Bélgica ha reconocido por primera vez a una empresa como empleador legal de trabajadoras sexuales, aplicando así la pionera ley por la que desde 2024 autoriza a ejercer esta actividad con un contrato de trabajo formal que garantice derechos laborales, como las bajas por enfermedad o las prestaciones por desempleo.
En concreto, esta primera autorización se ha concedido a un club de la provincia de Namur (sur de Bélgica) y el Ministerio de Trabajo del país analiza otras cinco solicitudes, tras haber rechazado dos y declarado inadmisible otra de las nueve que ha recibido desde que la ley entró en vigor el pasado diciembre, según informan los medios locales.
El sindicato de trabajadoras sexuales UTSOPI ha celebrado esta decisión, que ve como una "señal positiva" que muestra que los empleadores no oficiales del sector están intentando cumplir con la nueva legislación laboral, algo que debería ser alentado, según dijo su portavoz, Marianne Chargois, a The Brussels Times.
Despenalización de la prostitución
En Bélgica, los trabajadores sexuales ya podían trabajar legalmente como autónomos desde que el país despenalizó la prostitución en 2022, convirtiéndose en el segundo del mundo en hacerlo tras Nueva Zelanda, pero en 2024 dio un paso más al permitir que esta actividad se ejerza con un contrato de trabajo con condiciones laborales estándar.
La ley prevé que los trabajadores bajo ese marco tengan derecho a la seguridad social, con seguro médico, prestaciones por desempleo o jubilación, vacaciones anuales o baja de maternidad, al tiempo que impone condiciones de acceso a la profesión.
Además establece el derecho de los empleados a rechazar a un cliente, a negarse a un acto sexual o interrumpirlo y a poner fin a la relación laboral, y para los empleadores impone obligaciones como garantizar la seguridad y la autonomía del personal.
Situaciones peligrosas o precarias
La norma fue celebrada en su día por el sindicato del sector, que cree que ayudará a acabar con situaciones peligrosas o precarias, en la que los trabajadores sexuales se ven obligados a aceptar ciertos servicios o forzados a seguir trabajando hasta una edad avanzada o en estado de gestación por la falta de acceso a prestaciones sociales.
Sin embargo, señalan también que su aplicación ha encontrado barreras, como el que los potenciales empleadores sean rechazados por bancos y aseguradoras o las dificultades para encontrar espacios comerciales para este fin, lo que ralentiza el proceso de legalización.
Además, en marzo pasado nueve organizaciones de la sociedad civil presentaron un recurso constitucional contra la ley argumentando que genera riesgo de "legitimar prácticas de explotación reconociendo a los propietarios de burdeles como operadores empresariales legítimos", según recoge The Brussels Times. La sentencia se espera para finales de 2026
