Londres - El debate sobre el acuerdo del brexit volvió ayer al Parlamento británico, aunque con escasas perspectivas de que una mayoría vaya a respaldar el acuerdo de salida de la Unión Europea (UE) y con una renovada presión sobre la primera ministra, la conservadora Theresa May, para que presente un plan alternativo si pierde la votación. La Cámara de los Comunes prevé evaluar el acuerdo durante cinco sesiones y votarlo el próximo martes, aunque una parte de los conservadores y sus socios del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP) continúan oponiéndose, la misma falta de apoyos que llevó a May a posponer la votación en diciembre.

Los parlamentarios incrementaron así el control que ejercen sobre el proceso de salida de la UE, al aprobar una cláusula que obliga a May a ofrecer un “plan B” tres días después de que el acuerdo resulte, eventualmente, rechazado. Esta enmienda fue puesta sobre la mesa por un diputado del propio Partido Conservador, dividido en al menos tres facciones: los proeuropeos que defienden un nuevo referéndum, aquellos que respaldan el pacto propuesto por su líder y jefa de Gobierno, y el ala más euroescéptica, que ve con buenos ojos una salida sin acuerdo.

Algunos conservadores ya se habían aliado con la oposición para aprobar otra disposición que limita el poder del Gobierno para recaudar impuestos en caso de que el Reino Unido rompa con la UE el próximo 29 de marzo de forma no negociada. Si el Parlamento rechaza el pacto el próximo día 15, los diputados podrán, además, agregar enmiendas a la nueva hoja de ruta que deberá presentar la primera ministra, lo que puede facilitar que sometan a votación opciones alternativas, como celebrar un segundo plebiscito o posponer el brexit.

Al mismo tiempo, un portavoz del Partido Laborista insistió en que el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, baraja presentar una moción de censura contra el Gobierno si pierde la votación del martes, aunque todavía no ha decidido si lo haría de forma inmediata.

A pesar de la falta de apoyos, May todavía parece confiar en que puede hacer cambiar de opinión a suficientes diputados en los próximos días. Con ese objetivo, presentó ayer una batería de medidas para tratar de apaciguar las críticas sobre el mecanismo de salvaguarda diseñado para evitar una frontera en Irlanda del Norte. Tanto los tories euroescépticos como el DUP temen que esa cláusula deje atado al Reino Unido a las estructuras comunitarias, en caso de que Londres y Bruselas tarden más de lo previsto en sellar un nuevo tratado comercial bilateral.

Salvaguarda Para tratar de alejar esa preocupación, la jefa de Gobierno se comprometió a que el Parlamento pueda decidir a finales de 2020 si prefiere activar ese mecanismo de salvaguarda o bien si opta por alargar el periodo de transición del brexit. Avanzó, asimismo, que Londres otorgará a la Asamblea autónoma norirlandesa un “papel destacado” en la decisión de activar la cláusula de seguridad en caso de que llegue a ser necesaria.

La primera ministra espera todavía que lleguen nuevas “garantías adicionales” por parte de Bruselas de que el futuro tratado comercial puede cerrarse antes de que entre en vigor la cláusula de seguridad.

A pesar de los esfuerzos de May, el diputado del DUP Nigel Dodds calificó las propuestas del Gobierno como “irrelevantes” y “superficiales”, al considerar que la Asamblea autónoma no tendrá en ningún caso el poder de anular la “legislación internacional” en la que se basa en mecanismo de salvaguarda.

Entre tanto, la tensión aumenta en la sociedad británica según se acerca el momento de la segunda votación. Ayer, el diputado conservador Nick Boles denunció que ha sido amenazado de muerte por votar a favor de la enmienda que limita el poder financiero del Gobierno, en el caso de una salida sin acuerdo. “¡Tus díasestán contados, traidor! ¡Prepárate para morir!” es el mensaje anónimo que ha recibido el político a través de un correo electrónico y que se une así a la creciente oleada de violencia verbal en torno al proceso del brexit.