El presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, Juan Luis Beltrán, manifestó ayer que en 2025 se ha “disparado” el número de reclamaciones registradas en la institución, porque hasta agosto hay 115, frente a las 71 del año 2024; y “aún queda un cuatrimestre entero”. Beltrán informó que, en 2024, el Consejo se reunió en 11 ocasiones, en las que se adoptaron 92 acuerdos. Sobre el aumento de reclamaciones este año, comentó que “nos da la impresión además de que se va a mantener posiblemente este ritmo los próximos años”. “Este año vamos a terminar posiblemente con el doble o más del doble de reclamaciones que en años anteriores”, dijo, para exponer que “supone bastante trabajo que difícilmente podemos abordarlo”.
Explicó que el Consejo de Transparencia de Navarra no tiene plantilla propia, “capaz de asumir las funciones de estudio de las reclamaciones y denuncias”, por lo que, indicó que se reparten el trabajo entre los propios vocales del Consejo. Respecto al presupuesto de la entidad, precisó que tenían asignados en el Presupuesto de 2024 un total de 53.000 euros, “de los que hemos gastado 21.500 euros; sólo hemos consumido el 40% del dinero que teníamos presupuestado”.
Beltrán comentó que un problema del Consejo de Transparencia es que “carece de plantilla orgánica propia” y “es el único órgano garante de la transparencia, el único de todos los consejos que existen en nuestro país que no tiene plantilla propia, no tiene personal adscrito a tiempo completo ni administrativo ni sobre todo técnicos juristas que apoyen a la Secretaría y a la Presidencia a estudiar elaborar y proponer las respuestas sobre todas las reclamaciones”.
Silencio administrativo
Según precisó el presidente del Consejo, la causa que ha motivado la mayoría de las reclamaciones, concretamente el 71,83% de ellas, se identifica con el ‘silencio y la falta de respuesta de la Administración’ y tienen como sujeto pasivo a la Administración de la Comunidad foral (22 reclamaciones de 71) o a una Administración local (44 reclamaciones). En concreto, dijo que el grueso de las reclamaciones responde a intereses particulares, a cuestiones que afectan directamente a la persona, a su patrimonio o situación jurídica. En ese sentido, solicitan acceso directo a expedientes en los que figuran como parte interesada. El resto, las menos, persiguen participar o colaborar en la actividad pública.
Beltrán comentó que en los ocho años del Consejo, “salvo alguna reclamación excepcional”, “hemos resuelto antes de los 90 días -plazo máximo de resolución-, el año pasado en 52 días”. “Junto con Catalunya somos los dos órganos garantes de la transparencia que más rápidamente resolvemos. Hemos sobresalido por ser los más rápidos en resolver y la transparencia exige rapidez, inmediatez”, comentó.
El presidente del Consejo indicó que, de navegar por los portales de transparencia de los ayuntamientos de Navarra, su impresión es que es “bastante deficiente”. “La Administración foral, el Ayuntamiento de Pamplona, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y la Universidad Pública de Navarra cumplen bastante bien, la nota de navegar por su portal de transparencia es medianamente alta”, expuso, para agregar que en “el resto de ayuntamientos y demás entidades, es muy mediocre”.
En el turno de los grupos, UPN y PSN coincidieron en que la transparencia aún no está asentada y debe mejorar; EH Bildu pidió mayor concreción en cuestiones como la perspectiva de género; Geroa Bai advirtió de que el aumento de reclamaciones refleja un incumplimiento de derechos por parte de algunas administraciones; el PPN reclamó más medios humanos y técnicos para el Consejo; Contigo-Zurekin consideró positivo que haya más reclamaciones, aunque abogó por extender una verdadera cultura de la transparencia; y Vox señaló que el incremento es un “mal síntoma” del funcionamiento administrativo.
