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Atasco en la valoración de la discapacidad en Navarra: ya más de un año de espera

Las listas se han triplicado en los últimos siete años | Las solicitudes han pasado de las 6.059 en 2019 a las 8.600 en 2025

Atasco en la valoración de la discapacidad en Navarra: ya más de un año de esperaUnai Beroiz

La consejera Carmen Maeztu ha expuesto en la comisión de Derechos Sociales de este martes que los tiempos de espera cuanto a la tramitación de solicitudes en valoración de la discapacidad "no son positivos" y que las medidas aplicadas "no han reducido las listas". En este sentido, ha revelado, mientras que en 2019 el tiempo de espera era de cinco meses, en enero de 2026 fue de trece y medio; casi el triple que hace siete años.

En cuanto a los factores que han provocado esta situación, la consejera ha señalado la entrada en vigor, en mayo de 2023, de un Real Decreto que estableció "cambios en el reconocimiento de la discapacidad y un retraso generalizado en los procesos de todas las comunidades autónomas". Este hecho, ha detallado, coincide con un aumento de las solicitudes, que han pasado de las 6.059 en 2019 a las 8.500 en los últimos años.

Al mismo tiempo, los cambios de personal en los equipos de valoración por la jubilación de médicos y psicólogos "no están permitiendo estabilizar la plantilla", ha apuntado, debido a que "de las tres plazas de medicina que han salido a oposición solo se va a cubrir una y a media jornada". De esta manera, las competencias tendrán se tendrán que cubrir "con personas temporales".

Las soluciones

El reconocimiento de la discapacidad permite a las personas solicitantes acceder a una serie de servicios y prestaciones que necesitan y que les corresponden, como beneficios fiscales o facilidades para el acceso al empleo. Para tratar de agilizar y descongestionar el trámite, la consejera ha reconocido que se está barajando la posibilidad de colaborar con médicos ya jubilados o reforzar los equipos con otros profesionales como terapeutas ocupacionales ya que "la normativa no obliga a realizar todas las valoraciones mediante la intervención de un médico". Así, ha añadido, se estaría trabajando, además, más en línea "con la nueva concepción de discapacidad".

"La normativa no obliga a realizar todas las valoraciones mediante la intervención de un médico"

Carmen Maeztu . Consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo

En cuanto a este asunto, Maeztu ha mencionado además la opción de externalizar la contratación de facultativos para la valoración de la discapacidad; una cuestión "imposible", pues requiere "una modificación de la normativa de la ley" y sería "muy costosa económicamente".

Por otro lado, ha señalado, recientemente se ha incorporado "un cuarto equipo de valoración", conformado por profesionales de trabajo social, psicología y terapia ocupacional y al que esperan que se pueda unir un profesional de medicina.

Tarjeta de aparcamiento

De acuerdo con lo expuesto por la consejera, un alto porcentaje de solicitudes de valoración de discapacidad vienen "de personas con la dependencia reconocida que solicitan la discapacidad para obtener la tarjeta de estacionamiento". Para esta problemática, Maeztu ha explicado que se está tramitando una Orden Foral para regular una tarjeta para dependientes que será válida solo en Navarra.

Para los casos de discapacidad adquirida en el momento del nacimiento, la consejera ha asegurado que estos perfiles reciben el reconocimiento de discapacidad en atención temprana, antes de los tres años, "en algunos casos de forma temporal y en otros, definitiva".

En el caso de personas que atraviesan una enfermedad terminal o neurodegenerativa que requieran realizar los procedimientos de manera urgente "existen circuitos preferentes", ha querido subrayar.

Por su parte, los grupos parlamentarios han incidido en la necesidad de recortar los tiempos de espera y permitir a las personas solicitantes obtener su valoración pues es "la puerta de entrada para los derechos", han coincidido.

En este sentido, la parlamentaria de Geroa Bai, Isabel Aramburu, ha compartido una reflexión del Defensor del Pueblo que cuestiona la pérdida de derechos que sufren los ciudadanos al no cumplir con las fechas, frente a la libertad de las instituciones "de no respetar los plazos por tener mucho trabajo, sin recibir sanciones ni pedir disculpas por ello".