pamplona - Está muy bien que altos cargos del PSOE hayan expresado públicamente que el Gobierno de Sánchez está dispuesto a hacer todo lo posible para que Navarra pueda invertir 113 millones de su superávit de 2017 en proyectos clave para la ciudadanía. Pero como no es lo mismo predicar que dar trigo, la mejor muestra de voluntad política real sería que la Hacienda estatal respondiese a las llamadas que durante cuatro meses le ha hecho el Ejecutivo foral para abordar este tema y autorizar formalmente el lote de inversiones financieramente sostenibles propuesto por el cambio.
Es lo que vino a decir ayer el Gobierno de Navarra, después de que el martes tanto el diputado navarro del PSN Jesús Mari Fernández como el número dos del PSOE en Ferraz, el milagrés Santos Cerdán, asegurasen (uno en el Congreso y otro en una entrevista con Onda Cero) que el Gobierno del Estado veía con buenos ojos el movimiento y que trataría de trabajar en la materialización de las partidas. Pero lo cierto es que más allá de declaraciones puntuales que el Gobierno foral valora “de manera positiva”, todavía queda pendiente el paso más importante: que la Hacienda estatal responda a Navarra y dé su autorización.
Así lo expresó María Solana, consejera y portavoz del Gobierno, cuando consideró que se trata de una cuestión “que depende de un impulso político”. “Parece que hoy estamos más cerca que hace tres meses y medio” dijo Solana en referencia a la carta que, el pasado 7 de junio, remitió Barkos a Pedro Sánchez. En la misiva, la presidenta de Navarra solicitaba al recién llegado a la Moncloa que trabajase para levantar el veto a las restricciones a la inversión que sufrían las comunidades autónomas con superávit en virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó el PP en plena crisis económica, y que obligaba a priorizar el pago de la deuda sobre las inversiones. Un escenario que perjudica a Navarra, que habiendo cerrado en 2017 sus cuentas con superávit se veía privada de aprovechar ese dinero. Lo que pasa es que tras meses sin respuesta y teniendo en cuenta que había inversiones que tenían que realizarse ya, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E decidieron la semana pasada registrar una proposición de ley que, aferrándose a una disposición de los propios Presupuestos Generales del Estado para 2018, habilita a las comunidades con superávit a hacer inversiones financieramente sostenibles (aquellas que no comprometen gasto a futuro).
el primer paso “Navarra no tiene tiempo que perder”, aseguró ayer Solana, al tiempo que se resignó al reconocer que será la Hacienda del Estado la que “acabe por dar el visto bueno a lo que pueda derivarse” de la proposición de ley. Y será la cartera de María Jesús Montero la que tenga que dar su visto bueno porque, independientemente del resultado de la votación de la ley foral (prevista para el próximo 4 de octubre en el Parlamento), la Intervención del Estado tiene que autorizar expresamente los gastos, ya que según la contabilidad nacional Navarra no va a aprobar la regla de gasto. Todavía no existen cifras definitivas y el cierre de 2017 se hará a mediados de octubre, pero esa situación es la que a día de hoy barajan en el Gobierno como más posible.
Por eso es más importante que nunca que el Gobierno del PSOE se posicione y acceda a negociar la forma en que, como apuntaron los altos cargos socialistas, puedan hacerse viables las inversiones teniendo en cuenta el previsible escenario de incumplimiento de la regla de gasto. Navarra ya ha dado el primer paso: “Se ha hecho la solicitud formal, la Hacienda del Estado tiene constancia del reparto de los 113 millones, y confiamos que se pronuncie en breve”. El siguiente le corresponde al Estado.
bienvenidas todas las inversiones
Reuniones pendientes. Algo tiene claro el Gobierno de Navarra: con un Ejecutivo del Estado que cada año aminora la inversión pública en la Comunidad Foral, hay que celebrar todos los pasos que acarreen más dinero para las arcas forales, independientemente de su procedencia. Así respondió María Solana a una pregunta referida a si el Gobierno foral pedirá el impulso de las partidas registradas en los PGE de 2018, aunque en su trámite hayan intervenido otras fuerzas como UPN. Lo que pasa es que los Presupuestos tienen rango de ley y en teoría nadie tendría que presionar para que se llevasen a cabo. Pero en cualquier caso, Solana reiteró ayer que Navarra sigue esperando respuesta por parte de los ministerios en los que se han consignado partidas que afectan a Navarra para ver hasta dónde llegan y cuánto de verdad tienen los anuncios regionalistas. De momento, el Gobierno foral tampoco ha tenido respuesta para estos encuentros.
