Gimeno alerta de las "gravísimas consecuencias" de la ley para mantener conciertos educativos

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha comparecido este lunes a primera hora de forma urgente para adelantar las conclusiones del informe que su departamento ultima sobre la proposición de ley de UPN relativa a los conciertos educativos, advirtiendo de “gravísimas consecuencias” para el sistema educativo navarro si sale adelante, entre ellas posibles problemas de constitucionalidad, la repetición del proceso de matrícula y un impacto generalizado en alumnado, familias y profesorado, según ha enumerado.

Gimeno ha asegurado que la iniciativa presenta “evidentes visos de inconstitucionalidad” y ha señalado que existen “serias dudas sobre si dicha proposición es acorde al ordenamiento jurídico vigente”, por lo que ha considerado “incomprensible y democráticamente cuestionable” que pueda aprobarse una norma “que podría estar en contra de la Constitución y podría enfrentar contra el ordenamiento jurídico básico en materia de educación”. “Es, si me permiten la expresión, el mundo al revés y una perversión del sistema absoluto”, ha afirmado.

El consejero ha subrayado que, en caso de prosperar, la ley “tiene muchas posibilidades de ser recurrida” y ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios. En este sentido, ha criticado aspectos del texto que considera “absolutamente insólitos” al permitir que los propios centros beneficiarios de conciertos puedan ser "juez y parte" en la concesión de unidades concertadas.

Proceso de escolarización y plazas

El titular de Educación ha advertido de que una de las principales consecuencias sería la necesidad de repetir el proceso de escolarización para el próximo curso. Alerta de que, con la bajada de ratio en la educación concertada, muchos niños y niñas pueden perder la plaza que ya tienen asignada en centros de Pamplona y Tudela.

En este punto, ha concretado que alumnado de centros como San Ignacio, Liceo Monjardín, Irabia-Izaga o Miravalles-El Redín, así como Compañía de María en Tudela, podría verse afectado. Según ha explicado, la norma también tendría efectos en la red pública, citando casos en el Colegio Público Huertas Mayores y la imposibilidad de abrir una unidad de modelo D en Falces.

Recursos públicos y la planificación

A estas consecuencias ha sumado el impacto sobre el derecho a la educación, señalando que la norma impediría escolarizar a alumnado que llegue a Navarra fuera de plazo, lo que atentaría contra el artículo 27 de la Constitución. Asimismo, ha cuestionado la obligación de mantener unidades sin demanda, lo que impide una correcta planificación de recursos públicos.

En el ámbito organizativo, ha advertido que obligaría a rehacer las plantillas docentes, generando incertidumbre sobre los destinos del profesorado. Además, anticipa una caída en la libertad de elección de centro, dado que la asignación en primera opción podría descender de su actual 98,9%. Gimeno ha incidido en que la resolución definitiva prevista para el 11 de mayo dejaría de serlo.

Suspensión de la oferta en FP

En el ámbito de la formación profesional, la iniciativa obligaría a paralizar la nueva oferta prevista, suspendiendo 33 nuevos grupos planificados para el próximo curso académico. Esto afectaría a ciclos como los de cocina y restauración en la ETI San Juan de Tudela y perjudicaría el desarrollo económico de la Comunidad Foral de Navarra.

Gimeno ha concluido alertando de un escenario de “caos e incertidumbre” donde la "mayoría social de Navarra sale perdiendo". El consejero ha reiterado su mano tendida al diálogo siempre dentro de la legalidad, calificando la proposición actual como un "auténtico despropósito".