Navarra superó el año pasado el millar de interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) en los centros públicos y privados y vuelve a registrar un nuevo récord con 11,68 abortos por cada 1.000 mujeres. En total, en 2023 se registraron en la Comunidad Foral 1.054 interrupciones voluntarias de embarazo y llama la atención que más de la mitad de quienes abortan en Navarra usaron métodos anticonceptivos.

Son los últimos datos que recoge el Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, elaborado por el Ministerio de Sanidad, en el que se refleja un incremento paulatino de los abortos hasta llegar a los 1.054 de 2023, cifra que roza el máximo registrado en 2011, cuando la recién estrenada ley del aborto propició que en Navarra se realizaran 1.057 interrupciones.

A dicha norma, le siguió aquí en 2016 el decreto foral sobre salud sexual y reproductiva que regulaba los abortos, que comenzaron a realizarse en la sanidad pública para todas las casuísticas en las primeras 14 semanas de embarazo. Entre 2013 y 2019 las IVE rondaron las 900-970 al año y tras el descenso en 2020 por la pandemia (888), han vuelto a crecer: 987 en 2021; 1.052 en 2022; y 1.054 en 2023.

La 6ª tasa más baja del estado

Este incremento ha provocado que la tasa de abortos en Navarra haya aumentado en los últimos años, pero aún así sigue teniendo una de las más bajas del Estado. En concreto, en la Comunidad Foral se realizaron en 2023 9,14 IVE por cada 1.000 mujeres, la sexta tasa más baja entre las comunidades, solo por delante de Galicia (7,28), Extremadura (7,6), La Rioja (8,25), Aragón (8,4) y Castilla y León (8,66). La media estatal asciende a 12,22 abortos por cada 1.000 mujeres.

Perfil de las mujeres

La estadística que elabora el Ministerio también hace un análisis sobre los diferentes tipos y casuísticas de cada aborto. Así, llama la atención que de los 1.054 abortos de 2023, en 560 se habían utilizado métodos anticonceptivos, es decir, la mitad de quienes abortaron (49%) habían hecho uso de algún medio: 365 métodos barrera (condones, diafragma, capuchones cervicales, etc.); 127 métodos hormonales (píldoras, parches, inyecciones, implantes, etc.); 4, métodos mecánicos (geles anticonceptivos, esponjas anticonceptivas, espermicidas, etc.); 17 usaron técnicas naturales (calcular los días fértiles, coito interrumpido, etc.); y 47 utilizaron otros métodos o no consta.

En cuanto a las mujeres, Sanidad recoge que el perfil medio de quienes interrumpen de forma voluntaria su embarazo en Navarra es el de una chica joven, con estudios superiores y que acuden a abortar por primera vez y por decisión propia. Así, la mayoría de las mujeres que abortaron en 2023 tenían menos de 29 años: 235 entre 25-29; 251 entre 20-24; 107 entre 15-19; y una tenía menos de 15 años. Por encima de esa edad hubo 196 abortos de mujeres de entre 30 y 34 años; 178 entre 35-39; 76 entre 40-44; y 10 mujeres mayores de 44 años.

En cuanto a los estudios, tres de cada cinco mujeres (664) que abortaron tenía una titulación superior (Bachillerato, FP y/o grado universitario). 277 tenían el título de la ESO, 92 estudios primarios y solo 9 no tenían estudios. Asimismo, la mayoría de mujeres acudían a abortar por primera vez (781), lo que también quiere decir que una de cada cuatro mujeres ya había interrumpido su embarazo de manera voluntaria con anterioridad en una o más ocasiones.

Nuevo protocolo de objetores

El Ministerio de Sanidad aprobó hace unas semanas un nuevo protocolo de objetores de conciencia con el objetivo de que las comunidades que no cuentan con un registro de objetores lo implementen, de acuerdo a lo que exige la ley del aborto. En la última reunión antes de Navidad del Consejo Interterritorial, la ministra de Sanidad, Mónica García, avanzó a las comunidades que, con la aprobación de este protocolo, los territorios que aún no lo tienen se han quedado ya sin “excusas” para ponerlo en marcha.

“El aborto es un derecho fundamental y nuestra misión es garantizar ese derecho y ese cumplimiento sin excepciones y sin más demoras. La modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo garantiza el acceso libre, seguro y gratuito en una sanidad pública, pero su incumplimiento en diferentes lugares de nuestro territorio sigue siendo una realidad inadmisible”, denunció la ministra.

De hecho, la creación de los registros de objetores está prevista en la reforma de la ley del aborto que se hizo en febrero de 2023; comunidades como Navarra, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia o Cantabria ya lo tienen implementado, pero muchas otras se escudaban en que faltaba un protocolo común para hacerlo. “Pues bien, ahora mismo ya no hay excusas porque ya lo tenemos”, avisó García.

El documento recientemente aprobado por Sanidad establece una doble modalidad de objeción: los opositores podrán negarse a la práctica total de intervenciones u oponerse de manera parcial a uno los supuestos y plazos establecidos en la ley, sin tener que motivarlo en ningún caso y con la garantía de salvaguarda de sus datos, que serán especialmente protegidos. La intención de este registro es garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho a abortar en la sanidad pública, ya que, en el conjunto del Estado, el 81% se sigue realizando en clínicas privadas.