Camino de cumplirse 37 años de la muerte de Mikel Zabalza tras ser detenido por la Guardia Civil y trasladado al cuartel de Intxaurrondo, donde hay evidencias de que su fallecimiento fue debido a las torturas, los distintos aparatos del Estado siguen sin colaborar con el esclarecimiento de los hechos.
El último obstáculo lo pone ahora el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que rechaza entregar los documentos del caso Zabalza solicitados por una veintena de senadores con el argumento de que no se puede acceder "legalmente" a esta información "sin su previa desclasificación".
Un nuevo impedimiento hacia el reconocimiento y reparación del joven de Orbaizeta como víctima de la violencia policial, que ha sido muy criticado por el senador autonómico por Navarra, Koldo Martínez (Geroa Bai).
En un comunicado, Martínez explica que la secretaria de Estado directora del CNI, Paz Esteban, ha respondido al emplazamiento de estos senadores que "no resulta legalmente posible acceder a la solicitud".
"LEGALMENTE IMPROCEDENTE"
En su escrito de respuesta al requerimiento senatorial, Paz Esteban afirna que "en caso de existir la documentación referida en el escrito por algunos senadores y senadoras a la dirección del CNI, resulta legalmente improcedente el acceso a la misma sin su previa desclasificación, para lo que, en su caso, habría de procederse conforme a la ley de Secretos Oficiales".
Añade que "en el caso de que el CNI tuviera en su poder o conocimiento documentación, en cualquier formato, relacionada con la muerte de Mikel Zabalza Garate, estaría clasificada como 'secreto' de acuerdo a las prescripciones legales invocadas en este escrito, y mientras dicha naturaleza persista, su tratamiento no puede ser otro que el que la propia ley sobre Secretos Oficiales ordena".
Geroa Bai precisa que en el escrito dirigido al CNI, firmado por senadores de Geroa, Bai, Más Madrid, Compromís, Més per Mallorca, Adelante Andalucía, Agrupación Socialista Gomera, PNV, ERC, EH Bildu y Junts, se recordaba que la ley de Secretos Oficiales señala que "la declaración de materias clasificadas no afectará al Congreso de los Diputados ni al Senado, que tendrán acceso a cuanta información reclamen", aunque luego la ley añade que esto se hará "en la forma en que determinen los respectivos reglamentos y, en su caso, en sesiones secretas".
Sin embargo, la directora del CNI responde que, "a diferencia del Congreso que sí tiene regulado el acceso a materias clasificadas, en el caso del Senado no hay una reglamentación al respecto por lo que descarta facilitar la información requerida".
En este sentido, Koldo Martínez, impulsor de la iniciativa, subraya que "vamos a seguir el 'consejo' de la directora del CNI y vamos a pedir al presidente del Senado, Ander Gil, que, al igual que ocurre en el Congreso, regule desde la Presidencia ese acceso a secretos de Estado que impiden conocer la verdad sobre uno de los casos más sangrantes de violencia policial que hemos vivido en democracia".
Martínez añade que "estamos analizando con expertos en derecho la posibilidad de acciones penales contra cualquier responsable político o de la administración pública que no colabore con la justicia en el esclarecimiento de la muerte del navarro Mikel Zabalza y siga ocultando pruebas como está ocurriendo aún hoy, 36 años después de su muerte".
"En un estado de derecho no puede haber impunidad. Y desde Geroa Bai no vamos a parar hasta que se haga justicia", advierte Martínez.
RECONOCIDO POR EL GOBIERNO VASCO
Por el momento, sólo el Gobierno Vasco reconoce a Mikel Zabalza como víctima de abusos policiales al concluir que su muerte en 1985 tras ser detenido por la Guardia Civil tuvo "naturaleza violenta" y fue "resultado de prácticas de tortura con posterior desaparición", por lo que indemnizará a su familia con 135.000 euros.
Así consta en el dictamen de la Comisión de Valoración de las solicitudes de reconocimiento presentadas en virtud de la conocida como ley vasca de abusos policiales entre 1978 y 1999, cuyos miembros han reconocido de manera unánime su condición de víctima.
