Colectivos sociales de Navarra han llevado a cabo una concentración en Pamplona este viernes en la avenida Carlos III para denunciar que seis familias con menores están viviendo en la calle en Pamplona. La protesta ha tenido lugar junto al Monumento al Encierro, donde se había instalado una carpa en la que se celebran las jornadas La vivienda que queremos, y en ella las entidades han criticado al Ayuntamiento de Pamplona por "mirar hacia otro lado, negándose a reconocer la crudeza de una problemática que no es coyuntural ni anecdótica".
Salhaketa Nafarroa, Dar Etxea, PIM (Punto de Información a personas Migrantes), Apoyo Mutuo, Paris 365, Haritu, SOS Racismo Nafarroa y Oxfam Intermon han recordado que no es la primera vez que se da esta situación, ya que en febrero "fueron cuatro las familias en situación de calle y lejos de dar una respuesta institucional, fueron las redes de solidaridad popular y el compromiso de las vecinas las que paliaron temporalmente el problema".
Según han detallado, en esta ocasión ha ocurrido lo mismo: a las seis familias sin hogar el Ayuntamiento de Pamplona les ha prestado una atención de emergencia fijada en tres días y después "se les ha dejado de atender". "Ahora han sido acogidas en espacios proporcionados de manera solidaria. Una vez más, el peso recae en la comunidad organizada mientras las instituciones continúan cerrando sus puertas", han criticado.
El Área de Alta Exclusión, "cerrada de facto"
Uno de los principales problemas, han apuntado los colectivos, es que el Área de Alta Exclusión del Ayuntamiento de Pamplona se encuentra "cerrada de facto" porque no ofrece nuevas citas. "Lejos de garantizar un derecho humano fundamental como es la vivienda y la acogida digna, el consistorio opta por seguir gastando dinero público en negocios privados como hoteles y pensiones, con medidas asistencialistas y temporales, en lugar de impulsar un dispositivo permanente y estable de acogida que proteja la vida de familias y personas en situación de vulnerabilidad", han resaltado.
Asimismo, han querido denunciar "todos los discursos que criminalizan a las familias migrantes por migrar junto a sus hijas e hijos". "Migrar es un acto de dignidad y valentía, una decisión tomada frente a contextos de violencia, despojo y desigualdad generados muchas veces por dinámicas coloniales y neocoloniales que enriquecen al Norte global a costa de la vida en el Sur Global. Criminalizar a quienes emprenden rutas migratorias peligrosas e inciertas es reproducir el racismo institucional y estructural que atraviesa nuestras sociedades", han señalado.
Dispositivo permanente de acogida
Para tratar de solucionar esta problemática, los colectivos han exigido a las instituciones "que se garantice la atención desde el Área de Alta Exclusión, Unidades de Barrio y Servicios Sociales de Base para todas las personas en situación de calle y/o de vulnerabilidad; la apertura inmediata de un dispositivo permanente de acogida digno para familias y personas sin hogar; y un compromiso claro contra el racismo institucional y la exclusión social, garantizando el acceso a derechos básicos a todas las personas sin distinción de origen".
