Médicos del Mundo acusa al Gobierno foral de excluir a personas migrantes de la valoración de discapacidad

Médicos del Mundo ha reclamado el derecho que tienen todas las personas residentes en Navarra, independientemente de su situación administrativa, a acceder al proceso de valoración de discapacidad ya que es una competencia de la Comunidad foral y no conlleva automáticamente una prestación.

Lo han asegurado en una comparecencia en el Parlamento Amaia García, Maite García y la mediadora Farmata Aly Watt, quienes han expuesto la situación de las personas que, sin residencia regularizada en Navarra, padecen de una discapacidad que, en la mayoría de los casos, agrava su situación ya de por sí difícil, que "agrava su vulnerabilidad y profundiza en su exclusión".

Amaia García ha argumentado que, basada en la experiencia con varios casos, en este asunto destaca los "argumentos cambiantes" con los que se han encontrado cuando han pedido explicaciones al Gobierno foral de por qué se niegan a la valoración de discapacidad en personas sin residencia legal.

Así, según los casos se les ha dicho que solo podían acceder personas en situación regular, en otros se pedía el NIE y se advertía de que sin este documento el expediente se archivaría, y en otros "se evitaba la negativa expresa y motivada" pero se hacía de forma efectiva.

También se les ha trasladado en otras ocasiones que la competencia para llevar a cabo esta valoración es estatal, o que las consecuencias de la misma pueden trascender de los límites de Navarra y por ello no les corresponde.

"Cuando los argumentos cambian es que no existe un criterio jurídico claro" para excluir a estas personas y se evidencia como "una forma concreta y restrictiva de interpretar la norma" tras la que hay "una decisión administrativa", ha dicho García.

Con todo ello, ha criticado que las diferentes y cambiantes razones recibidas son "la búsqueda de un encaje para sostener una exclusión ya decidida. Es una interpretación de la regla, elegida, restrictiva que los excluye, no es un problema técnico sino una decisión", ha subrayado.

Por su parte, ha defendido que el procedimiento "debe garantizarse porque hay competencias" y "en última instancia es una cuestión de voluntad política", al tiempo que ha defendido en que la valoración d ela discapacidad no conlleva prestaciones directas sino que supone "determinar una situación médica y funcional".

Su negación "es difícilmente compatible con el principio de igualdad que recoge la Constitución, ha dicho para considerar que las administraciones públicas deben optar por interprertaciones garantistas" y "blindar los derechos de quienes están en mayor desprotección".

Por parte, su compañera Maite García Pérez ha analizado la legislación, tanto estatal como foral, para aludir a que la Ley de Extranjería reconoce que todas personas extranjeras tienen derecho a prestaciones básicas, independientemente de su situación" y que la ley foral respalda la prestación a todas las personas residentes, sin aludir a que esta residencia sea o no regularizada.

Ha defendido que el reconocimiento y la revisión de las discapacidades compete a las Comunidades "porque es materia de servicios sociales, y no una prestación de la Seguridad Social!.

En todo caso, para García, "más allá del debate jurídico y competencial hay que atender a consecuencias", como son que las discapacidades limitan para el trabajo, el desplazamiento o la realización de gestiones cotidianas sin acompañamiento, de forma que "profundiza las dinámicas de exclusión en personas que ya se encuentran" en ellas.