La brecha social en Navarra sigue creciendo y “dejando a gente atrás”, alerta el Defensor del Pueblo

Patxi Vera, que ha comparecido este martes en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra para presentar el informe de la institución correspondiente al año 2025, ha señalado que este informe “recoge la voz, no del Defensor, sino de esos miles de personas que no se sienten bien tratadas por las Administraciones o que no ven reconocidos sus derechos”. “Una parte de esos casos pone en evidencia que la brecha de desigualdad social no solo no se termina de atajar, sino que sigue creciendo”, ha afirmado.

Vera ha señalado que “esto no es un buen síntoma para nuestra sociedad y para su futuro, ni por supuesto para los colectivos vulnerables que la padecen”.

El Defensor del Pueblo de Navarra realizó en 2025 un total de 5.654 actuaciones, 929 más que en 2024, lo que supone un aumento del 19,7%.

En el capítulo de quejas, el más numeroso fue el de Derechos Sociales, con un total de 284 quejas, lo que supone un aumento del 53% con respecto al año anterior. “Destaca la demora en la valoración de la discapacidad, con retrasos superiores al año y medio y que van a más. Hay que tomar medidas de choque. Si durante la pandemia se pudieron acometer medidas excepcionales para hacer frente a la tramitación de miles de ERTE, es cuestión de voluntad política poder dar salida a la acumulación de expedientes en el Departamento de Derechos Sociales”, ha señalado.

En el ámbito de la sanidad se registraron 264 quejas, un incremento del 31% respecto al año anterior. “Las quejas más numerosas se dieron por los retrasos en listas de espera de especializada y las demoras para obtener cita en Atención Primaria, si bien muchas de ellas fueron solucionadas al primer trámite y no fue necesario emitir resolución”, ha explicado Patxi Vera.

El capítulo de educación sumó 124 quejas, cifra idéntica a la del pasado año. Se referían a cuestiones como los servicios de transporte y comedor escolar, criterios y procesos de admisión en centros escolares, prácticas en Formación Profesional o “insuficientes” apoyos para alumnado con necesidades especiales.

En vivienda se registraron 102 quejas, un 16% más que el año anterior. “Sé que no estoy descubriendo nada nuevo, pero cuando se recibe la petición de ayuda de una familia para acceder a un piso y se conoce con detalle cuál es su situación, a uno se le encoge el corazón y le genera impotencia no poder hacer nada”, ha indicado.

Además, ha advertido de que “en nuestra sociedad existe racismo inmobiliario, hay una especie de síndrome de sospecha de aporofobia y a los niños y niñas no se les quiere ver ni en pintura cuando hablamos de un alquiler”. “Todo esto supone una flagrante desigualdad”, ha señalado.

Patxi Vera ha afirmado que “el mayor reto que tenemos como sociedad, ahora que estamos a tiempo, es la integración”. “Es verdad que tenemos muchos desafíos, muchos de ellos importantes, y podemos ver cómo la ciudadanía reclama sus derechos, pero tenemos también a la vista y en países muy cercanos cuáles son las consecuencias de no trabajar adecuadamente la integración social y económica, además de la diversidad cultural desde el respeto y la convivencia. Esa integración ha de llevarse a cabo fundamentalmente por derechos humanos y por humanidad”, ha señalado.

Por último, Patxi Vera ha expuesto, respecto al derecho a una buena administración, que “seguimos viendo casos de burocracia defensiva, de falta de empatía”. “La ciudadanía sigue viendo muchas administraciones como territorio hostil. La cita previa obligatoria se sigue exigiendo sin ningún respaldo legal. Sigue habiendo graves consecuencias por la brecha digital, y la dificultad de comprensión de normas y escritos es patente. Además, la petición de disculpas a la ciudadanía es una ‘rara avis’ y no digamos ya la absoluta falta de prácticas restaurativas”, ha comentado.

Las valoraciones de los partidos

En el turno de los grupos parlamentarios, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha lamentado “la autocomplacencia de casi todas las formaciones políticas que tienen responsabilidades de Gobierno”, ya que “nadie se da por aludido con los datos que ha trasladado el Defensor”. “Son las políticas de estas formaciones políticas las que terminan ofreciéndonos este resultado que ha presentado el Defensor, pero esto no va con ellos, se han quedado tan tranquilos”, ha criticado, para señalar que “cuando se habla de bienestar social, que es el ámbito que más quejas ha reunido, esto ya no va de burocracia, va de proteger derechos que tienen los ciudadanos”.

Desde el PSN, Arantza Biurrun ha destacado el papel del Defensor del Pueblo, que ejerce como “contrapeso en la relación de la ciudadanía con la Administración, protegiendo y mejorando los derechos y las libertades públicas de la ciudadanía navarra, en definitiva, garantizando lo que se llama el derecho a una buena Administración” y ha considerado que el Defensor “tiene toda la razón” cuando habla de que representa “la voz de las personas que no se sienten bien tratadas por las Administraciones”.

La portavoz de EH Bildu, Irati Jiménez, ha reconocido el trabajo que realiza el Defensor y ha destacado que “detrás de la queja hay mucho trabajo que no se ve y es lo que hace que la oficina lleve a cabo una atención más humana y más cercana”. Además, ha señalado que las quejas presentadas por los ciudadanos en cuestiones como dependencia o salud son el reflejo de lo que “preocupa” a la sociedad.

El portavoz de Geroa Bai, Javier Ollo, ha destacado el incremento de las actuaciones del Defensor y la “alta valoración” que recibe por parte de la ciudadanía. Ollo ha querido poner el foco en la protección de derechos en el ámbito digital. “Cada vez más personas ya de determinada edad se están encontrando con múltiples problemas para llevar a cabo cualquier trámite ante la Administración foral o local. Muchas administraciones están olvidando el trato presencial. Tenemos que poner especial énfasis en ello. Estamos dejando tirada a mucha gente que para cualquier trámite con la Administración tiene que pedir ayuda”, ha advertido.

Por parte del PPN, Irene Royo ha afirmado que la institución que encabeza Patxi Vera es “cada vez más un referente en la defensa de los derechos de los ciudadanos, ya que cada vez acuden más personas al Defensor y los temas que está tratando son cada vez más amplios en relación con los derechos que muchas personas ven vulnerados”. “Ha habido un incremento de las personas que acuden al Defensor del Pueblo, que es por la confianza en la institución, pero también por los problemas que están surgiendo de vulneración de derechos”, ha considerado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha reconocido que “preocupa” el incremento de las quejas en el ámbito de los derechos sociales. “Debemos ser conscientes de que los servicios sociales los tenemos tensionados por un envejecimiento de la población y por la llegada de personas migrantes, a las que las leyes de extranjería que tenemos están dejando en una situación muy compleja. No extraña que si no somos capaces de adaptarnos a cómo cambian las circunstancias de la sociedad a la misma velocidad que estas, evidentemente vemos tensionamientos y se reflejan en las quejas al Defensor del Pueblo”, ha afirmado.”