pamplona. El cerco vuelve a estrecharse un poco más para quienes tuvieron puestos de poder durante el proceso de desaparición de Caja Navarra. En esta ocasión especialmente para la presidenta Yolanda Barcina, el expresidente Miguel Sanz y el ex director general de la entidad Enrique Goñi, que ayer fueron denunciados por la asociación Kontuz! ante la Fiscalía por un presunto delito de uso de información privilegiada en el caso de la primera y ante el juzgado de Guardia de la Audiencia Provincial con una acusación de delitos societarios y prevaricación para los otros dos. En ambas denuncias, el colectivo alerta de presuntos procederes irregulares en sus actividades relacionadas con Caja Navarra, pero ha optado por recurrir a dos vías diferentes, según dijeron, para impedir que el caso de Barcina fuera delegado a Madrid. "Los ciudadanos navarros tienen derecho a que el caso se investigue en Navarra, por eso la denuncia de Barcina se ha puesto ante la Fiscalía", argumentaron desde Kontuz!
Precisamente en el caso de la presidenta, la denuncia tiene que ver con su adquisición del 0,23% de Navarra Building SL, empresa que adquirió las 25 oficinas en las que trabajaba Caja Navarra para después alquilarlas. La inversión de unos 50.000 euros que hizo Barcina en calidad de cliente VIP de la entidad, le reporta anualmente un beneficio del 6%. Para los demandantes, esta operación podría constituir un delito de uso de información privilegiada para uso personal ya que la operación se realizó cuando presidía la comisión de control de Can. El artículo 442 del Código Penal recoge que "la autoridad o funcionario público que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio con ánimo de obtener beneficio para sí o un tercero incurrirá en penas de multa del tanto al triple del beneficio conseguido".
En lo referente a la demanda penal interpuesta contra Miguel Sanz y Enrique Goñi, se acusa a ambos de presuntos delitos societarios así como de prevaricación por ocultación por no realizar inspecciones que deberían haber llevado a cabo. En la denuncia se detallan distintos asuntos como los presuntos falseamientos de cuentas, el cobro de dietas opacas, de realizar inversiones en "megalómanos proyectos" sin una debida justificación, de comprar terrenos a precios desorbitados, de inversiones en empresas relacionadas con dirigentes de la entidad o allegados, dejación de responsabilidades, así como de concesiones de créditos a bajo interés.
Para Kontuz! las demandas buscan "transparencia y exigencia de responsabilidades" así como mantener el tema vivo porque, dijeron, temen que "la entente UPN, PSN y gestores de la Caja intenten cerrar el tema". La asociación matizó además que en el "desaguisado de Can el problema no fue Banca Cívica, sino lo ocurrido previamente".
El abogado Pablo Ibáñez desgranó algunos puntos de la denuncia en la que, dijo "hay mucha información a la que hincar el diente".
viajes y empresas amigas Ilustró con varios ejemplos el contenido de las denuncias. Se refirió así a viajes "comerciales" al extranjero de los responsables de la entidad y otras personas que se organizaban para el disfrute de ellos mismos; a episodios de negligencia como la compra de la oficina en Washington nunca abierta, a los créditos de bajo interés a consejeros y familiares, compras de terrenos a precios desorbitados y a los favoritismos con ciertas empresas entre las que citó Marco Polo Investment, Iglesias Ikusi, Guascor, Auna o AC Hoteles. Esta última es propiedad al 80% de Antonio Catalán, empresario cercano al entorno de Sanz, y en 2010 Can compró un 6% de la cadena por 8,5 millones de euros en momentos de dificultades para el empresario.
Para Kontuz!, que no descarta ampliar la demanda a más personas, muchas de las decisiones tomadas en Caja Navarra no están debidamente justificadas, por lo que considera la denuncia "un ejercicio democrático". Con el fin de aclarar las diferentes cuestiones, la asociación pide que sean citados como testigos entre otros el último presidente de Caja Navarra, Antonio Asiáin, los exconsejeros de Economía Álvaro Miranda y Francisco Iribarren, antiguos cargos de la entidad como Lorenzo Riezu; la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina; o incluso el exdiputado del PP Santiago Cervera.
