La modificación de la ley de las otras víctimas de la violencia es el final de un largo camino lleno de obstáculos judiciales y desprecio institucional que, en algunos casos, supera los 40 años. Ningún gobierno ni tribunal ha reconocido hasta ahora que víctimas como Germán Rodríguez o Mikel Zabalza murieron por culpa de la violencia extrema de las fuerzas de seguridad. Los tribunales no han querido investigar y los gobiernos no han querido facilitar documentación. Hasta ahora, aunque sea de forma limitada.

Hubo un primer intento en 2015 pero el Gobierno del PP lo llevó a los tribunales alegando que invadía competencias del ámbito judicial. El Tribunal Constitucional le dio la razón y anuló varios artículos en los que se reconocía al Parlamento foral la potestad de investigar sus muertes.

Hubo un segundo intento en 2019. Una ley similar a la anterior pero dentro de los márgenes que había fijado el Constitucional. Es la que se ha matizado ahora para dar cobertura jurídica a las indemnizaciones. Creada ya la comisión de expertos, solo queda el trabajo técnico de verificación.

Es el final de un recorrido que la derecha nunca ha querido transitar. Siempre ha habido argumentos para no apoyar ningún paso en esta dirección. Primero la negación de lo hechos. Luego el respeto al ámbito judicial, aunque haya mirado siempre para otro lado. Y ahora la discriminación en la que quedarán las víctimas de ETA.

En el imaginario de la derecha navarra, las víctimas de la violencia del Estado gozan de una situación de privilegio porque podrán ser reconocidas sin sentencia firme. Antes porque no se quiso investigar, y ahora porque no se ha investigado, pero la derecha sigue estando en contra de reconocer a todas víctimas. "Esta ley instaura una desigualdad de trato. Se les va a reconocer por una comisión nombrada por políticos que no ofrece garantías. Defendemos su a la justicia y a la verdad, pero ese derecho no nos corresponde a nosotros", justificó ayer Iñaki Iriarte.