera Maeztu ha asegurado que la evaluación del sistema de estímulos al empleo “arroja algunas áreas de mejora que necesitan de una reforma parcial de la ley de la renta garantizada”, más enfocada al acceso al empleo y a la inclusión social. Carmen Maeztu también ha apuntado la necesidad de “reforzar los procesos de acompañamiento social y laboral, priorizando la intervención temprana y continuando el trabajo conjunto entre los sistemas de Servicios Sociales y Empleo, como ya hemos empezado a comprobar y a implantar con el proyecto AUNA, y, además, siempre en coordinación con Educación, Salud y Vivienda”. 

Personas beneficiadas y perfil

A lo largo de los cuatro años analizados en el estudio, desde enero de 2018 a diciembre de 2021, los estímulos al empleo alcanzaron a un total de 8.248 personas, es decir, el 28% de las personas empleables perceptoras de renta garantizada. 

En términos medios, las personas que reciben estímulos al empleo lo han hecho durante 9,3 meses a lo largo de los cuatro años de análisis, siendo 6,1 meses de manera consecutiva y en 1,6 ocasiones a lo largo de este periodo. 1.476 personas de media al mes. El perfil mayoritario de estas personas es de un hombre, de entre 30 y 49 años, de origen norteafricano o latinoamericano y que había trabajado anteriormente, mayoritariamente en el sector primario. 

Acceso al empleo y reducción de la cuantía de renta garantizada

La evaluación concluye también que estos incentivos conllevan a la larga un ahorro anual de 2,6 millones de euros, cifra que supone un 2,4% del presupuesto total de la renta garantizada en Navarra. A esta cuantía se deben de sumar, además de otros ingresos fiscales a través del IRPF por los contratos de trabajo o del IVA por un mayor consumo, otras consecuencias para las personas beneficiarias como la mejora de la autoestima, la motivación, las relaciones sociales y la autonomía para poder desarrollar su propio proyecto de vida. 

Como se ha indicado, los estímulos al empleo tienen un claro efecto positivo en la reducción de las cuantías que las personas perciben de la renta garantizada y, en consecuencia, en su dependencia económica. El 64% de las personas beneficiarias de estos incentivos percibe menos dinero de renta garantizada durante los tres meses siguientes a la finalización de dicho estímulo que antes, el 55% mantiene esa reducción durante seis meses consecutivos, y un 40,5% lo hace durante, por lo menos, un año entero. 

Si se compara con las personas que no han recibido estos incentivos, a los seis meses, las personas con estímulos al empleo tienen 2,5 veces más (265%) de probabilidad de reducir la cuantía percibida de renta garantizada; y al año las personas que reciben estímulos tienen casi el doble (el 83%) de probabilidad de disminuir su dependencia económica. Según la consejera Maeztu, “se trata de datos significativos que avalan la eficacia de estos incentivos para el acceso al mercado de trabajo”. 

El análisis realizado también concluye que existen otros factores que explican el motivo por el que una persona abandona la renta garantizada, aun así los estímulos al empleo afectan de manera positiva a la salida de este sistema de protección, especialmente a medio plazo, de las personas que firman un contrato de trabajo y no lo desincentivan. 

Recomendaciones

El informe señala que la mejora en los procedimientos de aplicación de los estímulos conduciría a un mayor alcance y eficacia y eficiencia y recoge una serie de recomendaciones. Entre ellas, la simplificación de los procedimientos, la mejora de la información aportando claridad, la adecuada formación de las y los profesionales que los tramitan, además de su desvinculación con la renovación anual de la renta garantizada, conseguirían no solo ganar en eficiencia dotando de mayor agilidad al sistema, sino aumentar la transparencia en la gestión de este derecho, de modo que mejorarían las expectativas hacia el ejercicio del mismo, por parte de las personas usuarias y de las propias profesionales, redundando en un mayor acceso de personas a este mecanismo.