londres - La oposición lleva tiempo preparándose para evitar cualquier tipo de salida dura de la Unión Europea y la obligue a no lograr un acuerdo con Europa. Ayer, el Gobierno conservador dio un golpe de efecto contra lo que Johnson ve como una conspiración contra su Gobierno. Así, logró el apoyo de la Reina Isabel II para enmudecer al Parlamento y evitar cualquier piedra en el camino hacia su ansiado brexit duro.

La jugada consiste en posponer el fin del actual Parlamento desde el 11 de septiembre hasta el 14 de octubre. El Parlamento tendrá la ocasión de votar sobre los planteamientos de la salida de Londres del bloque comunitario “los días 21 y 22 de octubre”, una vez se conozca la decisión de Bruselas, según Johnson.

Esta decisión se encontró con el rechazo de gran parte de los partidos políticos. Entre los críticos, destaca el líder de la Cámara de los Comunes John Bercow, pese a ser originalmente conservador y que tildó de “aberración constitucional” la decisión del primer ministro.

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, se apresuró a escribir a la reina en un intento de que le reciba, para compartir con ella su criterio de que la posición del Ejecutivo es “inaceptable”. “Es una amenaza a la democracia”, aseveró. Corbyn pidió apoyo a cerca de 120 tories e independientes en esta batalla, entre ellos al exministro de Economía Philip Hammond, quien ve inconstitucional impedir al Parlamento pedir cuentas al Ejecutivo y tachó de “profundamente antidemocrático” lo ocurrido.

El ex primer ministro conservador John Major también declaró a la BBC que su colega de formación pretende “esquivar a un Parlamento soberano que se opone a sus medidas”. Major, que ocupó el despacho de Downing Street entre 1990 y 1997, aseguró que buscará “asesoramiento” sobre la legalidad del movimiento de Johnson. También el conservador Dominic Grieve declaró que esta decisión es “profundamente cuestionable” y “bastante escandalosa”.

La ministra principal de Escocia, la independentista Nicola Sturgeon, retó a Johnson a convocar elecciones generales antes del 31 de octubre y dijo que hoy era “un día negro para la democracia”. Al mismo tiempo, el Tribunal de Sesiones de Edimburgo anunció que se pronunciará acerca de si considera legal el cierre del Parlamento.

A inicios de este mes, un grupo de 75 diputados británicos firmó una demanda en la que solicitaba a la que es la corte de mayor rango de Escocia que dictamine si entra dentro de la legalidad clausurar la Cámara como, se temía ya entonces, haría el Gobierno británico. En principio, el tribunal fijó una vista para el 6 de septiembre, pero ante los acontecimientos sucedidos acelerará su resolución.

Los obispos de la Iglesia de Inglaterra, que no suelen opinar sobre política, censuraron esta situación y alertaron del “gran impacto” que la salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo puede provocar en los más desfavorecidos. En cuestión de horas, una petición popular en contra de la clausura del Parlamento británico ha reunido más de medio millón de firmas, por lo que ha superado el umbral de 100.000 para ser debatida en la Cámara de los Comunes. - Efe