- El Parlamento dio ayer luz verde a la nueva Ley de Vivienda, que llega con el objetivo de fomentar un parque de vivienda protegida y asequible. Entre otras cuestiones, la reforma convierte en indefinida la calificación de las viviendas protegidas, tanto de VPO como de VPT, por lo que no se podrán vender a precio libre. Actualmente el límite está en 30 años para la compraventa y 15 para el alquiler.
La ley también incluye actuaciones novedosas dirigidas para controlar el precio del alquiler. No se interviene directamente en el mercado fijando precios, pero crea nuevos mecanismos, como el Índice de Sostenibilidad de Alquileres (ISA) o el Registro de Contratos de Arrendamiento, con los que se pretende controlar la evolución de los precios definiendo y regulando las zonas de mercado especialmente tensionadas. La ley apuesta también por la rehabilitación de vivienda mediante el aumento de ayudas.
El dictamen de la ley, que será definitivamente aprobada por el pleno del Parlamento el próximo día 23, ha salido adelante con el apoyo de los cinco grupos que sostienen al Gobierno. Pese a las diferencias mostradas los últimos días, finalmente PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra incorporaron ayer 32 enmiendas al proyecto inicial, por lo que el texto final logra el aval de 30 de los 50 parlamentarios.
Entre las novedades introducidas durante el periodo de enmiendas destacan dos de carácter fiscal. En concreto, los grupos que sostienen al Gobierno han acordado ampliar de 31 a 35 años la edad máxima para participar en el programa Emanzipa de ayudas al alquiler para personas jóvenes. También se han mejorado las bonificaciones fiscales para propietarios que cedan su vivienda a la bolsa de alquiler. l
l Calificación indefinida. La calificación de la vivienda protegida (VPO y VPT) pasará a ser indefinida. Actualmente los plazos son de 30 años para la compraventa y de 15 para alquiler.
l Coexistencia de VPO y libre. Serán protegidas el 50% de las viviendas en los nuevos desarrollos Se buscará la coexistencia de vivienda libre y protegida para favorecer la cohesión.
l Control de precios del alquiler. Se define la figura del Índice de Sostenibilidad de Alquileres (ISA) y se crea el Registro de Contratos de Arrendamientos para “definir zonas tensionadas en el mercado del alquiler y adoptar medidas de regulación”.
l Protección frente al desahucio. Antes de un proceso de ejecución hipotecaria o de desahucio, el arrendador, siempre que se trate de una entidad bancaria o inmobiliaria, deberá ofrecer al arrendatario una opción de alquiler bonificado, siempre que este no disponga de una alternativa.
l Expropiación de uso. Se reduce de dos a un año el periodo de desocupación para que las viviendas deshabitadas propiedad de bancos y empresas puedan incorporarse al registro de vivienda desocupada. Pasado ese año, podría iniciarse un proceso de expropiación. El inmueble pasaría a la bolsa de alquiler público. La entidad mantendría la titularidad y obtendría las rentas.
l Ayudas al alquiler. Se amplía de 31 a 35 años la edad máxima para participar en el programa Emanzipa de ayudas al alquiler para personas jóvenes.
l Bonificaciones. Aumentan las bonificaciones fiscales para propietarios que cedan su vivienda a la bolsa de alquiler
“La ley prima la vivienda como derecho frente
al concepto de inversión o de activo financiero”
Parlamentaria de Geroa Bai
