Los planes del Gobierno central para implantar peajes en las autovías a partir del año 2024 no tendría ninguna afectación en la Comunidad Foral, ya que Navarra ostenta la competencia sobre todas las vías de alta capacidad, es decir, es soberana para decidir sobre el cobro en ellas. La única excepción es la AP-68 (Autopista Vasco-Aragonesa), que es la única vía de titularidad estatal, pero que ya es de pago en la actualidad.
Así lo ha recordado este viernes en el Gobierno foral, que ha recalcado que Navarra, en virtud de su Régimen Foral, tiene la competencia exclusiva en materia de carreteras, es decir, es la Administración competente para proyectar, construir, financiar y explotar las carreteras de su titularidad integradas en el Catálogo de Carreteras de Navarra.
En este sentido, corresponde a la Comunidad Foral decidir sobre el establecimiento de peajes en las vías de su titularidad, entre las que se encuentran todas las autovías que discurren por el territorio navarro: la A-1, A-10, A-15 y A-68, junto con la A-12 y A-21, financiadas mediante peaje en sombra. De tal manera, que son el Gobierno de Navarra y el Parlamento foral quienes determinan el modelo, como está ocurriendo actualmente.
Por su parte, la Administración General del Estado es la competente para proyectar, construir, financiar y explotar las carreteras de su titularidad integradas en la Red de Carreteras del Estado. De este modo, cualquier decisión que pueda adoptar la Administración General del Estado respecto al establecimiento de peajes en autovías solamente puede afectar a las autovías integradas en su Red de Carreteras y no a las de titularidad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. En Navarra, tan solo existe una vía de titularidad estatal, la autopista AP-68, ya de pago.
NAVARRA YA TIENE HOJA DE RUTA
Hace aproximadamente un año, el Gobierno de Navarra y la mayoría de grupos parlamentarios, PSN-PSOE, Geroa Bai, EH Bildu Nafarroa, Podemos Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra alcanzaron un preacuerdo consistente en la creación de una empresa pública que se encargase de la gestión e implantación de peajes, exclusivamente a vehículos pesados, en cinco vías de gran capacidad (A-10, A-15, N-121-A, A-1 y A-68). La propuesta del Departamento de Cohesión Territorial se fundamenta en los principios de "quien usa paga" y "quien contamina paga" de la directiva 2004/35/CE de la Comisión Europea.
La tarificación a vehículos pesados en vías de alta capacidad se encuentra ampliamente extendida en la Unión Europea. Países como Alemania, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Suecia, República Checa o Polonia tienen implantados peajes en el 100% del territorio; otros como Francia o Italia en su mayor parte. En este sentido, España, actualmente, es una excepción al respecto. Únicamente la CAV los ha implementado en prácticamente todas sus vías de alta capacidad.
