Lima - El suicidio de Alan García, presidente de Perú en dos mandatos no consecutivos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, que ayer se disparó en la cabeza cuando iba a ser detenido por supuestos delitos de corrupción, agrava el impacto de la crisis generada por el caso Odebrecht en el país. García falleció a los 69 años, mientras era operado en el Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa de Lima de las heridas causadas por el disparo cuando policías y fiscales llegaron a su casa con una orden de detención por la presunta trama de sobornos. Esta se emitió a petición del fiscal José Domingo Pérez, después de que el domingo se difundiera que Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la Justicia peruana, revelara que el ex secretario presidencial Luis Nava, y su hijo, recibieron 4 millones de dólares -3,5 millones de euros- de la empresa para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

García, que estaba acusado de recibir dinero ilícito, es el cuarto expresidente directamente vinculado al caso Odebrecht, la constructora de Brasil que recorrió el continente con sus negocios fraudulentos y cuyo propietario fue condenado a 19 años de cárcel. El gigante brasileño ha protagonizado en los últimos años el mayor escándalo de corrupción en la historia de América Latina, con ramificaciones en varios países, entre ellos Perú.

El director del hospital, Enrique Gutiérrez, señaló que el exgobernante, sobre el que pesaba desde finales del año pasado una orden de impedimento de salida del país, presentaba un disparo de arma de fuego “con orificio de entrada y salida” en el cráneo. Un comunicado posterior detalló que García murió tras sufrir tres paros cardiacos por un traumatismo cráneo encefálico grave “por proyectil de arma de fuego y hemorragia incontrolable de base de cráneo”.

Su muerte, además de haber consternado a los peruanos, sembró la incertidumbre sobre la situación política y el impacto del caso Odebrecht, debido a las acusaciones de representantes del Partido Aprista Peruano (PAP), que lideraba el expresidente contra la Fiscalía, medios de comunicación y el Gobierno. El congresista aprista Mauricio Mulder declaró que esta tragedia es “la concreción de todo un mecanismo de persecución y búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros”.

Por su parte, el excanciller Luis Gonzales Posada acusó a la Fiscalía de querer apresar arbitrariamente a políticos sin un debido proceso, y la excongresista y exministra del Interior Mercedes Cabanillas coincidió en acusar al Ministerio Público de abusar de su autonomía para perseguir a personajes como García. Tras conocerse la situación, militantes apristas fueron a las afueras del hospital y protagonizaron algunos altercados con la Policía. Ante la confusión generada, el ministro del Interior, Carlos Morán, defendió la actuación de las autoridades y detalló que la detención fue ordenada por el juez José Luis Chávez, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria.

el suceso El ministro relató que el operativo estuvo a cargo del fiscal Henry Amenábar y un grupo de agentes, que se identificaron ante García y le informaron que iba a ser arrestado. El exmandatario pidió entonces un momento para hacer una llamada a su abogado y subió a su habitación, en el segundo piso, donde se encerró y “a los pocos minutos se escuchó un disparo de arma de fuego”. “La Policía forzó la puerta y encontró a García en posición sentada y con una herida en la cabeza”, detalló Morán.