pamplona - Pedro Sánchez inició ayer el cortejo a los independentistas catalanes para que le apoyen los Presupuestos Generales del Estado de 2019. El presidente español empezó a mover sus fichas para seducir a PDeCAT y ERC para que respalden las cuentas públicas. Al menos su tramitación parlamentaria, para lo que bastaría que no presentarán enmiendas a la totalidad y no apoyarán las que presenten otros grupos. De ese modo, ganaría tiempo y podría eludir un adelanto electoral tanto en abril como en el superdomingo electoral del 26 de mayo, retrasando la cita con las urnas en el peor de los casos hasta otoño.
El Gobierno español aprobó ayer los Presupuestos en Consejo de Ministros, y llevará sus cuentas al Congreso de los Diputados a partir del lunes a pesar de no tener los apoyos suficientes aún para que salgan adelante. Da por seguros los de Podemos, PNV y Nueva Canarias pero la llave la tienen los independentistas catalanes. Sin ellos, la suma no da y las cuentas serán devueltas al Gobierno.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que junto con Isabel Celaá y Nadia Calviño fueron las encargadas de presentar el borrador de las cuentas, se mostró “optimista” respecto de la posibilidad de sacarlas adelante tras ofrecer más inversión a Catalunya, es decir, que el Estado destine a esa comunidad el 18% de la inversión total, porcentaje correspondiente al peso del PIB catalán en el conjunto del país (en el momento en el que se aprobó el Estatut era un 18% y ahora estaría en torno a un 19,3%). Hasta el lunes no se sabrá a cuánto asciende esa inversión. Montero afirmó que son unos presupuestos “buenos para Catalunya” y respetan tanto su estatuto como el de otras comunidades. “Quienes defienden Catalunya deberían aprobarlo”, apostilló la ministra de Hacienda.
PDeCAT y ERC siguen pidiendo a Sánchez gestos concretos para ir avanzando hacia la autodeterminación. Pero en las últimas semanas, en paralelo al auge de Vox y de la triple alianza de derechas en Andalucía, han ido modulando el tono y algunos de los contenidos de su exigencias. Ya no hablan de plazos ni una hoja de ruta sobre la independencia, y la cuestión de los presos no aparece con tanta frecuencia, aunque el juicio sobre el procés que arrancará en febrero en el Tribunal Supremo y que transcurrirá en paralelo con el trámite parlamentario de las cuentas será muy disruptivo y elevará la tensión entre Madrid y Catalunya.
También el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y el actual jefe del Ejecutivo de Catalunya, Quim Torra, han sentido el aliento andaluz en su cogote y ayer dejaron la puerta abierta a la tramitación de las cuentas en el Congreso de los Diputados, que no a su aprobación definitiva. “La tramitación o no dependerá de la voluntad de los parlamentarios de Madrid”, declaró Puigdemont tras reunirse con su sucesor en su residencia de Waterloo, al sur de Bruselas.
El expresidente catalán subrayó que “ni el Gobierno ni los grupos parlamentarios del Parlament (de Cataluña) tienen ninguna decisión en la tramitación o aprobación” de las cuentas del Estado. El expresident emplazó al PDeCAT a tomar la decisión definitiva en la reunión ejecutiva que el partido celebrará el próximo lunes en Waterloo, con la presencia de Puigdemont.
El último consejo nacional del PDeCAT acordó dar un “no” a los presupuestos mientras haya “presos políticos y exiliados”, pero el texto aprobado no concretaba si ello implicaba también una enmienda a la totalidad en el debate sobre su tramitación.
ERC y algunos sectores del PDeCAT, como la senadora y excoordinadora de la formación, Marta Pascal, abogan por dar una patada hacia adelante y facilitar la tramitación para evitar una caída del Gobierno Sánchez mediante una cita anticipada a las urnas; mientras que el ala posconvergente más cercana a Puigdemont se decanta por rechazar tanto la tramitación como en la votación definitiva los presupuestos.
El borrador presupuestario contempla una recaudación récord de 227.356 millones de euros, un 9,5% más respecto a lo recaudado este año, debido al crecimiento económico y a las medidas fiscales incluidas en las cuentas. Las tres ministras subrayaron que se trata de un presupuesto con mucho gasto social, ya que destinará a estas partidas el 53,7% del total, especialmente. Infraestructuras, dependencia y vivienda son las que más suben.
Con estos mimbres sociales el Gobierno español envuelve los Presupuestos con claros mensajes a Vox y a la alianza tejida en Andalucía con PP y Ciudadanos. Celaá insistió en que las cuentas rescatan derechos “maltratados” durante años por el Gobierno de Mariano Rajoy y sirven, en suma, para “blindar el estado de bienestar”. La ministra portavoz lanzó numerosos mensajes contra esa España en “blanco y negro” que, a su juicio, algunos defienden, en referencia a los tres partidos de derechas.
También intentó tranquilizar a Podemos, que ayer mismo insistía en reclamar que se cumplan todos los compromisos del pacto que Pablo Iglesias alcanzó con Sánchez y les recordó que muchos de esos compromisos irán en otras reformas o decretos.
