Una auditoría revela múltiples irregularidades en la gestión de Jesús Esparza (UPN) al frente de la Mancomunidad de Sangüesa

pamplona - La Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa se ha destapado como el último caso de deficiente gestión por parte de UPN. Así lo pone de manifiesto la auditoría encargada para poner en orden este organismo, a la que ha tenido acceso este periódico, y que es sencillamente demoledora con el trabajo realizado por el regionalista Jesús Esparza Iriarte, que presidió este ente comarcal desde 2008 hasta 2015.

El informe realizado por BDO Quota Auditores SL, correspondiente a la última legislatura de Esparza (2011-15), saca a la superficie un trabajo repleto de irregularidades que incluso dificulta determinar si su desastrosa gestión es consecuencia de la dejadez, de haber desatendido la Mancomunidad por la acumulación de cargos que llegó a desempeñar o si pudo incurrir en alguna ilegalidad en beneficio propio o de terceros.

Esparza es alcalde de Cáseda desde 1999 por la agrupación San Zoilo, afín a UPN; ha sido parlamentario de UPN entre 2009 y 2011 y desde 2012 a 2015, además de presidir la Mancomunidad de Sangüesa durante los siete años mencionados y pertenecer a la ejecutiva de la formación regionalista bajo la presidencia de Yolanda Barcina.

La auditoría ahora conocida, que ya ha sido entregada a los 19 entes locales que integran la Mancomunidad de Sangüesa, fue encargada por el equipo que dirige este órgano desde julio de 2015. Entonces, Esparza quiso optar a la reelección, pero fue derrotado por Lucía Echegoyen, de la Agrupación Progresista de Sangüesa. Esparza llegó tan desgastado al momento de la votación que solo recibió tres votos de los 38 asambleístas, por los 19 de Echegoyen y los 11 de Javier Solozábal, de la Agrupación Independiente de Sangüesa. Dado que los estatutos impiden que el presidente y el vicepresidente sean de la misma localidad, Esparza es el actual vicepresidente pese al nimio respaldo recibido.

El nuevo equipo de gobierno no tardó en detectar el caos que había recibido como herencia, de ahí que decidiera encargar esta auditoría, no sin antes haber intentado que esta tarea la hiciera la Cámara de Comptos, que no pudo atenderla por la acumulación de trabajo. Prueba de que la situación no era la más idónea es que Esparza ni siquiera logró que le aprobaran las cuentas de 2014, pese a haber gozado de una cómoda mayoría durante su mandato.

inversiones SIN SOPORTE LEGAL De todo el catálogo de despropósitos cometidos en esta Mancomunidad, seguramente el más grave hace referencia a las inversiones realizadas durante el periodo analizado. La de mayor cuantía, que ascendió a 454.679 euros, fue para acometer un ramal a Gabarderal en el año 2012.

En esta obra, la auditoría revela el incumplimiento de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos, después de que no exista constancia de que se constituyera la mesa de contratación, pese a ser obligatoria por tratarse de una inversión superior a los 300.000 euros. Tampoco existe el preceptivo informe que razone la necesidad o conveniencia de firmar el contrato y, quizá lo más grave, de que se sometiera a la concurrencia pública, por lo que cabe deducir que se adjudicó a dedo.

La auditoría advierte, en el apartado de incidencias detectadas, que todas las inversiones, excepto una, se hicieron de esta peculiar manera. Es decir, sin constituir una mesa de contratación, sin el informe que razone la conveniencia de hacerla, sin que exista certificación con la documentación de los candidatos a participar de estas obras y sin que haya constancia de que se abriera el procedimiento para que pudieran concurrir más empresas.

Además, en el caso de los 46.510 euros gastados para adecuar una zona de contenedores en 2014, el informe subraya que “la Mancomunidad no ha facilitado ningún tipo de documentación, por lo que no se ha podido verificar si se cumple la legislación vigente”.

la relación con las empresas Otro de los aspectos llamativos de la auditoría hace referencia a la cuando menos atípica relación de la Mancomunidad con las empresas de la zona.

En este trabajo de fiscalización se hace constar que ni se ha facilitado la documentación que incluya la aprobación del canon por la recogida de residuos industriales, ni el contrato que debería haberse firmado con Reciclados Sangüesa en el que conste el precio que debe facturarse a las empresas. El contrato facilitado a los auditores es de 2009, tiene una periodicidad anual y ha sido prorrogado hasta 2015.

“No nos han facilitado ninguna documentación referente al concurso público de adjudicación del contrato, ni documentación alguna referente a las prórrogas realizadas del contrato durante los años auditados”, subraya el informe.

Hay que tener en cuenta que esta firma se encarga de gestionar el residuo sólido urbano, el envase ligero, el cartón y la denominada ecozona, lo que supone al órgano mancomunado un gasto de casi 400.000 euros de los 2,1 millones presupuestados para todo el ejercicio de 2017.

