Unas horas antes de que el BCE pidiera retirar las “injustificadas” ayudas energéticas -entre las que incluye, aunque no lo citó, la ‘excepción ibérica’-, el Consejo y el Parlamento Europeo pactaron una reforma del mercado eléctrico que tendrá como objetivo que los precios de la energía dependan menos de los combustibles fósiles, al mismo tiempo que se incrementa la aportación de las energías renovables.
De madrugada y tras una larga y enconada negociación por los distintos puntos de vista de Francia y Alemania -las dos economías europeas más relevantes-, llegó un acuerdo que tendrá que ser validado ahora tanto por el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, como por el pleno de la Eurocámara. Como suele ocurrir con los grandes acuerdos en Europa, este también llegó tras dos crisis insospechadas, en esta ocasión la de precios de la energía de 2021 tras la pandemia y la de 2022 por la invasión rusa de Ucrania. Episodios que convulsionaron todo el abastecimiento energético a Estados, familias y empresas. La inflación registrada en las facturas de luz y gas ha sido uno de los principales problemas a nivel macro y microeconómico, puesto de manifiesto especialmente tras comprobar la alta dependencia europea del petróleo que bombea Rusia.
El acuerdo contempla una serie de criterios que deberán permitir que el Consejo, a propuesta de la Comisión Europa, declare una crisis energética cuando se disparen los precios mayoristas y minoristas de la electricidad. Se abre así la puerta a una intervención pública del mercado eléctrico con tres objetivos: estabilizar precios, garantizar el suministro a todos los consumidores, especialmente los más vulnerables, y proteger a estos de “distorsiones indebidas del mercado interior”, explicó el Consejo Europeo en un comunicado.
El Consejo y el Parlamento también acordaron reforzar las medidas que deben implementar los estados miembros para “proteger a los clientes vulnerables”, lo que implicará la necesaria definición de un baremo de pobreza energética que justifique las actuaciones públicas. “La protección al consumidor aumenta y mucho”, valoró el socialista Nicolás González Casares que ejerció como negociador jefe por la Eurocámara. El pacto es una continuación del acuerdo alcanzado en el seno de las instituciones europeas el pasado mes y que, con carácter general, busca una regulación centrada en mejorar la protección contra la manipulación del mercado a través de una mejor transparencia.
El nuevo acuerdo da a los Estados miembro la posibilidad de apoyar exclusivamente la compra de nueva generación renovable cuando las condiciones lo permitan y en línea con los planes de descarbonización de los países. No obstante, también se garantizará que, en caso de que la producción de renovables no sea suficiente para asegurar el suministro, se ayude a las centrales a la hora de producir la energía necesaria.
El mayor escollo apareció en el enfrentamiento entre Francia y Alemania a propósito de los contratos por diferencia, un complejo proceso que París quería aplicar a su extensa red nuclear y que Berlín veía como un mecanismo que daba al país galo una posición de ventaja a la hora de generar energía más barata. Finalmente, el acuerdo refleja que esos contratos, para ser aplicados, deberán contar con el beneplácito de la Comisión Europea, que los analizará en virtud del régimen de ayudas de Estado. El Gobierno español, que ostenta la presidencia semestral de la UE y presionó para sellar la reforma, se apresuró a saludar la consecución del pacto, que Pedro Sánchez calificó de “extraordinaria noticia” para hogares y empresas.
