Alertan de las incidencias continuas con víctimas por las disfunciones del control telemático a maltratadores

Pérdidas de cobertura, descarga de batería, intento de desprenderse del aparato... Entrada del agresor en la zona de exclusión de la víctima bien sea su trabajo o un lugar que frecuente, saltarse los 500 metros en línea recta que fija su alejamiento, víctimas que se sienten abandonadas sin recibir llamadas del Centro Cometa después de que saltara una alerta, las mismas víctimas que de tanta espera terminan ellas por llamar al centro para informarse de cuál es la incidencia y les dejan en espera. A su vez, retrasos evidentes en la entrega de los informes de incidencias que se emiten para el juzgado o incluso retrasos y falta de comunicación con el órgano judicial especializado en Violencia sobre la Mujer a la hora de colocar el propio dispositivo. Ha habido hasta 48 horas de retardo en la imposición de una medida de este tipo sin que el juzgado lo conociera. Toda la realidad anterior fue reflejada en la última reunión de los presidentes de Audiencias Provinciales que expusieron que la colocación de los brazaletes electrónicos para el control de los medidas cautelares “debe realizarse sin incidencias”. Para ello, “debe ser adecuada la asistencia del Centro Cometa (encargado de supervisar el funcionamiento), que deberá instalarlos sin demora desde que se acuerda por el órgano judicial, evitando en todo caso una indebida dilación al poner en libertad al sujeto”.

El aluvión de disfunciones que provocan las más de 60 pulseras telemáticas que portan ahora mismo maltratadores en Navarra genera que el juzgado de Violencia tenga una veintena de expedientes a la semana. En octubre el Ministerio de Igualdad efectuó una nueva adjudicación de este servicio (lo gestiona Securitas y Vodafone) y se renovaron los smartphones que envían su posición a la plataforma que gestiona el servicio, las incidencias no paran de sonar. Y ello pese a que los gestores del servicio, que lo tienen asignado hasta 2026 y gestionan unos 12.000 dispositivos, anunciaron que iban a contribuir a una menor estigmatización de las víctimas (que solo han de llevar un teléfono móvil); que su servicio iba a tener más duración de batería, más almacenamiento de datos y resistencia de los dispositivos a soportar condiciones extremas); así como por la disponibilidad de otros sistemas de localización diferentes al GPS.

La realidad es muy distinta a lo manifestado en la propuesta. La pulsera de control telemático se impone en casos graves de maltrato en los que al agresor, a la espera de juicio, no es enviado a prisión, pero se aprecia un riesgo alto de reincidencia. También la portan condenados por maltrato a alejamiento. El problema es que la víctima debe llevar también encima el dispositivo, para comunicarles si pudieran estar en peligro. En caso de que el agresor incumpla de modo continuado la medida cautelar, se le podría condenar por quebrantamiento. Pero no es nada sencillo. Para ello sería necesario evidenciar que su intención es perturbar a la víctima y quebrantar el mandato judicial. “Imponer la pulsera es una medida para casos graves y muy concretos. Es cierto que da seguridad a las víctimas, pero a su vez estamos viendo que limita mucho la libertad de la mujer, le impide hacer una vida normalizada porque a cada incidencia se le está recordando siempre a su maltratador. Hay quienes sopesan y tienen un miedo tan grande que prefieren llevar el dispositivo”, explica la magistrada de Violencia, Esther Fernández-Arjonillas.

La alerta la emite el centro Cometa, centralizado en Madrid para toda España, y donde se notifican a través de mensajes o llamadas a la víctima las incidencias provocadas por su agresor, y que este también conoce. La Policía trata de contactar con ellos de inmediato, conocer su localización y el motivo de alerta. Mientras, las víctimas esperan información. Son dispositivos eficaces en seguridad (en Navarra solo ha habido una agresión a una víctima que lo portara) pero, a su vez, causa enorme ansiedad en las víctimas. “Les va a provocar un estrés crónico, porque se les activan todas las alertas cada vez que suena el dispositivo”, aporta Izaskun Gartzaron, responsable de la Oficina de Víctimas del Delito. “Y hay veces que el sistema tarda tanto en informarles de lo ocurrido que se sienten abandonadas”.