Unos 150 profesionales de la Abogacía del Colegio de Pamplona se han adherido al manifiesto que denuncia la situación de colapso en la que se encuentra la jurisdicción social en Navarra, que, igualmente ha sido remitido al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Superior de Justicia de Navarra y a la presidenta del Gobierno de Navarra.

Según figura en el citado manifiesto, las Plazas de la Sección Social del Tribunal de Instancia —los antiguos Juzgados de lo Social— están señalando ya los juicios de demandas recién presentadas para octubre y noviembre de 2027 y, en los próximos días, los primeros señalamientos llegarán al año 2028. Nunca antes se había registrado en la Comunidad Foral un retraso de esta magnitud en la jurisdicción social, advierten los propios letrados, que se han movilizado para exigir medidas correctoras al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Grave perjuicio

Esta situación anómala que evidencia una dilación indebida de los procesos ocasiona a la ciudadanía un grave perjuicio. En muchos casos, la resolución de procesos relativos a prestaciones de seguridad social como la de ingreso mínimo vital, prestaciones de incapacidad permanente, impugnación de altas indebidas en materia de incapacidad temporal, acceso a prestaciones de desempleo o situaciones de impago de salarios y un sinfín de situaciones personales, pone en juego el sustento de las familias.

"No se puede esperar 18 meses para conocer el sentido de la resolución porque la ciudadanía tiene necesidades que deben ser cubiertas con la mayor celeridad posible. Hemos llegado al punto de encontrarnos ante situaciones dramáticas de personas con enfermedades graves que no han llegado a conocer la resolución judicial, fuera el resultado que fuera, debido a la dilación en el señalamiento de juicios", advierten.

Según exponen en el manifiesto, que cuenta con la adhesión de unos 150 letrados y letradas, el marco legal no deja lugar a dudas sobre la gravedad de lo que ocurre, ya que el artículo 24.2 de la Constitución Española garantiza el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos exige que toda causa sea resuelta dentro de un plazo razonable.

Incremento de los asuntos

Aunque desde la abogacía se solucionan extrajudicialmente, o judicialmente mediante acuerdo, más de un 40% de los asuntos laborales, muchas materias no son susceptibles de acuerdo, como las relativas a materia de Seguridad Social, o cuando las posiciones de las partes no son conciliables y debe resolverse judicialmente la controversia. Pese a ello, se ha producido un incremento muy importante del número de asuntos que precisan la intervención judicial.

"En Navarra, las magistradas de las secciones de lo Social están resolviendo por encima del módulo establecido por el propio Consejo General del Poder Judicial, pero no son suficientes magistradas para evitar el retraso en los señalamientos", subrayan los abogados, que hacen hincapié en que los módulos numéricos del propio CGPJ justifican desde hace tiempo la creación de una nueva plaza en la Sección Social del Tribunal de Instancia y, aunque todos los profesionales implicados llevan años reclamándola, aún no se ha abordado su constitución.

Por su parte, los refuerzos temporales con jueces sustitutos que aliviaban parcialmente la situación han sido eliminados. Las magistradas en activo trabajan por encima del módulo de rendimiento establecido por el propio CGPJ, pero su esfuerzo no alcanza para absorber la carga sin demoras inaceptables.

Ante esta situación, la abogacía navarra lanza un llamamiento urgente al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y al Gobierno de Navarra para que adopten medidas concretas e inmediatas, la primera y más necesaria, la creación de la plaza de magistrado que los propios módulos del CGPJ ya exigen.