El exsecretario general de CAN evita contestar en la comisión de investigación alegando secreto profesional

Alberto Pascual ha explicado que su decisión no responde a "un pacto de silencio" sino a "una obligación de los profesionales del Derecho". "En consecuencia eso me impide informar de cualquier hecho del que haya podido tener conocimiento con motivo de cualquiera de las manifestaciones de mi actuación profesional", ha señalado al inicio de su comparecencia.

Ante su argumentación, la mayoría de los grupos parlamentarios han solicitado un informe jurídico a la letrada de la comisión para que resuelva si efectivamente el secreto profesional le exime de responder a las preguntas de los grupos parlamentarios. Tras ello, se ha suspendido la sesión.

Alberto Pascual ha explicado, durante su breve argumentación, que trabajó en Caja Navarra "en el marco de una relación laboral común entre 2004 y 2012". "A lo largo de todo ese periodo presté servicios en el área legal de la Caja. Estoy sujeto a la obligación del secreto profesional que a los profesionales del derecho nos establece el Real Decreto 658/2001 por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacia, el propio Código Deontológico de la Abogacía Española y la ley orgánica del Poder Judicial", ha indicado.

Del mismo modo, ha señalado que el secreto profesional está amparado por la Constitución Española y su vulneración implica responsabilidades recogidas en el Código Penal. Además, "está expresamente contemplado en la ley orgánica que regula la comparecencia en las comisiones de investigación parlamentaria".

Tras esta intervención, UPN ha comenzado a formular algunas de sus preguntas pero Pascual se ha vuelto a remitir al secreto profesional. A continuación, Geroa Bai ha comenzado su interrogatorio y Pascual tampoco ha respondido a las preguntas.

Ante ello, EH Bildu ha pedido un informe jurídico de la Cámara para determinar si Alberto Pascual puede ampararse en el secreto profesional y, de lo contrario, solicitar una nueva comparecencia.

Pascual ha señalado que "no me tiene que parecer ni bien ni mal que se pida un informe a lo servicios jurídicos de la Cámara, tengo el máximo respeto a lo que ellos puedan decir, que entiendo que será coincidente -por lo expuesto por él mismo-, pero el alcance de mi responsabilidad profesional es mío".

La exvicesecretaria del Consejo de Administración de Caja Navarra Amaya Rández también se ha acogido al secreto profesional, al igual que ha hecho el exsecretario general de CAN Alberto Pascual, para no responder a los grupos parlamentarios.

Rández ha explicado, al inicio de la sesión, que su actividad profesional en Caja Navarra se desarrolló entre 2004 y 2012 y ha añadido que hace seis años que está fuera de Caja Navarra y que no tiene "ninguna vinculación ni con CAN ni con CaixaBank". Ha señalado que su cargo en los órganos de gobierno de Caja era de vicesecretaria y "siempre en mi condición de abogada, asesora exclusivamente de temas jurídicos, nunca de negocio".

Ha precisado que, en su condición de abogada, tiene "obligación de guardar secreto profesional" y ha expuesto que "la vulneración de esta obligación puede conllevar responsabilidades personales, que llegan incluso hasta el ámbito de lo penal, y por tanto deben comprender que habrá preguntas en las que me encuentro en la imposibilidad legal de responder".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha mantenido varias cuestiones si bien la abogada se ha acogido al secreto profesional. Rández ha señalado que esta comisión de investigación es "bastante lejana en el tiempo y eso complica todo".