PAMPLONA- Con mucha probabilidad, nadie en el Ayuntamiento de Ultzama conoce tanto sobre el proyecto de la planta de biogás como Alfonso Araujo. Secretario municipal, llegó al Consistorio el 2 de enero de 2008, al poco de que el equipo de gobierno, encabezado por el regionalista Patxi Pérez Arregui (por aquel entonces en Agrupación Ultzama, la sigla local afín a UPN), impulsase políticamente la construcción de una planta de biometanización con base en purín ganadero que vio la luz en 2010, quebró en 2014 y cerró en 2016, dejando consigo una hosca de más de 3 millones de dinero público y algunos miles de euros más en compromisos con entidades financieras. Su comparecencia era la más esperada a nivel jurídico, y no defraudó.

Alfonso Araujo arrancó a hablar a las 9.00h y no calló hasta pasadas las 12.30h, batiendo todos los récords de las comparecencias hasta la fecha. En esencia, se mostró como lo que es: un funcionario al servicio del Ayuntamiento. Él, como dejó entrever en más de una ocasión, ni tenía iniciativa ni decidía nada: se dedicaba a asesorar jurídicamente al alcalde (primero Pérez Arregui, luego Patxi Tornaría y ahora a Arantxa Martínez), y a hacer informes jurídicos que denominó “fotos fijas” de cuestiones que, en su momento, siempre vio ajustadas a la legalidad, extremo que defendió con vehemencia cuando dio por hecho que “por supuesto” todo se hizo bien.

Pero no fue un paso más allá. Algo que se afanó en que quedase bien claro desde el principio es que un secretario municipal siempre informa “en tanto en cuanto se le pide que informe”. “Un secretario no puede informar si no se nos pregunta, un secretario no puede informar a toro pasado. La función no es ser policía, ni árbitro, ni detective. Cuando se le plantean las cosas, da su opinión, pero hay muchas cosas de las que no se entera. Un secretario no puede estar viendo todas las actuaciones que está haciendo un alcalde”, descargó.

expedientes y quórum Lo que no pudo evitar fue tener que dar más de una explicación por tres temas que han levantado alguna que otra sospecha: los expedientes de ayudas tramitados por el exalcalde Pérez Arregui, la participación en votaciones de concejales con presencia en la empresa y lo que Comptos denominó como dar “cobertura formal” a posteriori a unos trabajos que, presuntamente, se realizaron antes. Araujo expuso una tesis muy clara con respecto a las subvenciones solicitadas por el Ayuntamiento en las que el por aquel entonces alcalde, Patxi Pérez Arregui, hacía de persona de contacto de una sociedad en constitución. “Ese expediente lo firmó Pérez Arregui y él sabrá con qué intención lo firmó”, apuntó Araujo, cuyo correo de trabajo figura en un expediente en el que él solo puso a su disposición sus “conocimientos”. “La intención no me corresponde a mí saberla, no firme yo eso, lo planteó el alcalde. No quiero decir algo que no tenga rigor”, se desentendió.

Una actitud bastante parecida mantuvo cuando tuvo que abordar por qué hubo concejales que, involucrados en Bioenergía, participaron en votaciones en el Ayuntamiento que afectaban a la planta: “Esto no es el siglo XIX, donde el secretario y el cura eran los únicos que sabían del pueblo. Ahora los alcaldes son médicos y personas formadas, y los concejales son conscientes de que no tienen que tomar una decisión que les beneficie”.

Pero el momento más tenso llegó cuando tuvo que responder por el proceso de adjudicación de unos trabajos previos al proyecto de la planta. “¿Es cierto que no consta ningún procedimiento de adjudicación en 2006 a Aierdi Ingenieros?”, cuestionó Adolfo Araiz (EH Bildu). “No hay ninguna resolución que tome el acuerdo de contratar. Sí que había documentación, la decisión que estaba tomada no estaba formalizada”, admitió Araujo, quien dijo también que no vio una resolución de alcaldía al respecto. “Yo llevaba poco en el Ayuntamiento, estaba recién aterrizado. Había una factura de 125.000 € que pagar y encima de la mesa un planteamiento complicado”, resumió. “Es evidente que ya no puedes contratar lo que ya tienes”, razonó, por lo que dijo que se realizó “algo extemporáneo para justificar” una situación de hecho. “El interés del Ayuntamiento era pagar la factura, era un problema al que había que dar carpetazo y es evidente que el proyecto estaba ahí”, dijo, en el momento más complicado de su mañana. “¿No es más cierto entonces que se vistió un santo? ¿Que no había mesa de contratación?”, conminó Araiz. “Me consta que había una factura que había que pagar, no le voy a contestar más sobre eso”, zanjó Araujo.

contencioso con bancos

“el tema acabará en los tribunales”

Reclamaciones al Ayuntamiento. El secretario municipal de Ultzama contestó a todo, mostrando una actitud colaborativa que aplaudió el Parlamento. Sólo dejó un tema sin contestar: el referente al procedimiento contencioso administrativo en el que se va a ver inmerso el Ayuntamiento de Ultzama contra varias entidades como Caja Rural, CaixaBank y Sodena, que dieron ayudas a la planta y que a juicio de Araujo puede terminar “con un caso gordo en los tribunales”. Para “no dar pistas”, Araujo dijo que guardaría silencio como parte de su estrategia de cara a defender los intereses del Consistorio. “Mi labor es que dentro de la ley nos cueste lo mínimo, y lo lógico es que la otra parte pida, como se suele decir, el oro y el moro. Están en su derecho, pero mi obligación es trabajar porque nos cueste menos. Luego el juez decidirá”, aclaró.