STAJ y AFAPNA exigen al Gobierno de Navarra devolver Justicia al Estado ante el bloqueo de la Administración

Los sindicatosSTAJ y AFAPNA han solicitado al Gobierno de Navarra que devuelva al Estado las competencias en materia de Justicia. Esta demanda responde a “años de bloqueo negociador y desprecio de sus demandas profesionales por parte de la Administración foral, que ha impedido cualquier avance en la mejora de las condiciones laborales del personal de justicia”, han indicado los representantes de los funcionarios en un comunicado este lunes.

Retirada unilateral de la oferta económica

Según añaden, "la situación se agravó con la decisión de la consejera de Justicia, Amparo López Antelo, de retirar sin previo aviso la propuesta de subida salarial". Al parecer, la medida fue comunicada a los sindicatos el mismo día de la celebración de la Mesa Sectorial, el 26 de febrero, "bajo el argumento de la falta de disponibilidad de la partida presupuestaria".

Así, los sindicatos han recordado que en la Conferencia Sectorial de abril de 2024, "la propia consejera de Justicia defendía la necesidad de una retribución equitativa en todo el país, independientemente de la comunidad autónoma en la que se preste servicio, algo que no está aplicando en la que gobierna".

Aunque la relación estatutaria de los funcionarios de Justicia de Navarra se rige por normativa estatal, el Gobierno de Navarra administra su gestión de personal y recursos. "Esta falta de uniformidad ha generado desigualdades con respecto al resto del personal de la Administración foral, agravadas por el acuerdo presupuestario del Ejecutivo navarro, que impide incrementos salariales", critican los sindicatos, que a su vez recuerdan que “la Justicia es una competencia estatal financiada a través del convenio económico con Navarra”.

Llamado a la intervención de la presidenta Chivite

"Reiteramos la necesidad de una implicación institucional al más alto nivel y solicitamos la participación directa de la presidenta María Chivite para desbloquear la situación", han manifestado los portavoces sindicales. Según denuncian, "la estrategia del Gobierno de Navarra ha sido imponer condiciones desfavorables a los trabajadores mediante la presión y la desinformación, a pesar de haber reconocido en varias ocasiones la legitimidad de sus reivindicaciones económicas".

Ante este escenario, STAJ y AFAPNA han indicado que “el grado de hartazgo y decepción de la plantilla hace que, lamentablemente, en este momento, veamos la devolución de las competencias de Justicia al Estado como única medida viable para garantizar los derechos laborales y la calidad del servicio público”.

Falta de voluntad negociadora

Desde abril de 2024, STAJ y AFAPNA han registrado más de 18 escritos y presentado numerosas propuestas. Sin embargo, lamentan, "la Dirección General de Justicia ha mostrado una actitud dilatoria, negándose a convocar la Mesa Sectorial en momentos clave y excluyendo la negociación del acuerdo cuando finalmente lo hizo".

Los sindicatos recuerdan que la administración tardó cuatro meses en presentar un primer borrador, que declaró innegociable. Posteriormente, propuso dos nuevos borradores sin recoger las demandas del comité de huelga. Además, en el acuerdo se incluía una cláusula que obligaba a los sindicatos a facilitar cualquier medida impuesta por la administración en materia de organización y digitalización, algo que expertos laboralistas han calificado como inaceptable.

Conflicto prolongado y falta de respuestas

Según el comunicado, "a lo largo de 11 meses de conflicto, la administración ha mantenido una actitud inmovilista": "Durante las jornadas de huelga, no convocó al Comité de Huelga en ningún momento. Ante la falta de convocatoria de la Mesa Sectorial solicitada, STAJ y AFAPNA se vieron obligados a presentar un requerimiento administrativo que podría abrir la vía judicial si el Gobierno de Navarra seguía sin cumplir con sus obligaciones de negociación colectiva. Y en la Mesa Sectorial del 26 de febrero comunicó a los sindicatos que no se podría discutir sobre dinero", han criticado.

Asimismo, los sindicatos denuncian que el Gobierno de Navarra ha ignorado durante años sus reclamaciones profesionales, "manteniendo una política de discriminación salarial y precarización laboral en el sector judicial. La falta de inversión adecuada en Justicia está afectando gravemente la calidad del servicio público, mientras que la Dirección General de Justicia se ha limitado a gestionar nombramientos, ceses y la planificación del calendario laboral. Las necesidades reales del sector, como la formación, la regulación de servicios y la sobrecarga de trabajo, siguen sin respuesta, perpetuando un modelo de desatención y menosprecio hacia los trabajadores".

Impacto en la ciudadanía y la economía navarra

"La entrada de asuntos judiciales aumenta cada año, pero el Departamento de Justicia nos dice que debemos asumir esas cargas sin mejoras salariales ni refuerzos de personal. La sociedad y la economía navarra necesitan una Justicia rápida y eficaz, pero la precarización del sector solo generará mayores retrasos y problemas estructurales", alertan los sindicatos.