la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha hecho público el fallo que resuelve la causa presentada por Bolivia contra Chile. Bolivia defendía que Chile había adquirido una obligación de negociar la soberanía de una lengua de territorio que durante buena parte del siglo XIX había pertenecido a Bolivia (desde su independencia de España) pero que perdió en favor de Chile, tras la Guerra del Pacífico, quedando así desde entonces sin acceso al mar y, como ellos dicen, enclaustrada. La Corte ha rechazado la reclamación de Bolivia.

Este caso ha sido un despropósito jurídico y un enorme error político por parte de Evo Morales, un error nada inocente, un error, me atrevería a decir, no tanto técnico como moral, no tanto contra Chile como contra su propio pueblo, cuyos sentimientos nacionalistas primero se exaltan con rencores históricos y falsas expectativas para luego decepcionarlo al chocar con esa cosa tan pertinaz que llamamos realidad.

No voy a entrar a juzgar políticamente con criterios de hoy la guerra del Pacífico (1879-1883). Como no lo haría con la Tercera Guerra Carlista o la Guerra de Cuba, por poner dos ejemplos más o menos contemporáneos. No descarto (aunque no lo sé) que Bolivia tenga razones morales y políticas para recordar injusticias de hace siglo y medio, pero lo que defiendo es que la Corte no puede resolver reclamaciones históricas basadas en rencillas históricas u orgullos nacionales, sino en argumentos jurídicos sustentados en el derecho internacional realmente existente.

La lectura de este sentencia será un buen ejercicio para las clases de Derecho Internacional, dado que nos permitirá repasar conceptos básicos en que pretendía basarse la reclamación boliviana y que la Corte va rechazando uno tras otro: la obligación de Chile nacería de la doctrina de actos propios, sino de la aquiescencia o del estoppel o de legítimas expectativas creadas o de un cúmulo de declaraciones y posiciones que fueron creando una obligación...

Tampoco veo deseable que el Tribunal se hubiera puesto creativo e innovador para dar la razón a Bolivia. Las muestras de buena voluntad y de comprensión hacia la posición del otro son habituales en la diplomacia: si las empleamos para perjudicar a quien las hace imaginando que crean obligaciones tan peregrinas como negociar soberanías, penalizamos unos buenos usos diplomáticos que ayudan a menudo a evitar o resolver conflictos. Sería desastroso para la diplomacia.

El caso es que Bolivia tiene reconocidas por tratado y en la práctica unas condiciones favorables de acceso al mar que si bien no suponen cesión de soberanía territorial, sí facilitan jurídica, económica y logísticamente su uso. Si Bolivia cree que no se cumplen o quiere mejorar esas condiciones, lo cual es legítimo y quizá hasta justo, lo peor que podía hacer es meterse en una larga y cara guerra diplomático - jurídica - simbólica nacionalista con Chile que, tras el fallo, ve reforzada su posición.

Bolivia debería haber ensayado fórmulas innovadoras de acuerdos que, sin meterse en una pelea tan vieja e infructuosa como la disputa de la soberanía clásica en términos de suma cero, buscara el ganar-ganar en acuerdos creativos. Ahora queda enemistada con el país con el que quiere negociar mejoras y con una sociedad humillada en su orgullo nacional artificialmente sobrexcitado.