pamplona - Serán el Parlamento de Navarra y sus representantes quienes recogerán el encargo de elaborar una nueva ley que reconozca a las víctimas de violencia por actos de motivación política, extrema derecha y funcionarios públicos y que en su redacción salve las posibles trabas “semánticas” que pudiesen incurrir en equívocos con la Constitución o los poderes del Estado. Esta es la voluntad de las fuerzas del cambio (Geroa Bai, EH Bildu, Izquierda-Ezkerra y Podemos-Orain Bai), que están convencidas de que el trasfondo de la sentencia del Tribunal Constitucional, que desmanteló este verano la anterior ley foral, es más “político que técnico”.

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz señaló que la sentencia fue “demoledora y muy grave”, ya que “aspira a seguir ocultando realidades incómodas y poniendo trabas para reconocimiento y reparación”. Y manifestó la parlamentaria el “compromiso” de los grupos por trabajar en una nueva norma. Tanto ella como Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, insistieron en que la futura norma recogerá el espíritu y la filosofía de la que ha sido anulada, ya que la sentencia “no discute ni cuestiona la competencia de Navarra en esta materia”, ni tampoco niega la existencia de estas víctimas, pero sí incurre en la paradoja de no poder reconocerlas como tal. Se deberá, por lo tanto, “matizar” y explicar la diferencia entre “el derecho a la verdad”, como viene recogido en diferentes acuerdos de derecho internacional, de las propias Naciones Unidas y comisiones de Derechos Humanos y el “derecho procesal”. En ningún caso, subrayaron, había “ánimo de suplantar a la justicia o la jurisdicción penal”. Y quizás haya que ser más claros al redactar la nueva norma, sin renunciar al derecho al esclarecimiento de hechos, como sí recogen otras normas para víctimas de ETA o de la represión de 1936.

gran consenso Lo cierto es que como señaló Marisa de Simón, la anterior ley fue respaldada por “una amplia mayoría” y fue “muy participada y consensuada”, con más de 78 enmiendas. Y ahora la aspiración es conseguir un consenso igual o mayor. En el mismo sentido, defendió la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, que la elaboración de una nueva norma debe corresponder a la Cámara foral y que requerirá de “toda la inteligencia política” de este Parlamento. “Deseamos que se apruebe y si fuera por todas las formaciones políticas sería lo mejor”, indicó. Aunque ahora el PSN -que en su día, en abril de 2015, se sumó y fue uno de los precursores de la ley- discrepa en que sea el Parlamento, y no el Gobierno foral quien haga una proposición de ley. Dice que sería más ágil para evitar alargarse en debates.

Desde UPN, Sánchez de Muniáin explicó que “nadie se opone al reconocimiento de las víctimas”, pero apuntó que “la única que vez que se ha aplicado esta ley fue para hacer un homenaje a familiares de asesinos y usarla para fines perversos”.

Desde luego, la futura norma será imposible que cuente con el apoyo del PPN. Ya que su parlamentario, Javier García, se explayó en descalificar una ley que para él “es una burla y una humillación a todas las víctimas del terrorismo”. Y manifestó su oposición a “esta ley política” y a cualquier otra que pretenda “hacer pasar a etarras por víctimas” y “calumniar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado” y al intento “abertzale de empañar la realidad”. Estas declaraciones del portavoz del PPN fueron consideradas por Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, como “una injuria y un atrevimiento” inaceptable. De Simón recordó que fue su grupo el que en noviembre de 2014 registró esta proposición de ley foral anulada por el Tribunal Constitucional y asumió la responsabilidad que su partido y ella misma tuvieron.