Los presos de la ‘vía Nanclares’, los primeros

pamplona - A finales de 2011 y comienzos de 2012, cinco presos disidentes de ETA que se habían desvinculado de la banda comenzaron a reclamar a la Justicia francesa la documentación necesaria para solicitar ante los tribunales españoles la resta de los años purgados en cárceles galas. Fueron Joseba Urrosolo, Josu García Corporales, Carmen Gisasola, Kepa Pikabea y Rafa Caride, todos ellos internos acogidos a la denominada vía Nanclares, prisión ya desaparecida que dio nombre a esta iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de Zapatero.

En marzo de 2014, el Tribunal Supremo reconoció a Urrosolo su derecho a computar los años de prisión en Francia y, tras la resta correspondiente, fijó la liquidación de su pena en 2016, año en el que quedó en libertad. Los tribunales españoles también dieron la razón a Gisasola y Corporales, pero para entonces estos ya habían cumplido más tiempo en prisión de lo que les correspondía y quedaron en libertad. Distinta suerte corrieron Pikabea, Caride, Arrospide y Plazaola. Estos dos últimos incluso quedaron en libertad, pero un mes después tuvieron que reingresar en prisión.

Al calor de estas excarcelaciones, la izquierda abertzale, los presos del EPPK y sus abogados abandonaron la estrategia de la solución integral y exploraron esta vía. El nuevo ciclo abierto tras el anuncio de ETA en octubre de 2011 de cese definitivo de la actividad armada y la aceptación de las salidas legales e individualizadas de los reclusos ayudó a este cambio. Pero no contaban con la ingeniería legislativo-judicial del Gobierno de Rajoy para evitar una salida masiva. Así, en septiembre de 2014 aprobaron una ley de manera exprés en el Senado para que la transposición de la directiva europea no se aplicara a condenas dictadas por tribunales de la UE antes de esa fecha. El Gobierno español logró su objetivo y cerró el grifo de las excarcelaciones. Desde entonces no se ha aplicado la acumulación de condenas a ningún interno. La sentencia de mañana puede cambiar las tornas. Será dictada por siete jueces, pero no será firme, ya que el Gobierno puede pedir revisión a la Gran Sala, de 17 magistrados. - H. Unzueta