El debate sobre las adicciones vuelve a colarse en la agenda pública, esta vez desde el Parlamento de Navarra, que ha acogido una jornada centrada en repensar las políticas desde una mirada más humana, basada en derechos y evidencia. Bajo el título “Intervención en adicciones con enfoque de derechos: evidencia, práctica y políticas públicas”, el encuentro, impulsado por la Red de Atención a las Adicciones UNAD, ha reunido a especialistas, instituciones y entidades sociales para analizar los desafíos actuales.
Las adicciones ya no son lo que eran —y las respuestas tampoco deberían serlo. Así lo ha señalado el presidente del Parlamento, Unai Hualde, quien ha defendido que la evolución social exige también una transformación institucional. “Hay que seguir apostando por la prevención, pero también repensar cómo mejorar las políticas públicas”, ha afirmado, subrayando la necesidad de abrir espacios de reflexión conjunta con el tejido asociativo.
En la misma línea, el presidente de UNAD, Luciano Poyato, ha advertido de que “las políticas de adicciones no pueden construirse de espaldas a la realidad”, reivindicando el papel del tercer sector como puente entre la experiencia directa y la acción política. Por su parte, Itzal Puchol Martínez, del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, ha insistido en que la prevención solo funciona cuando es temprana, adaptada y comunitaria, poniendo el foco en factores estructurales como la desigualdad o el acceso al empleo.
El auge silencioso de las adicciones sin sustancia
Una de las alertas más repetidas durante la jornada ha sido el crecimiento de las adicciones comportamentales, especialmente el juego —tanto presencial como online—, con un impacto cada vez mayor entre jóvenes y adolescentes. Andrea Corera (ANTOX), Teresa Burgui (ARALAR) y Cristina Martín (ACOAD) han reclamado más regulación y controles eficaces para proteger a los colectivos más vulnerables.
Pero mientras emergen nuevas formas de adicción, las drogas siguen siendo un factor clave de exclusión social, han recordado, mostrando preocupación por su pérdida de peso en el debate público. Frente a ello, han defendido un refuerzo integral de todos los ámbitos de intervención: prevención, tratamiento, reducción de daños e inclusión social, con recursos estables y sostenidos en el tiempo.
Más recursos, menos estigma: claves para avanzar
Las entidades han sido claras: sin financiación adecuada, el sistema se precariza. Esto afecta directamente a la calidad asistencial, la estabilidad de los equipos y la continuidad de los procesos de recuperación. Por ello, han apostado por modelos más estables, como la acción concertada, que permitan planificar a medio y largo plazo.
Los datos reflejan la magnitud del trabajo: en 2024, estas organizaciones atendieron a 486 personas con adicciones, además de 101 familiares, 76 personas en orientación laboral y más de 1.700 en acciones preventivas.
Otro de los ejes clave ha sido la necesidad de mejorar la coordinación entre los sistemas sanitario, social, educativo y laboral, evitando respuestas fragmentadas. También se ha puesto el foco en las mujeres con adicciones, que enfrentan más barreras, estigma y, en muchos casos, situaciones de violencia. De media, tardan diez años más que los hombres en pedir ayuda, lo que agrava su situación al acceder a los recursos.
La jornada ha incorporado además el testimonio en primera persona de alguien que ha atravesado un proceso de recuperación, recordando que detrás de cada política hay vidas concretas.
El cierre ha sido un mensaje claro: situar a las personas en el centro, apostar por la reducción de daños y combatir el estigma siguen siendo pilares imprescindibles para construir respuestas eficaces. Porque hablar de adicciones, han concluido, es hablar de derechos, de salud pública y, sobre todo, de dignidad.
