El Gobierno define las plazas de la administración foral con requisito bilingüe

El Gobierno de Navarra ha definido ya las plazas de la Administración Foral que tendrán requisito bilingüe, euskera-castellano. Un compromiso pendiente desde la pasada legislatura y que busca garantizar la atención a la ciudadanía en las dos lenguas propias de Navarra. Según avanzó ayer en el Parlamento la vicepresidenta y consejera de Euskera,Ana Ollo, los trece departamentos han aprobado ya sus respectivos planes lingüísticos para la legislatura 2023-2027, que ahora habrá que desarrollar. Ollo destacó además que todos, aunque “a diferentes niveles y ritmos”, han mostrado su disposición a avanzar en esta dirección bajo la coordinación de Euskarabidea.

Los planes lingüísticos, que recogen el número de plazas necesarias en cada áreas para garantizar la atención bilingüe, regulan distintas cuestiones de la actividad diaria y el contacto con la ciudadanía. “Estamos convencidos de que todos contribuirán de manera importante a la garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía”, señaló Ollo.

La consejera intervino en el Parlamento en respuesta a una pregunta de la parlamentaria de EH Bildu, Eneka Maiz, que aunque reconoció que Euskarabidea “está haciendo un trabajo formidable”, interpeló a la consejera por los motivos por los que “se ha retrasado tanto la publicación de los planes”.

El siguiente paso, avanzó Ollo, será determinar en el marco de la Mesa General de la mano del Departamento de Función Pública y a partir de los informes de puestos bilingües ya aprobados, qué puestos concretos tienen asignado el requisito bilingüe. Su implementación será paulatina y respetará la prioridad de quienes actualmente ocupan las plazas afectadas. Dependerá de sus funciones concretas y estarán relacionadas con la atención a la ciudadanía.

“Todavía queda mucho trabajo por hacer en el camino de la atención bilingüe y los planes lingüísticos siguen siendo una herramienta básica. Por eso tenemos la intención de profundizar en su implantación”, argumentó la consejera, que destacó que esta es una labor “que requiere transversalidad, al igual que nos ocurre con la igualdad, el medio ambiente o la accesibilidad”, para poder garantizar así los derechos lingüísticos de la ciudadanía.