PAMPLONA. La familia Celaya, de Pamplona, se ha encontrado estos días con una curiosa misiva de la Administración Foral. Ha recibido la tarjeta que acredita la condición de discapacidad de su padre, Agustín Celaya Navarro. Es una más de las cientos de tarjetas que está enviando el departamento de Políticas Sociales a un sector de la población que desde hace años espera poder disponer de este documento que le acredita una situación y le facilita poder demostrarla ante quien o donde haga falta. Hasta aquí, todo normal. Lo fuera de lo normal es, este caso, que a Agustín Celaya Navarro esta tarjeta ya no le sirve para nada por la sencilla razón de que, lamentablemente, falleció hace 31 años y nunca vio reconocido derecho alguno tras quedar con una minusvalía como consecuencia del incendio registrado en la fábrica pamplonesa en la que trabajaba.

Los hijos de Agustín no salen de su asombro y quieren difundir este hecho, que consideran una “metedura de pata” de la directora gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, a quien indican que “al recibir esta notificación de la agencia de la cual es usted gerente, a principios de este año 2015, no podíamos dar crédito a dichas líneas”. “Los hijos del titular de la tarjeta no entendemos que, después de 31 años del fallecimiento de nuestro padre (27 de abril de 1984), sea ahora cuando se le otorgue la citada tarjeta”. Y añaden, “de verdad que no sabemos como aceptarla, si como una broma de muy mal gusto, o como una absoluta incompetencia administrativa de la burrocracia foral”.

Los hijos de Agustín Celaya relataron a este periódico que su padre “sufrió un gravísimo accidente laboral junto a unos cuantos compañeros en el incendio de la fábrica del Gaucho (Rochapea), el 5 de enero de 1953”. Después del fatídico accidente, “y tras dos años de lucha con la ayuda de los medios sanitarios de la época de la Clínica San Juan de Dios, con 37 años y cuatro hijos, se quedó impunemente en la calle, ya que en aquellos años las leyes no daban protección jurídica laboral, ni había prestaciones de ningún tipo para él y su familia”.

Aclaran que el objetivo de esta denuncia pública “no es volver a analizar las responsabilidades de ese accidente, sino afirmar que, efectivamente y tras el accidente, contrajo una discapacidad física que ahora le están reconociendo, 31 años después de fallecido”.

Tras el accidente y habiéndole quedado secuelas físicas que le impedían realizar otro tipo de trabajo, “nuestro padre -añaden- comenzó a trabajar de cobrador de recibos de entidades pamplonesas a domicilio (Club Natación, Oberena, su querida peña Muthiko Alaiak de la que era socio), así como de casas comerciales”. Cerca ya de los años 80, el cambio de los cobros mediante domiciliaciones bancarias, le llevó a Agustín a una jubilación anticipada.

Tres años después, a la edad de 67 años, falleció. Era el 27 de abril de 1984. “El próximo día 20 de enero hubiese cumplido 98 años”, recuerdan sus hijos quienes piensan que “posiblemente Agustín está sumamente agradecido por el detalle que han tenido” los responsables de Políticas Sociales, “al otorgarle la tarjeta del grado de discapacidad después de 31 años ausente”.