El tribunal condena a De Miguel a 13 años de prisión por “enriquecimiento personal”

vitoria-gasteiz - Un año después de quedar visto para sentencia, ayer se dio a conocer por fin el fallo del caso De Miguel, que se salda con penas relativamente altas para los cabecillas de la trama de corrupción pero muy lejos de las peticiones de la Fiscalía. Así, la Audiencia de Álava condena al ex diputado foral, Alfredo de Miguel Txitxo, a 13 años de prisión, y a los exdirigentes del PNV en el herrialde, Koldo Otxandiano y Aitor Telleria, a siete años y medio y seis años y medio, respectivamente.

De Miguel cumplirá un máximo de nueve años y Otxandiano un máximo de seis y nueve meses. Además de las condenas de prisión a los tres exburukides, otros 12 de los 26 procesados afrontan penas que van desde la cárcel hasta inhabilitaciones para cargos públicos, mientras que 11 han sido absueltos.

En un caso que entre el comienzo de la instrucción y el desenlace se ha demorado durante una década, el fallo de la sala de la Audiencia presidida por la magistrada Elena Cabero está marcado por el atenuante de dilación indebida, que ha rebajado sustancialmente la petición del fiscal Josu Izaguirre, que reclamaba 29 años para De Miguel, 13 para Otxandiano y 13 para Telleria. Finalmente, los tres han sido condenados en una sentencia extensísima -de más de mil folios- por numerosos delitos de corrupción, en concreto, malversación, prevaricación, cohecho, blanqueo, asociación ilícita, falsedad documental y tráfico de influencias.

Sin embargo, han resultado absueltos de los cargos de coacción que pesaban sobre ellos, y que fueron el origen de la investigación en 2009 al denunciar la empresaria Ainhoa Alberdi un supuesto chantaje de los cabecillas de la trama, que le habrían reclamado una cantidad de 100.000 euros para intermediar en un contrato para la ampliación del Parque Tecnológico de Álava.

a prisión Entre el resto de condenados por el caso De Miguel, y siempre pendiente de los posteriores recursos, deberían entrar en prisión el exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles (siete años y un mes); el exconcejal del PNV en Leioa, Iñaki San Juan (cinco años y tres meses); el empresario Josu Montes (cuatro años y cuatro meses) y el constructor Jon Iñaki Etxaburu (dos años y cinco meses). Entre los absueltos destacan Aintzane de Miguel, hermana del principal condenado, que era secretaria de Kataia Consulting, empresa que fue el núcleo de la red delictiva que basó sus operaciones en el Parque Tecnológico de Miñano.

En la sentencia queda demostrada la existencia de una “trama” ideada por De Miguel, Telleria y Otxandiano en el segundo trimestre de 2005 para el “enriquecimiento personal” de sus integrantes, que emplearon su condición de dirigentes del PNV con el objetivo de obtener un “ilícito beneficio económico”.

De esta manera, el tribunal se limita en el fallo a hablar de actuaciones personales de los condenados y exime a este partido de responsabilidad en la red, así como de cualquier tipo de beneficio directo o indirecto de las actividades de Alfredo de Miguel y el resto de exdirigentes condenados, que dimitieron de sus cargos en 2010 tras ser detenidos por corrupción y entregaron sus carnés de afiliados tras la demanda explícita de Iñigo Urkullu, entonces presidente del EBB.

Al contrario que en otras tramas de corrupción que han salpicado a partidos políticos como la Gürtel del PP -en la que la formación fue condenada por lucro indebido y financiación irregular-, en este sumario el PNV no aparece como beneficiario ni en la instrucción ni en la condena. Así, no hubo relación entre las actividades ilegales de Alfredo de Miguel y la dirección jeltzale, que desconocía la existencia de la trama organizada por sus exdirigentes en Álava. Tampoco existió red clientelar alguna, como sí se investigó en otro caso de corrupción de gran envergadura en el Estado, el de los ERE, cuya reciente sentencia ha sido un varapalo para el PSOE andaluz.

perjuicio al gobierno vasco Lo que sí se produjo es un perjuicio en fondos públicos del Gobierno Vasco, institución a la que la trama defraudó un total de 146.000 euros en partidas de la Consejería de Cultura y Juventud.

En lo tocante a los acusados con responsabilidades en el Gobierno Vasco, Sánchez Robles recibe una de las condenas más altas del proceso, de más de siete años de cárcel, por delitos continuados de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y asociación ilícita. Por otra parte, sale absuelto Gurutz Larrañaga, exviceconsejero de Cultura y Juventud en la etapa de Juan José Ibarretxe y el acusado con cargo de mayor responsabilidad en el organigrama de Lakua en el momento en que sucedieron los hechos.

En resumidas cuentas, el fallo acredita que De Miguel, Telleria y Otxandiano se aprovecharon de su “influencia” y sus “contactos políticos” para obtener comisiones ilícitas por parte de empresarios, así como adjudicaciones indebidas de contratación pública.

Asimismo, también han sido condenadas las mujeres de De Miguel y Otxandiano, Ainhoa Bilbao e Iratxe Gaztelu-Urrutia, respectivamente, aunque no ingresarán en prisión al ser sus penas de año y medio.