Gimeno alerta de las "gravísimas consecuencias" de la ley para mantener conciertos educativos

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha comparecido este lunes a primera hora de la mañana para adelantar las conclusiones del informe que su departamento ultima sobre la proposición de ley de UPN relativa a los conciertos educativos, advirtiendo de “gravísimas consecuencias” para el sistema educativo navarro si sale adelante. Entre ellas, ha señalado posibles problemas de constitucionalidad, la repetición del proceso de matrícula y un impacto generalizado en alumnado, familias y profesorado.

Gimeno ha asegurado que la iniciativa presenta “evidentes visos de inconstitucionalidad” y ha precisado que invade competencias atribuidas a las administraciones educativas por la legislación básica estatal. En concreto, ha advertido de que podría entrar en conflicto con el artículo 27 de la Constitución, que reconoce el derecho fundamental a la educación. “Es incomprensible y democráticamente cuestionable aprobar una norma que podría estar en contra de la Constitución”, ha afirmado, para añadir que la ley “tiene muchas posibilidades de ser recurrida” si prospera en el Parlamento foral.

El consejero ha ido más allá en su crítica jurídica al calificar de “absolutamente insólito” que el texto permita que los propios centros concertados —beneficiarios de financiación pública— participen en la definición de los criterios para adjudicar unidades concertadas. A su juicio, esto abre la puerta a un conflicto de intereses al convertir a los centros en juez y parte en un proceso que debería regirse por el interés general.

Matrícula en riesgo

Uno de los principales efectos inmediatos, según el informe, afectaría al proceso de escolarización ya en marcha para el curso 2026-2027. La proposición de ley plantea reducir la ratio en la educación concertada —de 25 a 23 alumnos por aula en Infantil— y, al mismo tiempo, mantener el número actual de unidades tanto en la red pública como en la concertada. Esta combinación, ha explicado Gimeno, provocaría una reducción de plazas disponibles y obligaría a rehacer todo el proceso de admisión.

“Hay que volver a hacer el proceso de matrícula”, ha subrayado, advirtiendo de que el número de familias afectadas es “impredecible”, ya que todas las solicitudes volverían a competir por menos vacantes. En la práctica, alumnado que ya cuenta con plaza asignada podría perderla, especialmente en centros como San Ignacio, Liceo Monjardín, Irabia-Izaga o Miravalles-El Redín, en Pamplona, o Compañía de María, en Tudela.

El consejero ha alertado de que esta situación generaría una “enorme incertidumbre” en las familias y afectaría directamente a la libertad de elección de centro. Actualmente, el 98,9% del alumnado de 3 años ha obtenido plaza en su primera opción, un porcentaje que, según ha advertido, “se verá significativamente disminuido” si se aprueba la norma.

Impacto en la escuela pública

Las consecuencias no se limitarían a la red concertada. Gimeno ha señalado que la ley impediría adaptar la oferta educativa a la demanda real, al obligar a mantener unidades incluso sin alumnado y bloquear la creación de nuevas aulas donde sí hay solicitudes suficientes.

Como ejemplos concretos, ha citado el Colegio Público Huertas Mayores de Tudela, donde 17 alumnos podrían quedarse sin plaza pese a haberla solicitado, o el caso de Falces, donde no se podría abrir una unidad de modelo D —enseñanza en euskera— pese a la demanda de 13 familias. Esta rigidez, ha explicado el Departamento, impediría realizar desdobles o ajustes habituales en función de la matrícula real, dificultando la planificación educativa.

Además, la norma podría afectar incluso a alumnado de cursos superiores —como 2º de Infantil, Primaria o 1º de ESO— si se aplica con rango legal, obligando a reorganizar plazas ya consolidadas.

Bloqueo en la planificación

En el plano organizativo, el consejero ha advertido de que la proposición obligaría a rehacer las plantillas docentes en pleno proceso de planificación del curso. Actualmente, los centros están configurando sus equipos con vistas a la adjudicación de contratos en junio, pero la aprobación de la ley dejaría en suspenso todo ese trabajo.

“Los centros no conocerían su plantilla ni el profesorado su destino”, ha señalado, recordando que una situación similar ya se produjo en 2012. Esta incertidumbre afectaría tanto a la estabilidad de los docentes como al normal inicio del curso escolar.

Desde el Departamento también se ha cuestionado el uso eficiente de los recursos públicos, ya que la obligación de mantener unidades sin demanda implicaría destinar fondos a aulas vacías, lo que podría entrar en conflicto con los principios constitucionales de eficacia y buena administración.

FP en suspenso

El impacto alcanzaría de lleno a la Formación Profesional. Según ha explicado Gimeno, la proposición de ley impediría ampliar la oferta educativa prevista para el próximo curso, bloqueando la creación de 33 nuevos grupos ya planificados.

Entre los ejemplos, ha citado la imposibilidad de implantar nuevos ciclos de Cocina y Restauración en la ETI San Juan de Tudela. Además, la norma podría obligar incluso a no ofertar el segundo curso de ciclos formativos ya iniciados, afectando a alumnado que actualmente cursa primero.

El consejero ha advertido de que esta paralización tendría efectos directos en el desarrollo económico y laboral de Navarra, al limitar la formación de perfiles profesionales demandados por el tejido empresarial.

Llegada de nuevo alumnado

Otro de los puntos críticos señalados por el Gobierno foral es el posible impacto sobre el derecho a la educación. La directora general de Personal, Begoña Unzué, ha advertido de que la imposibilidad de crear nuevas plazas impediría escolarizar a alumnado que llegue a Navarra fuera de plazo, lo que supondría una vulneración directa del artículo 27 de la Constitución.

Además, ha subrayado que el momento en el que se ha presentado la proposición —con el proceso de admisión ya avanzado y resoluciones publicadas— agrava sus efectos, al obligar a revisar decisiones ya adoptadas y generar un escenario de “caos” administrativo.

Gimeno ha concluido alertando de un “seísmo educativo de consecuencias difícilmente calculables” en el que, a su juicio, “la mayoría social de Navarra sale perdiendo”. El consejero ha reiterado su disposición al diálogo dentro de la legalidad, pero ha insistido en que la proposición actual constituye un “auténtico despropósito”.