donostia - La eutanasia regresa al debate público, aunque todavía nadie sabe si lo hará para quedarse definitivamente. La proposición de ley socialista no es nueva. Llega al Congreso por tercera vez tras dos intentos frustrados en menos de dos años, que no salieron adelante por una tormenta política incesante que condujo a la disolución de las Cortes. Ahora que escampa, aflora el inaplazable debate.

La pasada semana, tras superar el primer filtro parlamentario, la eutanasia se convirtió en la primera proposición de ley de la legislatura que pasa ahora a la comisión de Sanidad, y que podría estar lista para junio. El entusiasmo del gobierno de coalición, más allá de la previsible cerrazón de los partidos de la oposición, contrasta en todo caso con la desconfianza e incluso "el enfado" que muestran familias que ven que "en este país no se muere bien". Reclaman el reconocimiento de "un derecho usurpado".

Iñaki Olaizola es un entusiasta colaborador de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente en Euskadi (DMD). En realidad es vicepresidente, aunque no es amigo de jerarquías y menos al abordar una realidad como la muerte que, se quiera o no, a todos iguala. "Pensar que no va a llegar en un signo de inmadurez. En realidad, la gente no tiene miedo a morir, le tiene miedo a morir mal, algo que desgraciadamente ocurre y que puede ser evitable". A pesar de reconocer el esfuerzo realizado para que la proposición de ley vuelva al Parlamento, admite cierto poso amargo por el tiempo transcurrido.

La sesión en el Congreso generó un bronco debate en el que los partidos de la oposición acusaron al PSOE de querer ahorrar, legalizando la eutanasia, el coste de la atención a personas mayores y enfermos crónicos. Dialécticas "estériles". Ruido de fondo para personas como Olaizola, que cursó Antropología orientada precisamente hacia el debate sobre la eutanasia en la sociedad vasca.

Lleva quince años reuniéndose semanalmente con otros miembros de la asociación para reflexionar sobre la recta final de la vida. Se toma la muerte, el morir bien, muy en serio. "Nos sentimos defraudados y enfadados porque estamos ante un abuso del ejercicio democrático de poder. No hay nada nuevo en la propuesta de ley, nada que no se haya debatido con anterioridad sin haber dado un solo paso adelante". Teniendo en cuenta, añade, "que estamos hablando de un derecho prejurídico".

La proposición de ley nace "para ayudar a morir a los que padecen una enfermedad incurable, que les genera un sufrimiento y un dolor que les resulta insoportable". A la espera del recorrido de las enmiendas, reconoce un derecho "libre de cualquier presión social, económica y familiar".

tiempo sustraído Sin restar importancia al paso que se quiere dar, el vicepresidente de DMD insiste en que es mucho el tiempo sustraído a la sociedad, con "miles de muertes y enorme sufrimiento", a su entender, por la injerencia del poder en lo que entiende una decisión personal. "La gran especialización de la Iglesia católica es la muerte. Ya nos los decía Victor Hugo: mueve más a un pueblo un cura que cien soldados. Nos han inoculado el terror en relación a la muerte, algo que tanto nos ha condicionado desde la infancia". Ahora es otro poder, el Estado, el que quiere dar el paso al frente. El pleno del Congreso aprobó, por 201 votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones, la toma en consideración de la proposición de ley. "Bienvenida sea si todo sigue adelante, pero desde luego que no nos vamos a poner a dar saltos de alegría", admite Olaizola.

quién y cómo Toda persona mayor de edad con nacionalidad española o residencia legal en el Estado y en plena capacidad de obrar y decidir podrá solicitar y recibir ayuda para morir. Lo tiene que hacer de forma autónoma, consciente e informada, demostrando padecer una enfermedad grave e incurable, una patología crónica e invalidante causante de un sufrimiento físico o psíquico intolerables. El problema, tal y como está diseñada la propuesta, es el largo proceso que aguarda a quien no puede esperar ni un día. Además de tener que recibir autorización de dos facultativos, la ley prevé también la existencia de una Comisión de Control y Evaluación para comprobar si se dan las condiciones necesarias para solicitar y recibir la ayuda.

La donostiarra Marta Barandiaran Forcada entiende que este largo trámite puede convertirse en un calvario poco funcional. "Que después del visto bueno de dos médicos haya que pasar por una comisión de control, no se ha planteado en ningún otro lugar. No tiene nada que ver con lo que ocurre en países como Holanda o Bélgica, lo que, desde luego, va a dificultar mucho todo el proceso".

Barandiaran ha dedicado su vida laboral a la medicina, que dejó de ejercer hace un año por jubilación. "Siempre lo decíamos. Muchos médicos pensábamos que ya era hora de atender a tantas personas ante situaciones de sufrimiento horribles. Nos preguntábamos hasta dónde íbamos a llegar. Ahora al menos habrá un soporte legal. Sabemos que hay una proposición de ley en curso, pero nos dicen que tras el aval de dos médicos hay que pasar por una comisión cuyos miembros designa cada Comunidad Autónoma".

Atendiendo al actual reparto de fuerzas políticas, teme que se pueda romper el principio de equidad entre diferentes territorios del Estado. "Es curioso que se hable de respetar la libertad del enfermo cuando lo que demuestra toda esta serie de requisitos es una tremenda desconfianza. ¿Acaso no es suficiente con el visto bueno de dos médicos?", se pregunta Barandiaran.

Cuando una persona vive un sufrimiento tan insoportable y solo encuentra alivio en la muerte, cerrarle esa puerta o ponerle trabas supone una "tremenda falta de dignidad humana". Así lo entiende Olaizola. "Me desagrada mucho que se aborde esta realidad desde el punto de vista de Salud y no tanto de Justicia. Cuando ansías la muerte, estamos hablando de un derecho democrático y no sanitario. Muchos quisiéramos que fuera la persona más querida la que nos acompañase en ese momento, y no un médico vestido de blanco".

El antropólogo defiende que las personas tienen derecho, que no obligación, a ayudar a morir. Se muestra preocupado por "la legión de personas" que por no haber dejado su testamento vital pueden quedar en situación de desamparo, ya que la norma no aborda esta cuestión. "No hay más que darse una vuelta por centros residenciales para comprobar la cantidad de gente que se queda condenada a estar viva, que no a vivir. No haber dejado por escrito cómo se quiere morir responde muchas veces más bien a desidia. Debería hacerse un esfuerzo público por mejorar la calidad de la muerte. En Donostia y Gipuzkoa, donde tanto se proclama que se vive bien, se debería hacer mayor esfuerzo para decir que también se muere bien, algo que no ocurre actualmente".