Representantes de la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) han mostrado este martes en el Parlamento foral su rechazo a que el traspaso de la competencia de Tráfico a Navarra conlleve que la Policía Foral asuma esta labor en exclusiva. La reivindicación fue trasladada por dos miembros de este colectivo en una sesión de trabajo en la Cámara solicitada por Navarra Suma, Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra y celebrada a puerta cerrada por petición de los integrantes del Instituto Armado.
Durante la comparecencia, convocada para que informaran sobre la situación de los guardias civiles y sus familias en Navarra, la Aprogc defendió que el control de las carreteras, que en la actualidad se reparten entre Policía Foral y Guardia Civil, funciona bien de forma coordinada. No obstante, el reparto de esta tarea no es equitativo, ya que de los aproximadamente 1.600 guardias civiles desplegados en Navarra, solo unos 200 se encuentran adscritos a la unidad de Tráfico, por lo que los miembros del cuerpo autonómico asumen más carga de trabajo en las carreteras. Una tarea que a futuro ejercerán en exclusividad a futuro, después de que se materialice el traspaso de esta competencia. Dicho traspaso está previsto para finales de este año, aunque no tiene fecha fija.
PROBLEMAS DE CONVIVENCIA
Durante la comparecencia en el Parlamento, la Aprogc también mencionó los "problemas de convivencia" que detectan en Navarra y que reflejaron después en un comunicado en el que pidieron "redoblar los esfuerzos" para "acabar con toda conducta de odio a los guardias civiles" y que se produzca "una verdadera integración de los mismos en la sociedad".
"Los guardias civiles deben ser ciudadanos de pleno derecho, sin que deban verse ni vejados, ni acosados, ni agredidos por el simple hecho de ser servidores públicos", defendieron los representantes de esta asociación.
Añadieron que "aquellos grupos políticos que defienden un modelo policial en Navarra en el que no tiene cabida la Guardia Civil, que lo hagan por medios estrictamente democráticos, absteniéndose de impulsar o tolerar ningún tipo de conducta de odio hacia las personas que formamos parte de la institución".
Mencionaron Alsasua como uno de los lugares donde existen problemas de convivencia. Al respecto, eludieron valorar si el caso Altsasu, por el que ocho jóvenes llegaron a estar en el cárcel, era terrorismo y tampoco se pronunciaron sobre la desproporción de las penas que cumplieron los acusados, pero sí señalaron que se trata de "un caso grave".
