Pandemia, aislamiento social y violencia de género

Resulta difícil en tiempos de pandemia agitar la conciencia colectiva en torno a un problema que no sea el propio covid-19. Vivimos pendientes de la prevalencia de los contagios en nuestra Comunidad, del ritmo al que se derivan pacientes a las UCI, de las restricciones de movilidad que se aprueban para cada territorio. Nos estamos adaptando como podemos a vivir entre confinamientos puntuales a golpe de llamada de los rastreadores, nos estamos aprendiendo las diferencias entre una PCR, un test serológico, uno de antígenos y uno rápido. Ponemos nuestras esperanzas en el desarrollo de unas vacunas cuyos primeros resultados, aún sin haber concluido el proceso de aprobación, consiguieron hacer subir la bolsa. Más que vivir, procuramos sobrevivir a la pandemia. En ello tenemos centradas todas nuestras energías. Pero este esfuerzo de adaptación no nos puede hacer cerrar los ojos ante otra lacra contra la que no podemos dejar de luchar, porque no sólo no ha desaparecido, sino que se ha incrementado por las circunstancias excepcionales que nos toca afrontar por la pandemia. Con motivo de la celebración el día 25 de noviembre del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, la UGT ha pedido a los gobiernos más contundencia contra la violencia de género. Es preciso redoblar los esfuerzos en un momento en el que el riesgo de exposición a esta violencia crece de forma exponencial. Los datos son escalofriantes. Según el informe “Igualdad frente a la violencia de género. Valórame, no me maltrates” elaborado por la UGT a partir de los registros del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género y de la macroencuesta contra la violencia de la mujer de 2019, solamente durante el mes de abril, en pleno confinamiento, se produjo en España un incremento del 61,1% de las llamadas de mujeres al 016 (servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico en materia de violencia de género). En Navarra, este incremento fue del 30%. Entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de octubre 2020, son ya 1.070 las mujeres que han sido asesinadas en España por violencia de género a manos de sus parejas o exparejas. Este mismo año han sido asesinadas 41 mujeres hasta el día de hoy y este dramático dato no deja de crecer a medida que transcurren los días. Las mujeres son asesinadas, sufren violencia física, sexual, psicológica y económica sólo por el hecho de ser mujeres. Porque sigue habiendo hombres que las consideran de su entera propiedad, unos seres inferiores de los que disponer en cualquier momento y para cualquier propósito. Esta triste realidad, que ya constituía una lacra social antes de la pandemia, se ha multiplicado durante el confinamiento y con el aislamiento social que nos autoimponemos para frenar el número de contagios. La reclusión social está invisibilizando a las víctimas de la violencia machista y en ese retraimiento encuentran sus verdugos el caldo de cultivo perfecto para desplegar impunemente su maltrato. El estudio de la UGT señala claramente que las situaciones de riesgo de sufrir violencia de género para las mujeres se han incrementado a consecuencia de la pandemia, entre otras causas, por el mayor tiempo de exposición al agresor en el hogar familiar, por las mayores dificultades que encontramos las mujeres para acceder a un empleo digno y conseguir independencia económica, y debido a nuestra estructural situación de mayor nivel de desempleo y empobrecimiento. Con la pandemia, esta situación de escandalosa desigualdad laboral entre hombres y mujeres se asume como un hecho consumado, se interioriza con normalidad y se convive con ello como si se tratase de una realidad inmutable. Tenemos con el virus muchos otros objetivos prioritarios por los que pelear. La violencia machista pasa poco a poco a ser un problema de índole casi doméstica, algo que ocurre de puertas para adentro, discretamente, sin consecuencias visibles. Y esto es inaceptable. Por mucho aislamiento social al que nos sometamos, la violencia de género no es un problema privado, es una violación de derechos humanos que incumbe a toda la sociedad y especialmente a los poderes públicos. Ante las dificultades de las víctimas para denunciar el maltrato al que se ven sometidas, no podemos dejar la responsabilidad únicamente en manos de la sociedad. Hay que valorar las medidas de mejora introducidas por el Plan de Contingencia contra la violencia machista puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad para hacer frente al aumento de riesgos para las mujeres durante la pandemia, pero consideramos fundamental poner fin a la precariedad del colectivo de personas, en su mayoría mujeres, que dan soporte a las víctimas de violencia de género. Es imprescindible que desde las Administraciones públicas se prioricen las actuaciones frente a la violencia machista y se destinen los recursos y servicios necesarios para una prevención y atención integral efectiva, que pueda garantizar a las mujeres una vida en libertad y el pleno ejercicio de sus derechos. Además de esta atención integral, no podemos olvidar que una de las vías más eficaces para combatir la violencia de género es la de procurar a las víctimas un trabajo que les permita alcanzar la independencia económica precisa para alejarse del maltratador. Por eso consideramos imprescindible reforzar las políticas de empleo relativas al fomento de la contratación de mujeres víctimas de violencia de género.