Expertos navarros alertan de la necesidad de transformar los servicios sociales: "El sistema está muy tensionado"

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha acogido este lunes y martes las jornadas tituladas La respuesta de los servicios sociales ante los nuevos riesgos de la sociedad, una cita a la que han asistido más de 400 personas y que ha reflexionado sobre el futuro del tercer sector.

El evento ha sido organizado por el grupo de investigación ALTER de la UPNA, cuyo responsable, Miguel Laparra, también exconsejero de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, ha detallado que actualmente "el sistema está muy tensionado" debido al aumento de la demanda de los servicios.

En este sentido, ha hecho hincapié en que en los desafíos que enfrenta el sistema de servicios sociales en todo el Estado ante el envejecimiento de la población, el aumento de la migración y los cambios en los modelos familiares y sociales.

En este contexto, los servicios sociales han pasado a ser una parte crecientemente significativa del Estado del Bienestar tanto por sus dimensiones como por la especial sensibilidad de sus programas: la protección de la infancia y la familia, la atención a la discapacidad o a las situaciones de dependencia para desarrollar las actividades de la vida diaria, los programas de inclusión social o la protección económica de carácter asistencial.

A ello se suma que tienen una importancia creciente en la respuesta a nuevos retos como el apoyo a la conciliación, la acogida e integración de la población inmigrante o el apoyo a las víctimas de violencia de género.

“Con estas funciones, los servicios sociales se enfrentan a toda una serie de retos de carácter estructural, como el envejecimiento de la población, las transformaciones de los modelos familiares, la intensificación de los procesos migratorios, los cambios en el modelo productivo y las dinámicas de la exclusión social…, que ejercen una presión significativa sobre este sistema de protección social, uno de los ámbitos más tensionados del Estado del Bienestar”, ha afirmado Laparra.

Refuerzo de recursos

Frente a estos retos, los servicios sociales han experimentado “un notable refuerzo de los recursos en el pasado”. “Contaban en 2022 con 606.580 personas afiliadas a la Seguridad Social en estas actividades, un 3% del empleo, aproximadamente. Si, a comienzos de la década de los 80, antes de las transferencias a las comunidades autónomas, apenas suponían el 0,1 % del PIB, en 2009 alcanzaron el 1,9 %. A los servicios sociales les fue bien la descentralización", ha subrayado el investigador.

Sin embargo, estos programas han dejado de ser prioritarios desde entonces y ahora tan solo representan el 1,6% del PIB, según datos de la OCDE, que contabiliza el gasto en servicios ‘en especie’, sin prestaciones económicas.

En su conjunto, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, para 2022, los servicios sociales de las comunidades autónomas y las entidades locales suponían 25.000 millones de gasto, un 1,75% del PIB. "La sociedad y los responsables políticos deben hacerse conscientes de que, sin un refuerzo notable de los recursos, los servicios sociales no podrán asumir los encargos que les hace la sociedad", ha sostenido.

No obstante, pese a la necesidad evidente de transformar los servicios sociales, Navarra cuenta con una buena situación de partida: el gasto total en servicios sociales en la Comunidad Foral asciende al 2,5% del PIB, siendo la segunda CCAA que más dinero destina tras la CAV y muy por encima de la media estatal que se queda por debajo del 2%.

De la misma forma, en cuanto a recursos humanos, Navarra cuenta con 10.663 personas cotizando en la Seguridad Social en los epígrafes de servicios sociales, lo que supone 16,1 empleados por cada 1.000 habitantes, la cuarta tasa más alta del Estado. No obstante, Laparra ha matizado que, mientras se ha desarrollado mucho el ámbito residencial, "se ha priorizado menos la atención primaria".

"Navarra cuenta con 7,2 empleados de servicios no residenciales por cada 1.000 habitantes, así que se halla en una posición más intermedia, con un crecimiento de 0,9 empleados/1.000 habitantes desde 2019, frente al incremento de 2,5 empleados/1.000 habitantes para el conjunto del Estado”, ha destacado.

Reformas necesarias

Sin embargo, a juicio de este experto, “una respuesta puramente incremental será insuficiente si los servicios sociales no afrontan un profundo proceso de cambio”.

“Se requiere una agenda de reformas que incorpore la regulación y la gobernanza, los modelos organizativos, de atención y segmentación de la demanda o los mecanismos de colaboración interdepartamental o de cooperación con el tercer sector”, apunta.

Así, la reforma de los servicios sociales pasaría por aplicar el paradigma de la inversión social, que plantea un modelo de Estado del Bienestar centrado en fortalecer las capacidades de las personas. En este contexto, “los servicios sociales no deben limitarse a funciones de readaptación, sino entenderse como una inversión en capital humano, con capacidad transformadora y emancipadora”, ha señalado Víctor Sánchez-Salmerón, investigador del grupo ALTER y ponente durante las jornadas.

“Este enfoque también destaca el valor preventivo de los programas, que contribuyen a reducir los costes más elevados derivados de intervenciones más tardías o reparadoras. Además, la generación de entornos adecuados para el desarrollo de la infancia se concibe como una inversión de futuro. Por último, permite la creación de nuevos nichos de empleo en el ámbito de los cuidados y la atención a las personas en situación de dependencia. Las reformas en clave de inversión social suponen una línea de reforma prometedora para unos servicios sociales más avanzados y de calidad, por lo que su impulso debería de ser prioritario”, ha reflexionado. 

En esta misma línea, la también investigadora del grupo ALTER Sandra Siria Mendaza ha planteado, durante su intervención en las jornadas, la necesidad de reorientar el sistema de servicios sociales a través de la innovación social, entendida como “todas aquellas acciones que responden a necesidades sociales derivadas de los actuales retos sociodemográficos y políticos y que implican la mejora de la calidad de vida de las personas y del bienestar de la sociedad en su conjunto”.

Tras exponer algunas de las líneas e iniciativas innovadoras en servicios sociales que están teniendo lugar en el conjunto del Estado, Siria ha concluido que, para lograr el fin último de la innovación social, que es “la transformación estructural del sistema de servicios sociales”, se requiere que “las administraciones públicas apuesten, primero, por generar las condiciones para un ambiente favorable hacia los procesos de innovación y que, posteriormente, los trasladen a una escala adecuada para la transformación estructural del sistema”.

Participantes en las sesiones

Las jornadas han contado con ponencias de investigadores de universidades como las de Barcelona, Deusto, Illes Balears, Jaume I, Pablo de Olavide, Valencia, Valladolid y la propia UPNA, y con dos mesas de debate con representación de instituciones y del tercer sector.

En la primera de ellas, de alcance estatal, participan esta tarde representantes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y Cáritas Española. En la segunda, centrada en Navarra, han intervenido responsables del Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, CERMIN (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra), Cruz Roja, Cáritas y el Colegio de Trabajo Social de Navarra, entre otras entidades.

Estas jornadas, que han sido clausuradas por la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, y por la vicerrectora de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación de la UPNA, Begoña Pérez Eransus, se enmarcan en el proyecto de investigación INVESSOC (La respuesta de los servicios sociales a los nuevos riesgos desde el paradigma de la inversión social). La Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha financiado dicho proyecto, cuyo investigador principal es Miguel Laparra.