El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra firmó el pasado martes una resolución administrativa firme que finalizaba el expediente sancionador contra la planta de residuos y compostaje Ecofert-Sansoain de Artajona y en la que el Gobierno decretaba como medida cautelar la prohibición de que reciba ningún tipo de residuo hasta que no subsane las irregularidades detectadas en sus instalaciones.
El asunto, que acabará en los tribunales ya que ahora mismo solo un juez tendría capacidad para levantar el veto cautelar a Ecofert (salvo que esta corrija la gestión), tiene su origen en el envío de residuos lixiviados desde Zubieta a la planta de Artajona para los que esta no tiene autorización de gestión y tratamiento. Por dicha circunstancia, se le abrió un expediente en enero de este año advirtiéndole de la posible imposición de medidas cautelares, además de una multa de 40.000 euros que también es firme ahora.
Alegaciones sin éxito
La empresa decidió alegar ante las resoluciones existentes, pero no ha tenido éxito en sus argumentos en la vía administrativa. Además, la planta de Artajona era reincidente en infracciones de este tipo, puesto que tiene otro expediente abierto por haber recibido igualmente residuos líquidos desde la empresa Oleofat de Tudela. La firma ribera fue sancionada con 30.000 euros por esta infracción, y con otros 30.000 euros por vertidos que superaban los límites máximos de emisión en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela. Ecofert también fue sancionada con 30.000 euros por la recepción de lixiviados de la Ribera.
El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, acudió ayer a una comisión parlamentaria y respecto al traslado de residuos lixiviados de la empresa de Tudela a las de Artajona aseguró que “los mecanismos administrativos han funcionado, se ha detectado y eliminado la fuente del problema” . Lamentó que “los procedimientos sancionadores son necesariamente largos”. Indicó que se ha producido una “infracción al medio ambiente muy importante, y por eso se ha actuado” pero no es “una cuestión de salud pública”.
Desde junio de 2023, la empresa de Tudela “ha dejado de trasladar este vertido” y los residuos y lodos se están llevando para su tratamiento a “gestores autorizados” en diferentes puntos de España. Hasta junio se han trasladado 11.195 toneladas de residuos. Aierdi destacó la labor de inspección realizada por su departamento, con 378 realizadas en 2023, así como en la empresa Ecofert, que pasó de ser inspeccionada una vez cada tres años a dos veces al año. El consejero apuntó que se produjo un “cambio de rutinas” en las visitas a la planta de Artajona tras “la detección de un desbordamiento de la balsa que crean vertidos de lixiviados fuera de la planta que afecta a parcelas e incluso a alguna regata”. “Esto nos permite determinar que se estaba produciendo una gestión inadecuada de los lixiviados por parte de la empresa”, añadió.
Según detalló, la primera inspección se produjo el 24 de junio de 2019 “como consecuencia de un escape de lixiviados” y el 21 de abril de 2022 se interpuso otra denuncia por “unos nuevos vertidos” que motivó una nueva inspección. En ambos casos se le incoaron expedientes sancionadores.
Inspección en Artajona y Tudela
Ya en enero de 2023, el Guarderío de Medio Ambiente realizó una visita a la empresa de Artajona, tras la cual se decide inspeccionar las dos plantas en febrero del mismo año a través de muestras tomadas por técnicos de GAN. En otra inspección en marzo “se visibiliza un transporte de lixiviados” que “no está autorizado” y que dio pie a sendos expedientes.
De la misma manera, el 23 de marzo de 2023 se realiza una inspección a la planta de Tudela en la que se observa que se está trasladado a Artajona “un residuo de forma acuosa”, que motiva un nuevo expediente sancionador y “un requerimiento para que ese residuo deje de trasladarse”.
Por su parte, la directora gerente de GAN, Itziar Gómez, explicó que los análisis recogen que, en la balsa de Sansoáin, “no se aprecian concentraciones altas de metales pesados” pero si “ecotoxicidad, alta carga orgánica y un PH ácido del 4,9”. Gómez destacó que “no se pueden verter dudas sobre la analítica que se realiza” y acreditó “rigor técnico, profesionalidad, imparcialidad” de GAN. Subrayó que “poder verter aquí dudas sobre la analítica, que en estos momentos puede estar siendo objeto de alguna alegación de la empresa, creo que tendría que quedar bien lejos de esta Cámara”.
