Pamplona. La Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra desaparecerá del mapa. La propia entidad financiera anunció ayer que propone la supresión de un órgano interno opaco y prácticamente desconocido hasta ahora, pero que permitía a los cuatro principales representantes institucionales de UPN (Miguel Sanz, Yolanda Barcina, Enrique Maya y Álvaro Miranda) cobrar doble dieta por asistencia a sus reuniones, elevando sustancialmente su remuneración hasta superar los 60.000 euros anuales. Junto a esta medida, Caja Navarra también anunció ayer que a partir de ahora hará públicas las retribuciones de los responsables políticos, y que estaban al margen del escrutinio público desde 2009. Además, deja en manos del Gobierno foral el futuro de la Junta de Entidades Fundadoras, órgano consultivo sin poder vinculante en el que se refugiaron los cargos políticos tras la última reforma estatuaria.
El Consejo de Administración y la Comisión de Control de Caja Navarra aprobaron ayer la propuesta de la Comisión Ejecutiva, y que culmina, según la propia entidad financiera, un proceso iniciado el 24 de junio. El acuerdo irá ahora a la Junta de Entidades Fundadoras, que tiene 30 días para emitir su informe consultivo, que no es vinculante. A partir de entonces Caja Navarra enviará la propuesta de reforma al Gobierno foral que, si le da el visto bueno, deberá iniciar una negociación con el Ministerio de Economía para su aprobación definitiva. La negociación en cualquier caso no comenzará antes del 20 de noviembre, por lo que, previsiblemente, se llevará a cabo con el PP en La Moncloa. Si los plazos previstos se cumplen, la nueva estructura entrará en vigor en junio de 2012, fecha en la que termina el mandato de los órganos de gobierno actuales.
La propuesta La reforma estatutaria se incluye dentro del proceso de reorganización interna iniciado el pasado mes de junio tras la integración de la actividad financiera a Banca Cívica. La nota difundida ayer evita cualquier polémica, pero subraya que el proceso para "adecuar la estructura organizativa y funcional de Caja Navarra al nuevo escenario" comenzó hace meses, y que fue presentada a la comisión ejecutiva "en sus sesiones de 26 de agosto y 23 de septiembre", lo que deja en evidencia a Barcina, que la semana pasada propuso una reforma similar. Ha sido elaborada, afirma Can, por "un grupo de trabajo compuesto por juristas internos y externos y por representantes del propio consejo de administración y la comisión de control".
La propuesta contempla también la reducción en un 60% del número de integrantes del Consejo General que pasa de 50 a 20 miembros. Entre ellos se elegirá a las diez personas que conformarán el consejo de administración, así como a las cuatro que constituirán la comisión de control. En la actualidad, el Consejo de Administración está formado por 16 miembros, y la de Control por 12. Así mismo, se suprimen la Comisión Ejecutiva, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Comité de Auditoría y la Comisión de Inversiones. Además, se propone que, en el futuro, el Consejo de Administración asuma simultáneamente las funciones de Patronato de la Fundación Caja Navarra.
En el aire queda el futuro de la Junta de Entidades Fundadoras, órgano sin función ejecutiva en el que se incluyó a los cargos políticos tras su salida del consejo de administración en junio de 2010. Can deja en manos del Gobierno de Barcina su continuidad o supresión, pero considera que si se opta por mantenerlo, "su composición y organización ha de adecuarse a la reducción y simplificación planteada para los órganos de gobierno". De esta forma, la entidad aboga por reducir sus miembros "a un máximo de seis", frente a los 13 reconocidos ahora, aunque actualmente solo nueve cuentan con asiento. Será la propia Junta quien decida qué seis personas tienen derecho a participar en la misma. Son miembros Yolanda Barcina como presidenta; el expresidente Miguel Sanz; los vicepresidentes Roberto Jiménez y Álvaro Miranda; los parlamentarios Alberto Catalán, Carlos García Adanero y Samuel Caro; el alcalde Enrique Maya y la teniente de alcalde Ana Elizalde.
La misma dieta En donde no hay modificación, al menos por ahora, es en el sistema retributivo. Todos los miembros de los órganos de gobierno seguirán cobrando dietas por asistencia, y por la misma cuantía que hasta ahora, 1.700 euros por reunión, 2.600 la presidenta. El periodo de reuniones ordinarias se mantiene también en una periodicidad similar. En el caso de la Junta de Entidades Fundadoras será de al menos una cada tres meses, pero que pueden ser más si el agitado contexto financiero así lo requiere.
