La experiencia muestra que las regularizaciones de inmigrantes incrementan el empleo formal, elevan la recaudación por cotizaciones e impuestos -sin un aumento notable del gasto en sanidad y educación- y no perjudican la situación laboral de los nativos, de acuerdo con los expertos consultados por EFE.

El Gobierno español ha abierto esta semana el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes que actualmente residen y trabajan en España de forma irregular, un colectivo que asciende a 840.000 personas, según los cálculos de Funcas, y de las que alrededor de 500.000 formalizarán su situación administrativa, según estimaciones del Ejecutivo.

El Estado tiene experiencia, con más de medio millón de personas regularizadas durante los gobiernos de José María Aznar y con cerca de 600.000 en el último proceso abierto en 2005 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

La evidencia empírica de ese último proceso, analizado por el EsadeEcPol, muestra un aumento significativo de la afiliación a la Seguridad Social y un incremento de las cotizaciones por trabajador de unos 4.000 euros anuales, sin que cayeran los salarios de los trabajadores nativos.

Algunos trabajadores de baja cualificación que estaban en la economía informal perdieron su empleo, señala a EFE el director de EsadeEcPol, Jorge Galindo, que subraya la importancia de acompañar las regularizaciones con inspecciones laborales y programas de transición al empleo formal.

"Cuando sacas a la gente el trabajo informal, hay algunos que pierden el empleo. Es un coste a asumir siempre que se hace el paso a la formalidad", explica Galindo, que al mismo tiempo recuerda que son personas que pasarán a tener otras oportunidades, entre ellas la posibilidad de montar un negocio como trabajador autónomo.

"Es un coste de transición en el corto plazo, pero a largo plazo como la economía tiene más manos dispuestas a trabajar, al final se vuelve más rica", detalla Galindo.

El Gobierno destaca que en 2025, el 77 % de las nuevas altas en el trabajo autónomo correspondieron a personas de origen extranjero y que desde la reforma laboral que entró en vigor en 2022 hay 800.000 personas extranjeras afiliadas más a la Seguridad Social, hasta un total en marzo (último dato disponible) de 3,15 millones, cifra récord que supone el 14,4 % de todos los cotizantes.

LA INMIGRACIÓN COMO MOTOR ECONÓMICO

La riqueza aportada por la inmigración ha sido medida por Funcas, que calcula que la incorporación de fuerza laboral extranjera explicaría casi la mitad (47 %) del crecimiento acumulado del PIB desde 2022.

El estudio "La inmigración en España: retos, impacto y políticas", editado por Funcas, detalla que desde 2019 la población activa ha crecido en 1,8 millones de nuevos trabajadores, que en su práctica totalidad son de origen extranjero, lo que ha permitido el crecimiento de actividades que se enfrentaban a escasez de mano de obra.

Sin la inmigración, la economía española hubiera respondido con precios más altos al tirón del turismo o a la demanda de nueva construcción de vivienda, dice el estudio, que asimismo destaca que el fenómeno migratorio ha favorecido el desplazamiento de la fuerza laboral nacional hacia ocupaciones de mayor productividad y mejor remuneradas.

Uno de los coordinadores de ese estudio es el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, quien explica a EFE que sin mano de obra extranjera en la construcción se tendría que pagar más a los trabajadores nativos y el sector no crecería tanto "porque sencillamente no disponen de suficiente mano de obra, lo que tendría efectos dinámicos negativos sobre el crecimiento económico".

SIN ‘EFECTO LLAMADA’ Y CONDICIONADO POR LA ECONOMÍA

El análisis de EsadeEcPol muestra que las regularizaciones en el Estado no han generado 'efecto llamada', ya que tras procesos pasados los flujos migratorios continuaron respondiendo principalmente a factores como la demanda de trabajo y la situación económica de los países de origen y destino.

Torres (Funcas) señala que, después de un 2024 de inmigración récord, en 2025 la población activa extranjera aumentó menos en un contexto en el que el crecimiento de la economía se moderó, "algo lógico porque la inmigración responde mucho a la situación de la economía y la necesidad de mano de obra". "Y hay un factor adicional que es la vivienda", comenta Torres, que incide en que la crisis habitacional también lastra la entrada de más personas en el país.