La bajera en la que tuvo lugar el acuchillamiento mortal de Kayle Villa Pons tiene pendiente una orden de desalojo por encontrarse en situación administrativa irregular, al carecer de cédula de habitabilidad que la convierta en un lugar adecuado para ser usado como alejamiento. Fuentes conocedoras del caso aseguran que la orden de desalojo dataría de octubre del año 2023.
La bajera estaba arrendada por el padre de la joven asesinada, Isidro Villar, que en 2022 la había acondicionado como alojamiento, tabicándola con pladur y creando en ella diversas habitaciones divididas en dos plantas, que media docena de personas tienen subarrendadas para vivir en ellas. En el local disponen de una cocina y de dos baños.
La situación administrativa irregular de la bajera habría motivado alguna actuación por parte de la Policía Municipal de Pamplona, según indicaron ayer vecinos de la zona, que había constatado que en ella residían habitualmente varias personas, a pesar de que el inmueble carece de cédula de habitabilidad, una circunstancia que había motivado la expedición de una orden de desalojo que se remontaría al mes de octubre de 2023, pendiente de ejecutar.
Según aseguró ayer el propio Isidro Villar, “llevo tiempo en contacto con un arquitecto para realizar el proyecto y poder conseguir la cédula de habitabilidad. Pero es un trámite caro y hasta ahora no he podido llevarlo adelante”.
