A más sospechas, más controles. La portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, defendió este miércoles la “impecabilidad” del Ejecutivo foral en relación con las contrataciones públicas realizadas durante los últimos años y aseguró que “no consta ninguna ilegalidad en adjudicaciones”. López reivindicó además el “compromiso firme del Gobierno con la transparencia reforzada” y recordó que, pese a no haber ningún indicio de presuntas irregularidades en su actividad, se han puesto en marcha auditorías para ofrecer “garantías adicionales a la ciudadanía”.
“Sin ningún temor a luz y taquígrafos”, remarcó la portavoz, el Ejecutivo quiere disipar cualquier posible duda “por la confianza y la honorabilidad del Consejo de Gobierno”. En esa línea, reiteró que, si en el futuro se detectara algún perjuicio económico para la Hacienda Foral vinculado a obras públicas, el Gobierno “volverá a pedir la personación ante el Tribunal Supremo”, tal y como anunciaron la semana pasada tras la decisión del juez instructor, Leopoldo Puente, de negar la personación del Ejecutivo como acusación particular al no apreciar posible daño para las arcas.
Asimismo, López aseguró que, si surgieran nuevas circunstancias o dudas, el Gobierno está dispuesto a someterlas a las auditorías necesarias. “Nuestra tranquilidad se basa en saber que trabajamos conforme a la legalidad y con todos los controles posibles”, remarcó.
Agenda de Chivite
Amparo López también tuvo que responder a las críticas que apuntaban a una supuesta menor presencia pública de la presidenta María Chivite durante las últimas semanas, tras el estallido del caso Cerdán. “Al contrario, ha estado presente desde el primer momento”, señaló la portavoz, recordando que fue la propia presidenta quien compareció ante los medios tras publicarse el informe de la UCO que lo desató todo. “Ha dado cuatro ruedas de prensa y ha comparecido durante tres horas en el Parlamento de Navarra”, insistió.
En este sentido, la consejera quiso agradecer “la fortaleza y la presencia de la presidenta, la impecabilidad de todos los consejeros y la unidad del Gobierno”, subrayando que el Ejecutivo “vela por los intereses generales de la ciudadanía” y actúa “sometido a la legalidad plena”, con controles internos y externos como los de Intervención, la Cámara de Comptos o la asesoría jurídica.
Triple auditoría
En ese sentido, respecto a la actuación del Gobierno en torno a los contratos con empresas señaladas en el informe de la Guardia Civil, López reiteró que se están llevando a cabo tres vías de auditoría para reforzar la transparencia. Por un lado, la Cámara de Comptos analizará varios de estos contratos —excepto el de Belate, ya fiscalizado sin hallar responsabilidades, según destacan desde el Ejecutivo—. Por otro, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción evaluará todas las adjudicaciones, incluida la del túnel. Finalmente, el Ejecutivo trabaja ya en una auditoría externa, que se encargará mediante el procedimiento simplificado para agilizar los plazos.
Las auditorías se centran inicialmente en seis contratos: cinco en UTE de Servinabar y Acciona (dos promociones de VPO en el Valle de Egüés y Erripagaña, la reforma del Archivo de Navarra, la adecuación de oficinas del Navarra Arena y la duplicación de los túneles de Belate) y uno más, añadido a la lista con posterioridad, referente a la construcción del colegio público de Arbizu.
Funcionario trasladado
La consejera también fue cuestionada por la denuncia de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción sobre un técnico de la mesa de contratación de Belate que fue trasladado a otro puesto, fuera de la sede del Departamento de Cohesión Territorial, tras advertir supuestas irregularidades en la adjudicación de la obra.
López recordó que la presidenta María Chivite “compareció durante tres horas” el pasado lunes en el Parlamento foral y que ella misma respondió a esta cuestión a preguntas de la oposición. “Me remito a lo dicho entonces: respeto a la potestad de autorregulación de los departamentos y a las explicaciones ofrecidas por la presidenta”, concluyó.
