Londres - La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, comenzó ayer su campaña para convencer al Parlamento de que apoye su acuerdo del brexit, para lo que apeló a la responsabilidad de los parlamentarios, al tiempo que se mostró satisfecha respecto a la gestión de la crisis con España sobre Gibraltar. La premier manifestó en la Cámara de los Comunes que España no “ha conseguido lo que quería” respecto a Gibraltar porque el texto legal del acuerdo de salida “no ha sido modificado”, algo que “pidió repetidamente” ese país.

El Ejecutivo español, que preside el socialista Pedro Sánchez, urgió los días previos a la cumbre extraordinaria del Consejo Europeo celebrada este domingo en Bruselas a cambiar el artículo 184 del acuerdo de salida del Reino Unido del bloque comunitario y amenazó con vetarlo si no se producía antes un acuerdo.

Algo que finalmente no ocurrió, sino que el Reino Unido publicó una aclaración por escrito de dicho punto, que convenció al Gobierno español, de que contará con las garantías que reclamaba respecto al Peñón de Gibraltar, un territorio considerado como la última colonia en suelo europeo.

May afirmó ayer desde Westminster que “para las relaciones futuras, el Gobierno británico negociará por toda la familia del Reino Unido, incluyendo Gibraltar” y que el territorio “está cubierto por todo el acuerdo de salida y el período de implementación” del brexit.

“Estamos orgullosos de que Gibraltar sea británico y nuestra posición sobre su soberanía no ha cambiado ni cambiará”, reiteró.

España no reconoce la soberanía británica en ese territorio, ubicado en el sur de la península Ibérica y que cedió a Londres en virtud del Tratado de Utrecht (1713), en el que no se contempla que el Peñón pueda ser cedido a otro país o declararse independiente. El Peñón de Gibraltar es la última colonia en suelo europeo y España no reconoce a ese territorio como parte del Reino Unido, además de que también niega que en esa cesión se incluyeran las aguas marítimas circundantes y el istmo en el que posteriormente los británicos construyeron un aeropuerto.

Por su parte, el líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, declaró que el acuerdo abre la puerta a que España tenga “un papel” en las decisiones que afecten al estatus del Peñón. Una interpretación con la que Corbyn expresó su oposición a la postura de May, al entender que el Reino Unido ha quedado debilitado en las negociaciones sobre Gibraltar frente al Gobierno español, que decidió levantar su veto al pacto que el domingo recibió el respaldo de los Veintisiete.

May se centra ahora en conseguir luz verde para el texto en la Cámara de los Comunes, algo que se antoja complicado después de que la oposición laborista, el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte y los tories euroescépticos hayan adelantado que votarán en contra. La conservadora apeló ayer a la responsabilidad de los parlamentarios al dibujar un escenario de “división” e “incertidumbre” si el pacto no sale adelante.

May argumentó que dar el visto bueno al acuerdo supone “seguir adelante con la construcción de un brillante futuro de oportunidades” mientras que rechazarlo equivaldría a “regresar a la casilla de salida”.

“Nadie sabe lo que pasará si el acuerdo no se aprueba”, señaló la política conservadora, después de que el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, reiterara ayer que el texto sellado en Bruselas el domingo es el “único posible. Este es el único acuerdo posible. Así que, si la Cámara (de los Comunes) dice que no, no tendríamos acuerdo. No es intención de la primera ministra (Theresa May), ni del gabinete ni del Parlamento tener un segundo referéndum. Este es el acuerdo”, recalcó Juncker.

Por ello, May subrayó que el deber del Parlamento en estas próximas semanas -hasta el próximo 11 de diciembre, fecha en la que se baraja tendrá lugar la votación- es “examinar el acuerdo en detalle, debatirlo y escuchar a los electores para decidir qué es lo que más interesa”.

Con todo, Corbyn se mostró impasible a las reclamaciones de la primera ministra y le pidió que busque un “plan b” porque el documento consensuado “no tiene el apoyo” ni de la Cámara ni del país.

Barnier trabaja en el ‘post-Brexit’

Reconocimiento. El equipo que lidera el negociador europeo, Michel Barnier, sigue trabajando. Tiene importantes tareas por delante para preparar la implementación del acuerdo de salida y el trabajo organizativo para que la UE empiece las negociaciones sobre la relación futura tan pronto como sea posible tras la retirada. Michel Barnier y su equipo seguirán disponibles, mientras el proceso del artículo 50 está en marcha. Los órganos de dirección de las instituciones vez mostraron de nuevo ayer su agradecimiento al trabajo hecho por el francés Michel Barnier y su equipo durante el largo y difícil periodo de negociación, de la salida británica de la UE, con el equipo negociados de Londres. - Efe

Mayoría en Bruselas. Este acuerdo de salida y la declaración sobre la relación futura deben ser aprobados en Consejo de ministros de la UE por los 27 Estados que permanecerán en la Unión. En este trámite se requiere mayoría cualificada reforzada; es decir, que al menos el 72% de los países vote a favor y que esos representen al menos el 65% de la población de la UE.

Westminster. El acuerdo de retirada se debe someter al llamado voto significativo del Parlamento británico y está previsto que esta votación, que tendrá lugar en la Cámara de los Comunes, se celebre en diciembre y se baraja que pueda celebrarse en la segunda semana de ese mes. El día 11 es la fecha más probable. Necesita el apoyo de al menos 320 parlamentarios, que no tiene garantizado tras el anunciado voto negativo que más de 80 conservadores.

Estrasburgo. En torno a principios de año, la Eurocámara votará en sesión plenaria el acuerdo de salida del Reino Unido y la declaración política sobre la futura relación entre Londres y Bruselas. Por cuestiones técnicas ligadas a los servicios de traducción, ese voto podría celebrarse incluso en marzo. El acuerdo tendrá validez jurídica una vez que sea ratificado por la Cámara de los Comunes y el Parlamento Europeo.