“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Con esta sentencia de Séneca, escrita hace veinte siglos, inicia un manifiesto el Colegio de Abogados de Pamplona sobre la situación de la jurisdicción social en Navarra. Las Plazas de la Sección Social del Tribunal de Instancia –los antiguos Juzgados de lo Social– están señalando ya los juicios de demandas recién presentadas para octubre y noviembre de 2027 y, en los próximos días, los primeros señalamientos llegarán al año 2028. Nunca antes se había registrado en la Comunidad Foral un retraso de esta magnitud en la jurisdicción social, advierten los propios letrados, que se han movilizado para recabar adhesiones entre los profesionales laboralistas para exigir medidas correctoras al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta situación anómala y que evidencia una dilación indebida de los procesos, ocasiona a la ciudadanía un grave perjuicio. En muchos casos, la resolución de procesos relativos a prestaciones de seguridad social como la de ingreso mínimo vital, prestaciones de incapacidad permanente, procesos de impugnación de altas indebidas en materia de incapacidad temporal, acceso a prestaciones de desempleo o situaciones de impago de salarios y un sinfín de situaciones personales, pone en juego el sustento de las familias. “No se puede esperar 18 meses para conocer el sentido de la resolución porque la ciudadanía tiene necesidades que deben ser cubiertas con la mayor celeridad posible. Hemos llegado al punto de encontramos ante situaciones dramáticas de personas con enfermedades graves que no han llegado a conocer la resolución judicial, fuera el resultado que fuera, debido a la dilación en el señalamiento de juicios”, advierten.

Derecho constitucional

El marco legal no deja lugar a dudas sobre la gravedad de lo que ocurre. El artículo 24.2 de la Constitución Española garantiza el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos exige que toda causa sea resuelta dentro de un plazo razonable. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el asunto Unión Alimentaria Sanders contra España, ya declaró en 1989 inadmisibles las dilaciones estructurales provocadas por la sobrecarga de los órganos judiciales. Lo que hoy sucede en Navarra encaja con precisión en esa definición.

Desde la abogacía se solucionan extrajudicialmente, o judicialmente mediante acuerdo, más de un 40% de los asuntos laborales, pero muchas materias no son susceptibles de acuerdo, como las relativas a materia de Seguridad Social, o cuando las posiciones de las partes no son conciliables y debe resolverse judicialmente la controversia. Pese a ello, se ha producido un incremento muy importante del número de asuntos que precisan la intervención judicial. “En Navarra, las magistradas de las secciones de lo Social están resolviendo por encima del módulo establecido por el propio Consejo General del Poder Judicial, pero no son suficientes magistradas para evitar el retraso en los señalamientos”, subrayan los abogados.

Pendientes del nuevo juzgado

El origen del colapso es conocido y repetidamente denunciado. Los módulos numéricos del propio Consejo General del Poder Judicial justifican desde hace tiempo la creación de una nueva plaza en la Sección Social del Tribunal de Instancia y, aunque todos los profesionales implicados llevan años reclamándola, aún no se ha abordado su constitución.

Por su parte, los refuerzos temporales con jueces sustitutos que aliviaban parcialmente la situación han sido eliminados. Las magistradas en activo trabajan por encima del módulo de rendimiento establecido por el propio CGPJ, pero su esfuerzo no alcanza para absorber la carga sin demoras inaceptables.

La reciente Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia tampoco está ayudando. Con igual o mayor número de asuntos, se han reducido los medios personales y reorganizado oficinas y procesos de trabajo, deshaciendo años de rodaje institucional. El resultado previsible, denuncian los operadores jurídicos navarros, es más retraso y un riesgo real de merma de las garantías procesales.

Ante esta situación, la abogacía navarra lanza un llamamiento urgente al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y al Gobierno de Navarra para que adopten medidas concretas e inmediatas. La primera y más necesaria es evidente: crear la plaza de magistrado que los propios módulos del CGPJ ya exigen. Mientras esa decisión no se tome, la justicia seguirá llegando tarde.