Berlín - El Tribunal Constitucional alemán avaló este martes la legalidad de dos piezas clave de la unión bancaria: el supervisor bancario único, bajo el paraguas del Banco Central Europeo (BCE), y el mecanismo de resolución de entidades financieras en quiebra. El fallo, en respuesta a una querella de un grupo de economistas alemanes, supone un espaldarazo para este sistema anticrisis que, con mucho esfuerzo, la Unión Europea (UE) empezó a poner en pie a raíz de la crisis de la deuda y que aún no está completado.

“Según una interpretación estricta, la Unión Europea no ha excedido las competencias que le conceden los tratados mediante el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y la Junta Única de Resolución (JUR)”, asegura la sentencia. Ninguno de los dos instrumentos afecta a la “identidad” de la Ley Fundamental, añade. El fallo, que desmonta en siete páginas la argumentación de los querellantes, argumenta que el BCE no ha asumido “completamente” la supervisión bancaria -sino que la comparte con los Estados- y considera que la JUR, si se atiene a su regulación, no socava las competencias nacionales.

son los bancos Además, niega que sean los Estados los que asuman responsabilidades financieras por cuestiones fuera de su alcance con la JUR -como apunta la denuncia- ya que son los bancos los que tienen que dotar de fondos a este instrumento y en unas cantidades conocidas. La regulación del MUS, explicó el Constitucional, prevé una supervisión bancaria en dos niveles en el que la competencia se mantiene “en lo esencial” en el ámbito nacional, mientras el BCE asume exclusivamente unas atribuciones para una “política coherente y efectiva”, además del seguimiento de las entidades calificadas como “relevantes”.

La independencia de la entidad tampoco es óbice para su inconstitucionalidad, según el alto tribunal. Reconoce el fallo, esto rebaja su “nivel de legitimación democrática”, pero esta reducción es “asumible”. A juicio del Segundo Senado del Constitucional, esto se compensa con ciertas precauciones ya previstas. Además la independencia permite “efectividad” y cierta “protección” frente a las “influencias políticas” y las “injerencias de la economía” sin impedir el control parlamentario.