Algo parecido ocurre en la relación de la Mancomunidad con FCC Aqualia, la empresa que gestiona desde 2014 el suministro del agua y que controla los consumos. La auditoría es concluyente. “No se nos ha facilitado un informe razonando la necesidad o conveniencia del contrato; el pliego de cláusulas administrativas generales no cumple la legislación vigente, ya que no incluye la información mínima requerida por ley; no hemos visto el certificado de presentación de proposiciones que debe remitir la oficina receptora al secretario de la Mesa de Contratación; y toda la documentación se encuentra sin firmar”.

SIN BASE DE DATOS Ejemplo de hasta dónde pudo llegar la dejadez en la gestión durante el mandato de Esparza es que la Mancomunidad no tenía “una base de datos con la que verificar si existen usuarios y negocios que no pagan las tasas”.

Esta falta de control detectó, ya en 2015, que 120 beneficiarios de los servicios que presta este órgano no habían pagado ni un euro por la sencilla razón de que no les giraba ningún recibo. Es verdad que fue Esparza quien inició la tarea de actualizar dicha base de datos en la recta final de su mandato, pero ha tenido que ser el actual equipo directivo el que se ha visto en la obligación de reclamar estos pagos con efectos retroactivos de los últimos cuatro años.

No hace falta decir los quebraderos de cabeza que ocasiona a los 120 usuarios que de repente se han visto con una deuda que por término medio puede rondar los 400 euros.

El descontrol era tan exagerado que desde 2011 solo hay constancia de que un negocio se ha dado de alta en el servicio de recogida de basuras de la Mancomunidad, pese a ser varias decenas los que se han puesto en marcha en este cuatrienio. En estos negocios tampoco se verificó si los metros cuadrados del local se corresponden con la realidad.

Además, la auditoría revela que desde 2012 a 2014 se aplicaron tarifas errónea a entre 12 y 15 clientes por importes que van desde los 146 euros anuales a los 195.

descomunal sobrecoste Más escandaloso es el caso que ha padecido Industrias Cárnicas SA, la conocida firma Argal, que a quien “le están facturando una tarifa de 6.800 euros anuales, cuando el importe que le correspondería sería de 305,54 euros”. “No hemos obtenido justificación del motivo de aplicación de esta tasa”, se dice en la auditoría sobre este descomunal sobrecoste.

A esta clamorosa ausencia de rigor en la gestión ordinaria de la Mancomunidad sin duda contribuyó el despido del secretario, que hacía funciones de gerente. En el informe no hay mención que razone las causas de la extinción de su contrato, pero sí que fue indemnizado con 51.079,61 euros en el año 2013.

Quizá en este despido resida parte de las razones por las que todas las reuniones de la comisión, donde participan ocho de los 38 asambleístas, se realizaran “fuera del plazo establecido”.

En esta deriva, también se incumplieron los plazos para la aprobación de las cuentas generales por parte de la asamblea en tres de los cuatro años analizados.

Además, tampoco fue publicada en el BON la modificación presupuestaria por valor de 188.000 euros, realizada en 2012, para la adquisición de un camión (162.00 euros) y para las obras del ramal a Gabarderal (26.000 euros).

No fue en el único ejercicio que se alteraron los presupuestarios sin dejar constancia de ello en el BON. En 2014 ocurrió lo mismo con una modificación por importe de 52.000 euros, mientras que en 2013 sí se publicó en el BON la modificación de 129.052 euros, pese a “no hubo aprobación definitiva por no existir votos suficientes en la Asamblea de la Mancomunidad”.

El desorden que denuncia la auditoría es tan generalizado que no se han aportado las actas correspondientes ni de la asamblea general de los años 2011 y 2012, ni de las reuniones de la comisión permanente de los ejercicios de 2011, 2012 y 2013.

19 entidades locales. La Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa está integrada por 17 Ayuntamientos: Aibar/Oibar, Cáseda, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentxu, Javier, Leache, Lerga, Liédena, Lumbier, Petilla de Aragón, Romanzado, Sada, Sangüesa/Zangoza, Urraúl Alto, Urraúl Bajo, Yesa y dos concejos: Gabarderal y Rocaforte. Da servicio a unas 10.000 personas.

Sus servicios. Cuatro son los servicios que presta la Mancomunidad: abastecimiento de agua, recogida y tratamiento y aprovechamiento de residuos urbanos, servicios sociales de base y protección del medio ambiente.

Un presupuesto de 2,1 millones. El presupuesto para 2017 asciende a 2.139.540 €, de los cuales 144.198 € corresponden a Gastos Generales de funcionamiento; 659.548 € se destinan al Servicio Social de Base, 599.186 € al suministro de agua y 784.500 € a la recogida de residuos. Quedaron aprobados por 17 votos a favor, 8 abstenciones y 8 votos en contra.xxxxxx

Llegó a desempeñar cuatro cargos simultáneos. Jesús Esparza Iriarte presidió la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa desde 2008 hasta el verano de 2015. No fue el único cargo que desempeñó en estos siete años. Entre 2009 y 2011 y desde 2012 hasta 2015 fue parlamentario foral de UPN, partido del que fue miembro del Comité Ejecutivo durante el mandato de Yolanda Barcina (2009-14). Además, es alcalde de Cáseda de forma ininterrumpida desde 1999, pese a tener su residencia habitual en Pamplona.